A un mes del llamado que hizo el gobierno a una convocatoria pública nacional e internacional para la suscripción de contratos especiales de operación que desarrollen el litio en el país, anunciaron que 57 empresas se habrían interesado en la licitación.

Lo anterior, señalado por el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, en una entrevista al medio Bloomberg, donde aseguró que todo el proceso, aun en una etapa inicial, “se ve muy prometedor”.

Según había informado el gobierno, mediante este proceso público, “competitivo y transparente”, buscan licitar y adjudicar Contratos Especiales de Operación (CEOL) por cuotas para producir un total de 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una, sin una ubicación geográfica específica.

Las adjudicaciones serán por un plazo de 7 años -prorrogables por otros dos- para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán otros 20 años de producción. Así, las cuotas irán asociadas a una autorización de comercialización por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCCHEN).

Con ello el Estado buscaría lograr “facilitar el ingreso a empresas nacionales y/o extranjeras, impulsando la producción y apoyando el desarrollo de las nuevas tecnologías que habiliten la transición energética y el combate contra el calentamiento global, generando a su vez beneficios para el Estado”.

En su momento, relevaron que esta iniciativa complementaría el Contrato Especial de Operación (CEOL) ya otorgado a Codelco en el Salar de Maricunga, y la producción actual de empresas privadas en el Salar de Atacama mediante el arriendo de concesiones de CORFO.

Desde que se supo sobre la licitación, la noticia ha generado reacciones contra el Ejecutivo, apuntando a la decisión de poner en venta el recurso minero en las últimas semanas de su mandato, y ante la posibilidad de que el trabajo de la Convención Constitucional permita la nacionalización del litio.