El miércoles de la semana pasada el Ministerio de Minería, que encabeza el biministro Juan Carlos Jobet, anunció una convocatoria para la suscripción de nuevos Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), con el fin que empresas nacionales y/o extranjeras exploren y produzcan 400.000 toneladas de litio en territorio nacional en un proceso que se extendería por hasta 29 años.

Llamado que la cartera sustenta en las proyecciones que indican que la demanda de carbonato de litio se cuadruplicará a 2030 por efecto de la expansión de la electro-movilidad y las tecnologías verdes, y ante el riesgo de ceder el segundo lugar de la participación de mercado a China, como sucedió después del año 2012 con Australia.

BAJAR LA LICITACIÓN

Conocida la iniciativa, la diputada por la Región de Atacama, Daniella Cicardini (PS), quien es integrante de la Comisión de Minería y Energía de la amara, envió un oficio de fiscalización a la Contraloría y al ministerio de Minería, con el fin de establecer los argumentos para realizar una licitación de explotación de litio por la vía privada y no se avanzó en una política pública para que sea el propio Estado el que lidere la producción, dándole además un valor agregado al recurso.

“Se levanta una nueva licitación para entregar este recurso estratégico a privados, y además se hace a último minuto y esto es un atentado, no solo a lo que puede resolver el día de mañana la Convención Constitucional que perfectamente podría resolver a que avancemos hacia la nacionalización de nuestro recursos; sino también a lo que pueda resolver el día de mañana el Congreso con un proyecto de ley que establezca, por ejemplo, la empresa nacional del litio, que también es una demanda legítima levantada desde los territorios”, sostuvo la parlamentaria.

Bajo esa lógica, Cicardini agregó que “le pedimos expresamente al Gobierno que retire inmediatamente esta licitación del sistema porque es un daño al Estado chileno y queremos que Contraloría se pronuncie, que nos dé claridad sobre si efectivamente hay algún vicio de por medio, de constitucionalidad, de legalidad, de probidad o transparencia y las futuras consecuencias que podría ocasionar al Estado de Chile”.

VERSIÓN DEL MINISTRO

Por su parte, el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, coincidió en su crítica a la convocatoria y adelantó que el ministro Jobet ya está citado a la Comisión para exponer sobre el aumento mundial del precio del petróleo y las medidas de mitigación que tomará el Gobierno; oportunidad en que se le pedirá referirse a la licitación para explorar y explotar litio.

El ex alcalde de Calama dijo además que el nuevo proceso de concesión le parece muy similar al acordado por el Gobierno de Michelle Bachelet entre Corfo y SQM, y agregó que “el Gobierno no tiene ni la espalda ni legales ni de legitimidad para hacer este tipo de procesos. Se está discutiendo una nueva constitución y, por lo tanto, ahí estará establecido el verdadero valor que se le dará a los recursos naturales. Me parece que se está ocupa un subterfugio para llevar adelante esta licitación”.

Velásquez dijo además que a su parecer en esta convocatoria hay intereses políticos y económicos más que una política de Estado, las que “se están discutiendo hoy en el proceso constituyente y no vamos a permitir que suceda, y como presidente de la Comisión de Minería, utilizaremos todas las herramientas legales que tenemos para impedir que se lleve adelante esta licitación e incluiremos este tema en la visita del ministro”.