Cuestionario presidencial Terram 2021: Modelo agrícola y seguridad alimentaria
Restando solo unos días para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, desde Fundación Terram les presentamos la tercera entrega de nuestro “Cuestionario presidencial 2021”. Después de contactar a las siete candidaturas a La Moneda para hacerles llegar nuestras preguntas, tan solo Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste decidieron responder. El cuestionario se refiere a cuatro temáticas de gran impacto en diversos territorios del país y que se tomarán la agenda medioambiental a partir del próximo gobierno 2022-2026, siendo hoy el turno de modelo agrícola y seguridad alimentaria.
Cómo parte de nuestro “Cuestionario presidencial 2021”, los candidatos y candidata nos entregaron su posición sobre diferentes temáticas que marcarán la discusión medioambiental los próximos cuatro años: minería y royalty; áreas protegidas y salmonicultura; modelo de producción agrícola y; por último, desaladoras y sus conflictos en zonas costeras.
Cada una de estas áreas serán tratadas diariamente hasta el viernes previo a las elecciones presidenciales, siendo está la tercera de cuatro publicaciones que buscan acercar con mayor profundidad las propuestas de los presidenciales para la ciudadanía.
Modelo agrícola y seguridad alimentaria
A continuación se presentan las preguntas, y posteriores respuestas, hacia los candidatos y candidata presidencial para conocer sus posturas respecto a qué cambios realizarían al actual modelo agrícola, considerando la vulnerabilidad de Chile frente a la crisis climática y sequía. Además, en vista de lo anterior, qué importancia tendrá establecer una seguridad alimentaria para la nación durante su gobierno y en el futuro, tomando en cuenta, por ejemplo, la dependencia que tenemos a la importación de leguminosas.
Cualquier omisión, falta de información o desviación al foco de la pregunta fue decisión propia del candidato o candidata. En la nota hemos compartido de forma íntegra las preguntas y respuestas de cada uno de los presidenciales.
¿Cree que es necesario cambiar el actual modelo de producción agrícola orientado a la exportación en vista de la actual crisis hídrica y climática que atraviesa el país y el planeta?
¿Está en conocimiento de cómo ha variado la producción de legumbres desde 1980 a la fecha?¿Qué medidas relacionadas a la seguridad alimentaria del país impulsará durante su gobierno, y qué lugar ocupará en él la agricultura familiar campesina?
Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista)
“La crisis climática y la escasez hídrica obliga a repensar el cómo usaremos el agua en el futuro. la desertificación será un problema si continúan las sequías. Eso sin duda nos obligará a pensar desde la agricultura en el reúso de aguas.
Creo que tanto INDAP como CORFO son parte fundamental de la recuperación de la agricultura tras la crisis que generó la pandemia. La experiencia de los países modelos ha sido la incorporación de elementos diferenciadores tales como: conocimiento científico, innovación tecnológica, alianzas empresariales, desarrollo y transferencias de tecnología, como también educación, la necesidad de consumir productos sanos y nutritivos. Eso es poner la agricultura familiar campesina en el centro. Invertir y generar mercados.
Sobre la seguridad alimentaria, ese debate nos lleva también al tipo de comida que consumimos. Como hoy enfrentamos consumidores mucho más informados, conscientes del valor nutricional y de los beneficios que entregan los alimentos a su salud, en nuestro gobierno vamos a responder a esa necesidad con campañas promocionales de consumo de frutas y verduras, aumentando la demanda nacional e incentivando con ello a toda la cadena productiva”.
Yasna Provoste (Democracia Cristiana – Nuevo Pacto Social)
“Sin duda enfrentamos importantes desafíos como la emergencia climática, con sus desastrosos efectos en materia de sequía y pérdida de biodiversidad; la falta de agregación de valor y diversificación de nuestra matriz productiva de alimentos; la falta de incorporación de tecnología; entre otros. Ello nos impone la necesidad de hacer las cosas de manera distinta por el bien de nuestra comunidad y de las futuras generaciones. Es por eso que hemos asumido el desafío de impulsar un nuevo modelo socioambiental que ponga a las personas y territorios al centro que nos permita, desacoplar el crecimiento económico de la pura extracción de materias primas, transitando a una economía más resiliente al ciclo económico y que genere mayores niveles de riqueza, avanzando hacia una agricultura inteligente, con menos pérdidas de alimentos, que ahorre energía y recicle desechos. Ello supone, poner especial atención en el territorio, fomentando un desarrollo productivo descentralizado con un claro protagonismo de las comunidades, a las que entregaremos herramientas de financiamiento e instrumentos de fomento para estimular su desarrollo sostenible.
La producción de legumbres ha venido decayendo fuertemente desde el año 1980 hasta la fecha, debido a una creciente dependencia de importaciones provenientes de Canadá y Argentina en su mayoría, como garbanzos y lentejas, con un 95% de importaciones respecto al consumo. En el caso de los porotos secos, la dependencia es menor, ya que las importaciones representan solo el 44% del consumo aparente. Frente a esta competencia, los agricultores nacionales han dejado de sembrar estas legumbres, y se han cambiado a cultivos más rentables.
Sin duda la seguridad alimentaria será un foco de mi futura gestión, con un claro foco en el desarrollo sostenible. Ello se reflejará, en distintas dimensiones. Un primer foco, en material institucional, propiciaremos su modernización, renovando la estructura vinculada al agro, con el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Bosques, avanzando desde una economía desproporcionadamente orientada a lo no renovable hacia una innovación en recursos renovables y sustentables, como la producción de alimentos, en línea con las nuevas tendencias de consumo y el respeto del entorno: productos orgánicos; alimentación natural; baja huella hídrica; riego tecnificado; uso responsable de productos químicos; con incentivos a disminuir o eliminar el uso de plaguicidas o fertilizantes sintéticos.
En el marco de la sustentabilidad y la emergencia hídrica que enfrentamos pondremos especial atención en aumentar la seguridad de riego, actualizando la normativa, hoy, ya obsoleta; promoviendo, además, la reutilización de aguas grises, la captación de aguas lluvias; y uso de energías renovables en los sectores rurales. La reparación de la infraestructura de riego y la implementación de plantas desalinizadoras de agua de mar se contemplan también dentro de las áreas que priorizaremos, para que contemos con una agricultura sustentable, agroecológica, con polos alimentarios para innovación, promoción y comercialización de productos locales.
Urge la construcción de un nuevo acuerdo social entre el Estado y el mundo rural, con especial atención a las comunidades indígenas, basado en la justicia territorial, donde la agricultura familiar campesina e indígena (AFCI) sea reconocida y fortalecida como una forma de producción económicamente viable, con perspectiva socioambiental y cultural, como portadora de tradiciones. La institucionalidad pública agrícola debe contar con las capacidades y recursos para enfrentar esta tarea sobre la base de la descentralización. El desequilibrio del desarrollo rural con el urbano debe abordarse con mejor infraestructura y servicios básicos.
Debemos garantizar una atención preferente a este importante sector, mi compromiso es proporcionarle líneas especiales de financiamiento, fomentando su formalización y especialización, mejorando la atención de la administración hacia ellas generando una ventanilla única para trámites y mejorando los instrumentos de fomento que permitan que se desarrolle de manera innovadora y sustentable, con especial foco en el fomento de la asociatividad, mediante un NUEVO MODELO COOPERATIVO EMPRESARIAL, con atención preferente a jóvenes y mujeres del mundo rural, para que tengan acceso a tierras y proyectos rentables que les faciliten permanecer y desarrollarse en el campo”.
Gabriel Boric (Convergencia social – Apruebo Dignidad)
“Desde nuestra candidatura reconocemos el impacto que actualmente tiene la agricultura intensiva en nuestros territorios, cuyos suelos en su mayoría se destinan a la producción de frutas para la exportación, así como el impacto de las producciones pecuarias. Ante la emergencia climática es importante hacer cambios bien planteados y elaborados al modelo actual.
Respecto de la producción de legumbres, la temporada 2020/2021 de porotos representa 21% de la producción que existía a inicios de los ochenta. En el caso de las lentejas y garbanzos, la situación es más dramática, pues la actual producción alcanza apenas al 2-3% de lo producido en igual fecha. Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, se estima que solo una de cada cuatro personas cumple con las recomendaciones de consumo de legumbres dos veces por semana, promovido a través de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAs). Chile es líder en el contexto regional y hemisférico en exportación frutícola y, sin embargo, más del 90% de la población requiere de cambios en su dieta, dado que no cumple con el consumo de alimentos frescos que es recomendable.
Por eso planteamos la necesidad de avanzar hacia un sistema agroalimentario sostenible, proponemos diseñar e implementar una Política y Acuerdo Nacional sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional, basada en criterios de salud, económicos y ambientales, que fortalezca y, entre otros, valore la identidad de las comunidades y economías locales basadas en la Agricultura Familiar Campesina. Esto quedará establecido también en una nueva Política de Desarrollo Rural, construida participativamente junto a la ciudadanía, los territorios rurales y las comunidades que en ellos habitan. Respecto del sector agroexportador, es necesario cambiar regulaciones que, debido a su debilidad o inexistencia, nos han llevado a una crisis del modelo del desarrollo rural actual.
Así también incluir mayor tecnología de punta que eficientice procesos. Es el momento de priorizar los criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, lo que en la práctica implica, por ejemplo, atenerse a normas de planificación y ordenamiento territorial que consideren las capacidades de carga de los ecosistemas, estándares mínimos de eficiencia hídrica, garantías de condiciones de trabajo decente.
Nosotros apuntamos a la Soberanía Alimentaria, que va más allá de la Seguridad Alimentaria. La Soberanía Alimentaria considera la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, independiente de su procedencia, y también proteger y fortalecer los sistemas naturales, sociales y productivos que sustentan los sistemas alimentarios.
Consideramos una necesidad urgente cambiar la visión asistencialista que ha caracterizado a las políticas dirigidas hacia la agricultura familiar campesina durante las últimas décadas y promover la autonomía de los productores. Fomentaremos una Agricultura Familiar Campesina fortalecida, cuyas actividades productivas sean capaces de brindarle a sus miembros una calidad de vida que les permita seguir desarrollándose a través de las generaciones. Centraremos la atención del Estado en las necesidades más urgentes de la agricultura familiar campesina, con la intención de frenar el proceso gradual de desaparición que vive actualmente, revalorizándola y mejorando sus condiciones por ejemplo, en aspectos como el acceso a recursos productivos, capacitación, innovación y transferencia tecnológica, mejoramiento del riego, adopción de la agroecología, protección de las semillas campesinas, promoción de la asociatividad, fortalecimiento de los mercados locales y circuitos cortos de comercialización”.