El rezago ambiental que deberá enfrentar el Gobierno de Gabriel Boric

Columna de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, sobre los desafíos ambientales del Gobierno de Gabriel Boric. "La tarea ambiental del nuevo Gobierno será muy demandante y, con el actual presupuesto asignado, no tendrá ninguna posibilidad de cumplir mínimamente con las demandas que la sociedad le impone. Por ello es que se torna más importante dar impulso y aprobar la moción parlamentaria para establecer, en favor del Estado, una compensación por la explotación minera (Boletín Nº 12.093-08), fijando un royalty ad valorem sobre las ventas, que, junto a otras medidas, podría ayudar a contar con un presupuesto más robusto que permita abordar la enorme tarea ambiental que tiene por delante la futura administración gubernamental". Fuente: El Mostrador, 31 de diciembre de 2021.


Para nadie es un misterio que a lo largo del territorio nacional existen numerosos problemas y/o conflictos socioambientales, y que muchas de las demandas surgidas a partir del estallido social tienen relación con problemáticas ambientales. Dado este contexto, tampoco resulta extraño que, dentro de los convencionales constituyentes, exista un número significativo de líderes ambientales, lo cual derivó en la creación de una bancada de “eco-constituyentes”, compuesta actualmente por 34 miembros, como tampoco pasó inadvertida la votación del Pleno de la Convención en que se aprobó que la nueva Carta Magna debe ser redactada considerando el contexto de emergencia climática y ecológica.  

Como sabemos, el programa de gobierno del Presidente electo Gabriel Boric asume el desafío climático y lo instala como un eje transversal, lo cual evidentemente cuenta con la aprobación de organizaciones ambientales y territoriales que trabajan en el tema, así como de los movimientos sociales y académicos. Sin embargo, y más allá de las buenas intenciones que tenga la próxima administración, los problemas socioambientales que deberá enfrentar Boric develan una mala gestión ambiental del Estado de Chile que es de larga data y que, a pesar de la promulgación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300, el año 1994, y la instalación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en 1997, sigue siendo deficiente.

Sin duda el próximo Gobierno tendrá que atender múltiples expectativas y demandas ciudadanas, cuyas urgencias son variables y no solo circunscritas a la cartera del Medio Ambiente. En ese sentido, resulta muy relevante que la próxima administración gubernamental se preocupe de incorporar en sus equipos a personas que tengan conocimiento en políticas públicas ambientales con una visión intersectorial y territorial.

El equipo que se haga cargo del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) deberá enfrentar al menos tres tipos de problemas: uno que dice relación con conflictos socioambientales asociados a proyectos que han sido evaluados ambientalmente o que están en proceso de calificación ambiental, los cuales pueden ser abordados por la vía administrativa o judicial; otro tipo de conflictos relacionados con proyectos que nunca han sido evaluados ambientalmente en su operación principal, como ocurre con algunas centrales térmicas a carbón que operan en las Zonas de Sacrificio, además de fundiciones y plantas de celulosa, entre otros proyectos; y finalmente, un tercer orden de problemáticas asociadas al enorme retraso que presentan los procesos de dictación de normativa ambiental, donde la mayor cantidad de normas promulgadas está relacionada con la calidad del aire, cuyos procesos de actualización están retrasados hasta en 18 años –como es el caso de la norma de Material Particulado 10, la cual además no sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)–. A esto, hay que sumar la deficiencia en número y calidad de normas de agua y la inexistente normativa de suelos.

Por ello, el desafío para las futuras autoridades ambientales es muy grande, ya que deberán lidiar con las expectativas de personas y organizaciones que durante años se han sentido postergadas, no escuchadas e incluso estafadas por las autoridades de turno. Junto con ello, el ministro o ministra tendrá que generar un plan de acción rápido y concreto para abordar las demandas y urgencias de las Zonas de Sacrificio, cuyos habitantes no pueden seguir esperando. Por otro lado, en el mediano plazo, las autoridades ambientales deberán hacerse cargo del desprestigio del SEIA, así como de todo lo relacionado con la agenda climática internacional y la crisis climática nacional. 

Pero más allá de la multiplicidad de temas, problemas y urgencias, existe otra variable que complejiza aún más el desafío: la precariedad presupuestaria del MMA, cuya partida presupuestaria contempla además a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), instituciones que en su conjunto históricamente han tenido menos del 1% del presupuesto de la nación, situación que se mantiene igual para el 2022. 

Por si esto fuera poco, en materia de urgencias, el futuro Gobierno deberá hacerse cargo de políticas sectoriales con fuerte componente ambiental, donde el rol del ministro o ministra del Medio Ambiente debería ser clave en temas como el desarrollo e implementación de un plan de acción para hacer frente a la sequía y garantizar el abastecimiento de agua en condiciones dignas para las comunidades locales; colaborar en la elaboración de una nueva Ley de Riego que considere los impactos ambientales que ha generado el modelo agroexportador; participar de un plan de prevención y combate de incendios que proteja al menos a las comunidades locales y ecosistemas nativos de alto valor de conservación; e involucrarse activamente en la revisión de la normativa ambiental y sectorial que ha permitido la instalación de concesiones salmoneras al interior de áreas protegidas, violando tanto los compromisos suscritos por Chile en convenios internacionales, así como la ley Nº 19.300 en lo que se refiere a calificación ambiental de proyectos. Todo esto, solo por nombrar algunas de las materias urgentes y relevantes para el país.

Sin duda, la tarea ambiental del nuevo Gobierno será muy demandante y, con el actual presupuesto asignado, no tendrá ninguna posibilidad de cumplir mínimamente con las demandas que la sociedad le impone. Por ello es que se torna más importante dar impulso y aprobar la moción parlamentaria para establecer, en favor del Estado, una compensación por la explotación minera (Boletín Nº 12.093-08), fijando un royalty ad valorem sobre las ventas, que, junto a otras medidas, podría ayudar a contar con un presupuesto más robusto que permita abordar la enorme tarea ambiental que tiene por delante la futura administración gubernamental.

1 Comentario

  1. Patricio Rodrigo dice:

    Muy buen análisis de Flavia, sencillo pero aborda la profundidad del problema histórico de la gestión ambiental pública del país y su carencia de recursos por el enfoque neoliberal de Hacienda que considera al medio ambiente, como un gasto prescindible. Con parte de los recursos del royalty destinados a la reparación ambiental, se podría enmendar el rumbo y corregir el enfoque de la política ambiental.
    Por el conocimiento y experiencia que tiene, Flavia sería una excelente Ministra del Medio Ambiente del gobierno de Boric.

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