Por ejemplo, recientemente la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado inicio el estudio del “Proyecto de ley para la conservación del patrimonio ambiental mediante la suspensión de solicitudes de concesiones de acuicultura en las regiones que indica”, iniciativa que había sido presentada en abril de 2020, pero que recién ahora comenzó su análisis.
De igual forma, hace unos días también se conoció que un grupo de diputados presentó un proyecto de ley en el cual se establecen estándares de bienestar animal para peces y especies de producción acuática.
Para abordar estos y otros temas -como la iniciativa que busca prohibir la operación acuícola en áreas protegidas y los últimos sucesos relacionados con Nova Austral- AQUA conversó con Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.
El pasado 22 de septiembre, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado inicio el estudio del “Proyecto de ley para la conservación del patrimonio ambiental mediante la suspensión de solicitudes de concesiones de acuicultura en las regiones que indica” ¿Qué le parece este proyecto? De continuar avanzando en el Congreso, ¿qué impactos provocaría a la actividad salmonicultora nacional?
No hay que engañarse por el título del proyecto. Este busca suspender por diez años más el otorgamiento de concesiones que hace diez años atrás se suspendió para facilitar las relocalizaciones. Hoy, producto de una declaración administrativa de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que señala que no hay espacio físico para nuevas concesiones, no se permite el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones de acuicultura para salmones. Por ello, el proyecto de ley parece redudante.
Recientemente, también se conoció la noticia de que alrededor de 60 organizaciones ambientalistas y sociales solicitaron a la Comisión de Pesca de la Cámara que se presente a la brevedad posible un proyecto de ley que permita la total prohibición de instalación de concesiones acuícolas en áreas protegidas. ¿Cuál es la visión del gremio sobre este tema?
No es discutible la legalidad de las concesiones otorgadas y tampoco que han sido otorgadas en zonas declaradas por el Estado como apropiadas para la acuicultura. Esto se explica porque existen distintas categorías de áreas silvestres protegidas. Por ejemplo, en los parques no se pueden desarrollar actividades económicas, ya que se busca proteger todo el ecosistema, mientras que en las reservas se deben definir objetos de protección y las actividades no pueden ser incompatibles con dichos objetos. Es por esta razón que la Ley de Pesca permite el otorgamiento de concesiones al interior de reservas y las prohíbe en parques.
Habría que conocer el proyecto de ley para opinar con precisión. Los efectos son distintos si se busca eliminar las solicitudes en trámite –que incluyen relocalizaciones– o si se espera que las concesiones otorgadas en las Áreas Silvestres Protegidas no sean renovadas.
Frente a este tipo de iniciativas, ¿cuán relevante parece en la actualidad poder avanzar en el proceso de relocalizaciones de concesiones de acuicultura? ¿Ve posible un real progreso en este tema en el corto o mediano plazo?
Es muy relevante. La esperanza era resolver los problemas de incompatibilidad de usos y mejorar la distancia entre concesiones. Han pasado más de diez años desde que se inició el proceso y los resultados hasta hoy no permiten visualizar un futuro auspicioso.
Hace unos días también se conoció que un grupo de diputados presentó un proyecto de ley en el cual establece estándares de bienestar animal para peces y especies de producción acuática de acuicultura en sus etapas de crianza o producción, transporte y sacrificio, imponiendo sanciones como multas, suspensión o clausura de instalaciones y diferentes tipos de comiso en caso de no respetar el marco normativo. ¿Qué opinión tienen en la Asociación de Salmonicultores de Magallanes sobre este proyecto?
Las facultades para regular los temas de bienestar animal ya están muy bien desarrolladas por Sernapesca y la Subpesca. Los estándares de cultivo, manejo, transporte y cosecha, entre otros, son trabajados por veterinarios, ingenieros acuícolas y biólogos marinos que trabajan en estas instituciones y que tienen una gran experiencia. Creo que el congreso debería confiar más en esas competencias. Pienso que la velocidad de cambio de la técnica de cultivo es mejor respondida por reglamentos como el RESA que por una ley que puede tardar años en ser tramitada.
Por último, las últimas semanas se ha continuado hablando sobre las acciones de la empresa Nova Austral en 2019 y también hechos nuevos por los cuales la empresa sigue siendo fiscalizada. Nova Austral, ¿sigue apartada de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes? ¿Qué le parece que existan nuevos hechos por los cuales la empresa está siendo analizada?
Nova Austral está apartada del gremio. Respecto de las prácticas que fueron denunciadas en año 2019, nos avergüenzan, pues dañan el trabajo de miles de personas que ponen toda su energía en cultivar un salmón sano y sustentable. En definitiva, enlodan a toda la industria y destruyen confianzas.
Sobre los nuevos hechos denunciados, deberán ser investigados, y de acreditarse, sancionados. Tenemos una regulación sólida, debemos confiar en nuestra institucionalidad.
