La batalla del borde costero: Exclusión de gobernadores desata nueva pugna con el gobierno

El pasado 8 de septiembre el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, como subrogante del ministro Rodrigo Delgado, firmó un oficio dirigido a todos los delegados presidenciales regionales del país. En el documento, Galli aseguró que “resulta necesario efectuar algunas aclaraciones en relación a las Comisiones Regionales del Uso de Borde Costero (CRUBC)”.

El subsecretario argumentó en ese escrito que la presidencia de esas instancias sería ejercida por los delegados presidenciales, en desmedro de los gobernadores regionales. “Les solicito convocar y presidir a las CRUBC para avanzar en las materias que tengan pendiente resolver”, ordenó.

La noticia causó molestia entre las autoridades regionales. Algunos salieron a través de redes sociales a fustigar el oficio de Galli. Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, reaccionó y dijo que “esto es un reflejo inequívoco de como el comportamiento versallesco del nivel central insiste en menoscabar el proceso de descentralización y también insiste en menoscabar a aquellas autoridades que hemos sido electas democráticamente”. Acto seguido, agarró el oficio y lo lanzó al aire frente a la cámara.

La molestia se explica porque el asunto no es menor. Zonificación del uso del borde costero, pronunciarse sobre concesiones marítimas, la aprobación de sectores para ejercer la industria salmonera y las asignaciones de áreas de pesca para pueblos originarios son algunas de las materias que regulan las CRUBC y que para algunos gobernadores resulta fundamental para el proceso de descentralización.

Las autoridades regionales acusan una “jugada de último minuto” por parte del gobierno de Sebastián Piñera y apuntan a presiones al Ejecutivo a nivel central por parte de intereses industriales, como el sector salmonero. Así, con las CRUBC se abrió un nuevo flanco de tensión entre La Moneda y los gobernadores regionales, relación que ha sido compleja y cuyas implicancias todavía se discuten en el Congreso.

“Planificas el sentido de los territorios”

“El ordenamiento del mar el uso del borde costero tiene que ver no solo con la vida de las personas, sino que también con las posibilidades productivas que tiene cada territorio”, explica en conversación con El Desconcierto la gobernadora de Aysén, Andrea Macías.

“Hoy día nosotros tenemos que resguardar que las comunidades puedan seguir desarrollándose. El litoral, históricamente asociado a la pesca artesanal, ha ido cada vez más en desmedro a propósito de la instalación de las industrias”, sostiene.

Las CRUBC son una instancia donde uno de los principales objetivos es el armonizar las actividades que se desarrollan en el borde costero, estableciendo usos preferentes. Así, deberá propender a que se pueda desarrollar el turismo en conjunto con las pesca artesanal, así como industrial, por ejemplo. Lo mismo para cualquier otro tipo de proyectos en el que se intervenga el borde costero. Pero cada región tiene sus particularidades y distintos niveles de explotación de la costa.

“En esa comisión tú planificas el sentido de los territorios del borde costero en el marco de la planificación regional”, afirma Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, “entonces, cuando tienes un proyecto que a nivel central interesa que exista, como por ejemplo Dominga, en esta comisión de borde costero es muy distinto si la preside el gobernador, que defiende los intereses del territorio, versus el delegado, que defendería la postura del Presidente de la República”.

Entre sus integrantes se encuentran tanto autoridades locales como de gobierno central, además de alcaldes de las comunas involucradas. También participan los consejos regionales, los directores de servicios como Sernapesca, Conaf, Sernatur y las seremis de los ministerios que tengan algún tipo de incidencia, como Desarrollo Social, Economía, Bienes Nacionales u otros. Pero no sólo autoridades públicas participarían, sino también  representantes del sector privado, como la industria pesquera, las cámaras de turismo y otros sectores productivos.

Ignacio Martínez, abogado de la Fundación Terram, explica que son tres las funciones de las CRUBC donde generan un mayor impacto y que hacen que su conformación no sea un asunto trivial: las concesiones marítimas, la determinación de Áreas Apropiadas para desarrollar la Acuicultura y la tramitación de solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

Sobre las concesiones marítimas, estos son actos administrativos en las que se le otorgan a particulares derechos de uso y goce sobre estos bienes públicos o fiscales. Las otorga el Ministerio de Defensa, sin embargo, las CRUBC también juegan un rol al momento de entregarlas.

“La CRUBC tiene la facultad de pronunciarse sobre las solicitudes de concesiones marítimas que entregan el uso y goce del borde costero para el desarrollo de distintos tipos de actividades, las que finalmente son otorgadas por la Subsecretaria para la Fuerzas Armadas”, detalla Martínez, aunque precisa que el pronunciamiento que se realice sobre estas solicitudes no representa una obligación. De todas maneras, “pese a que su decisión no es vinculante, la decisión de la CRUBC debe ser considerada en el acto que finalmente otorga o deniega la solicitud de concesión por parte de la Subsecretaria”.

El abogado de Terram sostiene que muchas veces ha ocurrido que las decisiones que toman las CRUBC terminan incidiendo en la determinación sobre las concesiones. Esto resulta de gran importancia cuando, por ejemplo, se piden concesiones para instalar balsas salmoneras en las regiones de la zona austral.

De la misma forma, las CRUBC también participan en una instancia anterior a la entrega de una concesión para la explotación del mar, a través de su pronunciamiento sobre las Áreas Apropiadas para la Acuicultura (AAA). “En términos simples las AAA corresponden zonas del borde costero que la autoridad determina como sitios adecuados para el otorgamiento de concesiones para el ejercicio de la acuicultura. La Ley de Pesca y Acuicultura establece que la CRUB debe pronunciarse sobre estas propuestas. En particular, la principal actividad acuícola que se ha desarrollado en nuestro país ha sido la salmonicultura, con conocidos impactos ambientales en los ecosistemas de las regiones australes”, explica Martínez.

La gobernadora Macías sostiene al respecto que “nosotros tenemos que resguardar que las comunidades puedan seguir desarrollándose. El litoral, históricamente asociado a la pesca artesanal, ha ido cada vez más en desmedro a propósito de la instalación de las industrias. Tenemos una ley de pesca que, además, ha sido extremadamente dañina para la Región de Aysén, donde nadie se ha preocupado de resguardar todo el patrimonio marítimo que tenemos en nuestro borde costero”.

Finalmente, Martínez afirma que las CRUBC “tienen un rol importante en la tramitación de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios de las comunidades pudiendo aprobar, rechazar o proponer modificaciones al espacio costero solicitado”.

“Este sistema está hecho para las grandes empresas”

“Es vergonzoso que las presiones de las industrias salmoneras, por ejemplo, de grupos económicos que no aceptan el desarrollo de los territorios, que no aceptan ir de la mano con el desarrollo humano, pretendan ser quienes estén regulando el uso de nuestro borde costero”, dijo hace unos días la gobernadora Andrea Macías.

Ahora reafirma esa posición. “Hay una intención por parte de grupos económicos, la industria salmonera, para poder solicitar concesiones de último minuto que puedan ser resueltas, entregas y finalmente seguir avanzando en este modelo extractivista que hoy día nos tiene con el medio ambiente absolutamente en peligro y con recursos sobreexplotados”, acusa.

Desde la Fundación Terram, Ignacio Martínez sostiene que la interpretación que entregó Interior es relevante, ya que según explica no da lo mismo quién presida la instancia. “El presidente de la CRUBC, además de contar con atribuciones en el nombramiento de algunos integrantes de la misma, es quien finalmente lleva la agenda de las CRUBC citando las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebran dentro del año, donde finalmente se toman decisiones trascendentales relacionadas a los usos y la adecuada planificación del borde costero. En este caso se genera un absurdo, ya que las oficinas técnicas de estas Comisiones dependen de los Gobiernos Regionales, quienes hacen finalmente posible que estas Comisiones funcionen, sin embargo, la decisión de citar a las sesiones de cada Comisión va a depender de los delegados presidenciales”, enfatiza.

En tanto, el gobernador Díaz, afirma que “este sistema está hecho para las grandes empresas, que funcionan a veces impunemente porque no existe tanta capacidad fiscalizadora para la gran cantidad de trabajo que se hace. Aquí tú sabes que el lobby de las grandes empresas pasa a nivel central. Hoy en día la figura del gobernador no tiene que depender ni defender a las grandes empresas, más bien tiene que rendir cuenta frente al territorio, a quienes lo eligieron y eso marca un modo de actuar muy distinto a lo que eran los antiguos intendentes. En grandes luchas que habían en regiones muchas veces el intendente era un cortafuego y le bajaba el perfil, puesto que tenía que seguir la orden que venía a nivel central, entonces obviamente aquí hay una dinámica de poder que es distinta y que no conviene a los grandes intereses”.

La autoridad regional de Aysén cree que el oficio es una “jugada de último minuto” por parte del gobierno. “Estamos recopilando los antecedentes de todas las solicitudes de concesiones que han ingresado en el último tiempo. Esto lo veíamos justamente hoy con el tema de Puyuhuapi, cuando de la noche a la mañana se instala una balsa jaula que fue un permiso que fue conseguido en el año 1998”, explica. En Puyuhuapi, un poblado en la patagonia chilena donde viven alrededor de 700 personas, toda la comunidad salió a protestar en las últimas semanas luego que se instalaran balsas salmoneras a pocos metros de la costa. La concesión con la que contaba la empresa Salmones de Chile cuenta con una concesión de 1998 y no operaba en la zona desde 2014.

Macías enfatiza en que “el uso del borde costero debe ser regulado precisamente para evitar que todas esas concesiones que existen y que todavía no se han hecho uso, pero que están otorgadas, no vengan a invadir el borde costero”. Muchas de esas concesiones que no se han usado no cuentan con estudios de impacto ambiental, por haberse otorgado antes de la vigencia de la ley, según explica la autoridad regional.

“En cualquier momento, si se activaran todas las concesiones, el borde costero, el litoral de Aysén va a ser absolutamente invadido”, advierte.

El abogado de Terram, con experiencia en este tipo de instancias, considera que “dada la composición que tienen las CRUBCs se pueden evidenciar presiones desde gobierno central por impulsar determinadas agendas o proyectos de desarrollo económico para las zonas costeras de las regiones, que muchas veces no atienden o se contraponen a las visiones que pueden tener los territorios sobre el desarrollo de la costa”.

“Desde el gobierno buscan poner trabas a la descentralización”

“Este es un tema que hemos señalado que vamos a poner el acento muy fuertemente. Nosotros creemos que es una competencia evidentemente clara de los gobernadores regionales y no nos parece que tengamos que aceptar que lo presida el delegado presidencial”, cuenta al teléfono el gobernador de Los lagos, Patricio Vallespín.

Después de la publicación del oficio, la Asociación de Gobiernos Regionales discutió el asunto y está preparando responder con un requerimiento a Contraloría General de la República. “Si hay alguna una duda respecto a quién le corresponde esa facultad, al menos debería resolver la CGR, y nosotros vamos a evaluar que tipo de presentación haremos”, detalla.

La gobernadora Macías asegura que es una medida que impulsan los 16 gobernadores, “para pedir que efectivamente se puedan pronunciar, porque aquí hay una interpretación que es absolutamente errónea y que, además, entrega facultades a quienes no las tienen”.

En el oficio, Galli argumenta que debe ser el delegado presidencial quien presida a las CRUBC porque quien ejercía esa función era la figura del intendente. “(…) desde 1997 -fecha en que mediante el Oficio Presidencial N°001, el Presidente de la República impartió instrucciones a los intendentes con el objeto que procedieran a constituir la CRUBC- la labor de presidir y liderar las respectivas CRUBC es una tarea propia del Intendente, hoy Delegado Presidencial Regional”, sostiene.

“Este comunicado desconoce dos cosas. Una, que los intendentes antiguamente tenían doble función, actuaban como representantes del Ministerio del interior y también como jefe del gobierno regional; y que el reglamento de la comisión de borde costero establece que toda actuación de esta comisión va a ser llevada por el gobierno regional. Eso lo dice el artículo 1 de la conformación de la comisión”, responde el gobernador Díaz.

En efecto, el mismo documento que cita Interior para afirmar que serían los delegados presidenciales quienes, al igual que la actualización que se hizo en 2005, sostienen en su artículo 1° que “la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y la Oficina Técnica de Apoyo, dependerán funcional y administrativamente del Gobierno Regional”. Lo que, según argumentan, se suma a que la ley que crea a los gobernadores regionales establece es esta autoridad quien encabeza los gobiernos regionales.

“Lo que nos preocupa es que el Ministerio del interior intenta mañosamente definir que todo lo que diga ‘intendente’ es delegación presidencial y eso no es así”, afirma Díaz y agrega que “tenemos un gobierno que en el fondo no le gusta la descentralización, que está continuamente boicoteando el quehacer de los gobernadores y que no desea empoderar más esta figura. Ellos quieren seguir trabajando con la figura centralista de lo que eran los intendentes”.

En la misma línea, para Macías, “cuando se habla de que el ejecutivo es quien presida las comisiones regionales del uso de borde costero, hoy día con la nueva legislación, se entiende que el ejecutivo del gobierno regional es el gobernador o la gobernadora regional”. De igual manera, coincide en que se “da muestra efectivamente de cómo desde el gobierno central buscan poner trabas a los procesos de descentralización”.

Mientras tanto, Vallespín convocará junto al delegado a la CRUBC de Los Lagos el próximo jueves para abordar el tema e instalarse en la instancia a pesar del oficio ministerial. “No dependemos del Ministerio del Interior, para nosotros es una simple información y no compartimos el contenido de la misma. Las facultades están claras en la ley con respecto al ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con el borde costero, la macro y microzonificación, en regiones del sur austral de Chile como Los Lagos, Aysén y Magallanes, es fundamental que exista coherencia entre quién tiene la facultad específica y la presidencia de la comisión. O, si no, es una burocracia absurda pedirle al delegado que convoque porque así lo interpretó el Ministerio del interior”, sentencia.

“Acá hay gente, organizaciones, que solicitan el cambio de uso para tal o cual cosa al borde costero y no los podemos dejar esperando sin definición porque el delegado y el gobernador regional tiene una discrepancia, sería absurdo”, argumenta.

También algunos gobernadores apuntaron que habría una estrategia por parte del gobierno para relevar el cargo del delegado presidencial, especialmente cuando en el Congreso existe un proyecto de ley que busca eliminar la figura. De igual manera, algunos candidatos, como Yasna Provoste y Gabriel Boric, ya expresaron su intención de terminar con la existencia de los delegados presidenciales.

El Desconcierto se contactó con el Ministerio del Interior para conocer su opinión frente a la presidencia de las CRUBC, además de las acusaciones de obstaculizar las descentralización y de ceder a presiones empresariales, desde donde acusaron recibo de las consultas. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación aún no obtuvimos respuesta.