El texto, que se encuentra en su primer trámite legislativo, fue aprobado en general por 16 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Ahora, la iniciativa deberá ser estudiada en particular por las comisiones de Medio Ambiente y Agricultura, que elaborarán un segundo informe una vez que discutan las indicaciones que podrán presentarse hasta el 25 de octubre.

Fueron los presidentes de ambas instancias, senadora Ximena Órdenes y Juan Castro, respectivamente, quienes explicaron los alcances del proyecto. Asimismo, abordaron algunos cambios que se introdujeron a la propuesta, sobre todo, en la Comisión de Agricultura donde se estableció que la norma regiría para los terrenos superiores a las 250 hectáreas, guarismo recomendado por el Comité de Política Forestal.

Disenso

Si bien la propuesta original planteaba la necesidad de someter al SEIA todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal, en la discusión varios especialistas y actores implicados hicieron ver lo complejo que sería para los pequeños propietarios cumplir con esta condición, dado el costo de los estudios ambientales requeridos en el marco de dicho sistema.

Durante el debate, la senadora Luz Ebensperger sostuvo que es importante que este proyecto de ley “tenga un límite, porque no puede afectarse a las pequeñas y medianas empresas (…) hacer un estudio de impacto ambiental es muy costoso”.

En la misma línea, su par David Sandoval indicó que “lo que más nos preocupa es que haya una infinidad de pequeños y medianos propietarios que queremos que esta ley no los afecte (…) estamos de acuerdo en la idea de fondo, pero queremos que en particular estén a resguardo los cientos de pequeños propietarios”.

Por su parte, el senador Alfonso De Urresti afirmó que no se puede eludir la responsabilidad de entender que la industria forestal en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble y Araucanía tienen un enorme impacto: “Un país que exporta gran parte de la producción forestal no puede estar evadiendo, en su actividad, el estudio de impacto ambiental”.

Concordando con esta posición, el senador Alejandro Navarro puntualizó: “¿De qué sirve poseer una economía sana y harto per cápita si no vamos a tener un lugar donde sobrevivir? (…) Debemos tomar una decisión sobre el modo de desarrollo que Chile quiere (…) No se trata de acabar con la industria, sino de regularla de manera tal que pueda ser sustentable al futuro”.

El texto legal establece la obligación de someter al SEIA a todos los proyectos de desarrollo o plantaciones forestales, sin ninguna limitación respecto a los terrenos, toda vez que son actividades susceptibles de causar daños o perjuicios al medio ambiente. Entre ellos, la erosión de suelos y la falta de recursos hídricos.

Si bien actualmente existe la obligación legal de someter a evaluación ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal, esto aplica solo a iniciativas que se ejecuten sobre suelos frágiles o en terrenos cubiertos de bosque nativo.