Grandes inversiones mineras en compás de espera ante definición del marco tributario
Próxima administración tendrá el desafío de concretar la descarbonización, asegurar la implementación del 5G y llevar adelante una importante cartera de proyectos de infraestructura. Fuente: El Mercurio, 20 de diciembre de 2021.
El desarrollo de la transmisión eléctrica como habilitante de la descarbonización
El gobierno y las empresas de generación eléctrica se encuentran en medio del importante desafío de completar el calendario de descarbonización de la matriz eléctrica, tarea que tendrá que ser continuada por la gestión de Gabriel Boric, con el horizonte de sacar todas las centrales a carbón antes de 2040.
Para lograrlo, existen importantes inversiones anunciadas por las compañías que crearán miles de puestos de trabajo, y que harán crecer con fuerza la generación eléctrica a partir de centrales renovables, principalmente eólicas y solares, las que a su vez ayudarán a cumplir con las metas de carbono neutralidad con las que se comprometió el país.
El director ejecutivo de Acera, gremio que reúne a las empresas de generación renovable, Carlos Finat, comenta que la ruta hacia una eliminación completa de las emisiones de CO2 en el sistema eléctrico, coincide con las acciones que son recomendables para preparar a Chile para un futuro con muy baja participación de generación hidroeléctrica por efectos de la sequía estructural que afecta al país desde hace más de una década.
‘La conexión de nuevas centrales ERNC, incluyendo plantas de concentración solar de potencia y geotérmicas, la instalación de sistemas de almacenamiento, la utilización eficiente del sistema de transmisión que minimice las restricciones que éste impone actualmente y que tienen como consecuencia que no es posible aprovechar al máximo la generación ERNC, son algunas de las medidas cuya adopción pronta es requerida para los fines antes mencionadas. Asimismo, es muy importante asegurar la estabilidad regulatoria, que en los últimos años se ha visto afectada por proyectos de ley que han carecido de una visión de largo plazo’, asegura Finat.
En esta línea, el presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, Claudio Seebach, es tajante en señalar que ‘el compromiso del país con el retiro responsable de centrales a carbón es inalterable’, destacando que esta iniciativa es la mayor acción climática de mitigación comprometida por Chile a la fecha. Aunque advierte que el proceso no debe poner en riesgo la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico.
‘El nuevo Gobierno deberá continuar con las metas de carbono neutralidad, involucrando activamente a más sectores como el transporte, industria, minería o residencial, siempre junto con promover la necesaria resiliencia y adaptación que nos permitan contar con sistemas eléctricos robustos y eficientes que habiliten ese futuro eléctrico y descarbonizado que aspiramos’, sostiene Seebach.
Otro elemento fundamental para concretar este proceso tiene que ver con los proyectos de transmisión eléctrica, obras que resultan fundamentales para transportar la energía renovable hacia los grandes centros de consumo, pero que tardan varios años en planificarse y construirse.
Durante el próximo gobierno se tendrán que sentar las bases de la línea Kimal – Lo Aguirre, proyecto de 1.500 kilómetros de extensión entre Antofagasta y Santiago, que debiese comenzar su proceso de estudio ambiental en los próximos años. Pero esta es solo una de las iniciativas que se necesitan para hacer viable la descarbonización y la masificación de las energías renovables.
El director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras, Javier Tapia, apunta a que el sector enfrenta desafíos grandes y urgentes, para asegurar que el sistema sea suficiente, seguro, confiable y resiliente.
‘Todos tenemos que ‘apurar el tranco’. Para el desarrollo de las obras de transmisión que la descarbonización necesita, se requiere tanto de una buena planificación como de una ejecución con los más altos estándares. En ambos aspectos es clave la contribución de todas las autoridades, tanto técnicas como políticas, centrales y locales, trabajando mano a mano con las empresas. No basta con solo comunicar la importancia de la transmisión, sino que se deben dar pasos concretos y rápidos en términos de permisos, evaluaciones y otros, manteniendo por cierto la rigurosidad en el análisis. Solo así los proyectos podrán ser materializados en el menor tiempo posible y con la debida licencia social y ambiental’, asegura.
El desafío de concretar los proyectos de cobre
La industria minera tanto local como internacional, vive un desafiante momento, principalmente por el crecimiento de la demanda que se prevé para los próximos años impulsada por tendencias como la electromovilidad, en paralelo a las cada vez mayores dificultades para impulsar nuevos proyectos de extracción.
En esta línea, en Chile además se suma la creciente sequía que afecta a gran parte del país, así como una serie de normativas que ponen en riesgo el desarrollo de nuevos proyectos, como el royalty, que se discute actualmente en el Senado, que busca establecer una nueva regalía para las empresas de este sector.
Para el presidente de la Sonami, Diego Hernández, resulta fundamental que el gobierno de Gabriel Boric trabaje en despejar la incertidumbre, impulsar cambios que otorguen mayores grados de certeza jurídica, agilizar el otorgamiento de permisos y velar por una más expedita tramitación de proyectos mineros.
‘Cochilco considera una carpeta de inversiones mineras, para los próximos diez años, por un monto de US$ 69 mil millones. Sin embargo, la alta incertidumbre que genera actualmente la tramitación en el Congreso del denominado proyecto de royalty, como también las futuras normas que sobre minería propondrá la Convención Constitucional, han puesto un compás de espera a la inversión minera. Por ello, es clave despejar estas incertidumbres a fin de que la inversión en minería se despliegue con fuerza. En este sentido es crucial que estas normativas otorguen certeza jurídica, estabilidad y no afecten la competitividad de Chile como país minero’, explica Hernández.
A la fecha, al menos cuatro grandes mineras han confirmado que están mirando el desenlace del proyecto de royalty para definir el futuro de sus millonarias inversiones, entre ellas Anglo American, Antofagasta Minerals, Candelaria y Freeport.
En varios puntos coincide el director ejecutivo de la consultora Plusmining, Juan Carlos Guajardo, quien sostiene que la inversión minera requiere como base contar con certeza jurídica, con un campo de juego conocido y predecible, por lo que si el próximo gobierno quiere mantener o atraer más inversión minera, tendrá que partir asegurando un marco regulatorio claro y estable.
‘Dentro de ello, es necesario que el esquema tributario sea razonable y que las regulaciones ambientales y aspectos comunitarios tengan reglas de evaluación y aprobación claras y firmes, que no sean sujeto de permanente cuestionamiento por vía judicial’, asegura el experto.
En el caso de Codelco, el Presidente electo tendrá una tarea en el corto plazo, que tiene que ver con la renovación parcial del directorio de la minera, incluida la de su presidente, Juan Benavides, además de la presión por cumplir en tiempo y presupuesto la desafiante cartera de proyectos estructurales.
Retos en trenes: servicio a Melipilla y más extensiones de Metro
El próximo gobierno tendrá que convivir con importantes obras ferroviarias en desarrollo. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) está desarrollando el plan Chile Sobre Rieles, con inversiones por US$ 5.500 millones a 2027, que buscan triplicar el número de pasajeros y duplicar la carga transportada. Destaca la construcción del Tren Melipilla, por US$ 1.554 millones, cuyas obras partieron en abril de 2021 y cuentan con más del 5% de avance. En 2022 se iniciarían los trabajos de las estaciones, junto a la adjudicación del contrato de fabricación de los 22 trenes que operarán en el servicio.
Asimismo, el Tren Santiago–Batuco está pronto a licitar sus obras de construcción, para iniciarlas en 2022. El proyecto de 27 kilómetros entre Quinta Normal y Batuco considera ocho estaciones y una inversión de US$ 702,4 millones. En la Región del Biobío, el próximo año partirían las obras del nuevo puente ferroviario, clave para las extensiones del biotrén hacia Lota y Penco, y con una inversión de US$ 220 millones.
Sobre los proyectos de Metro de Santiago, a octubre de 2021, la extensión de la Línea 2, desde la actual estación La Cisterna al Hospital del Pino de San Bernardo, tenía un 80% de avance. Esto se suma a los progresos de la ampliación de la Línea 3, desde Los Libertadores a la Plaza de Armas de Quilicura, con 66%, y la futura Línea 7, que unirá Renca con Vitacura, con 3,7%
La puesta en servicio de las extensiones de las líneas 2 y 3 se materializaría en 2023, y la Línea 7 comenzaría a operar a fines de 2027. En cuanto a la reactivación de los proyectos de la futura Línea 8, que unirá Providencia con La Florida, y de la Línea 9, entre Santiago Centro y La Pintana, el 5 de septiembre de este año Metro llamó a licitación de la asesoría especializada para las ingenierías básicas de ambos trazados. El 14 de noviembre, el tren subterráneo llamó a la licitación la ingeniería de detalle de las obras de construcción de la extensión de la Línea 6 hacia el poniente, que conectará con la futura estación Lo Errázuriz del tren Santiago–Melipilla.
Licitaciones de infraestructura por US$ 4.800 millones se prevén para 2022
En materia de infraestructura, el próximo gobierno partirá con un desafío relevante. Esto, porque el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene definida una cartera de 14 proyectos para licitar en 2022. Se trata de siete rutas, tres proyectos aeroportuarios, un embalse, un hospital, un teleférico y el sistema de alerta de tsunamis, que en conjunto suman unos US$ 4.800 millones. Ese monto es semejante a los cerca de US$ 5.000 millones en licitaciones que prevé concretar OO.PP. al cierre de 2021.
La iniciativa de mayor cuantía —US$ 768 millones— que se licitaría en 2022 es la segunda concesión vial Santiago-Los Vilos, hoy operada por Globalvia, cuyo contrato con el Estado termina en 2023.
En paralelo, el próximo gobierno convivirá con importantes obras en construcción o adjudicadas. Destacan las que completarán el cierre concesionado del anillo de Vespucio. La autopista Américo Vespucio Oriente: Tramo Av. El Salto-Príncipe de Gales, llevaba 88,75% de avance hasta octubre pasado y su puesta en servicio provisoria sería en julio próximo. En tanto, la concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales-Los Presidentes, aún no inicia sus obras.
En tanto, Sacyr se quedó en noviembre con la concesión de la Autopista del Sol, Ruta 78 Santiago-San Antonio, proyecto de US$ 892 millones, que contempla terceras pistas entre Talagante y Melipilla. A la vez, el MOP prevé licitar este mes la segunda concesión de la Ruta 68.
En infraestructura hídrica, el MOP licitaría en 2022 el Embalse Zapallar, en la Región de Ñuble. Esta represa en el río Diguillín cubriría una superficie de riego de 10.000 hectáreas. También en Ñuble se prevé construir el Embalse La Punilla, de US$ 507 millones. El MOP fijó recién la nueva fecha de licitación tras el fin del contrato con Astaldi en la primera concesión. La recepción de ofertas para esta iniciativa está prevista para el 17 de marzo de 2022.
En materia portuaria, en el próximo gobierno se verá la velocidad que se les dará a las obras del Puerto Exterior o de Gran Escala en San Antonio, plan de US$ 3.500 millones.
Nuevo aeropuerto triplicará capacidad
A cinco años de iniciada la construcción del segundo terminal del Aeropuerto de Santiago, las obras aún no tienen fecha para su inauguración oficial. La construcción de la ampliación del principal terminal aéreo del país no ha estado exenta de dificultades y polémicas. Por un lado, debió enfrentar la crisis de la industria aérea por la pandemia que provocó un drástico descenso en el tráfico de pasajeros. A su vez, la crisis sanitaria desencadenó un conflicto entre la concesionaria del aeropuerto y el Gobierno que terminó en que las firmas francesas ADP International y Vinci Airports —ambas accionistas de Nuevo Pudahuel— recurrieran al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para demandar al Estado de Chile.
La ampliación del terminal aéreo implicó una inversión de US$ 1.000 millones y un aumento de la superficie desde los 114.500 metros cuadrados a 379.700 metros cuadrados. La infraestructura permitirá que el actual aeropuerto funcione solo para las operaciones domésticas y la nueva para los vuelos internacionales. A su vez, se triplicará su capacidad, pasando de 18 mangas a 67 y de 31 puertas de embarque a 76. Pese a que las obras están listas, quedan algunos detalles pendientes como el término de las pruebas de cada uno de los sistemas del aeropuerto.
Por otro lado, otro reto en este sector que enfrentará el próximo Gobierno es reactivar la industria aérea para lograr usar la capacidad del nuevo aeropuerto. Actualmente, las aerolíneas nacionales están volando cerca de un 70% de su capacidad y con las expectativas que en 2022 puedan recuperar el tráfico doméstico a niveles prepandemia. Sin embargo, el tráfico internacional sigue sin repuntar y una de las principales críticas desde las compañías aéreas apuntan a las trabas que ha impuesto el Gobierno para la entrada de viajeros internacionales las cuales, según ellos, han impedido que repunte el tráfico aéreo internacional.
Avanza despliegue del 5G y los cables de fibra óptica
En materia de telecomunicaciones, dos retos importantes para el próximo Gobierno estarán en el despliegue del 5G en el país y en la construcción de los cables de fibra óptica. El jueves de la semana pasada el Gobierno encendió la red de 5G en Chile, hito con el que se dio inicio a la carrera por el despliegue de la infraestructura que permitirá el acceso a la tecnología. El desafío de ahora en adelante es instalar a lo largo del país las 9.000 antenas —34% en la Región Metropolitana y el 66% en regiones— que permitirán que haya una cobertura a nivel nacional. Cabe recordar que uno de los requisitos de la licitación de espectro que hizo el Gobierno fue cubrir el 90% de la población nacional, todos los hospitales públicos y 358 postas rurales en dos años. Actualmente, solo 33 comunas en la Región Metropolitana cuentan con la cobertura de la tecnología de quinta generación, además de algunas localidades en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, O´Higgins, Biobío y La Araucanía. Según el actual Gobierno, la inversión que se deberá hacer para realizar el despliegue de esta infraestructura requerirá una inversión de US$ 3.000 millones en los próximos cuatro años. A su vez, se estima que la tecnología genere un aporte al PIB de US$ 15.000 millones en los próximos diez años.
El concurso por el espectro de 5G logró un récord de recaudación con US$ 453 millones. En detalle, WOM se adjudicó el bloque de 20 MHz de la banda 700 MHz y 30 MHz de la banda AWS. Mientras que en la banda de 3,5 GHz, Movistar, Entel y WOM se adjudicaron 50 MHz cada una. Actualmente, el servicio está disponible para los clientes de Entel y Movistar que cuenten con un celular que soporte 5G y pueden acceder a la tecnología sin costo adicional.
Por otro lado, el despliegue de fibra óptica a nivel nacional es otra de las grandes tareas pendientes en materia de telecomunicaciones que tendrá el próximo Gobierno. El jueves de esta semana se anunciará la empresa que se adjudicó la construcción de la Fibra óptica Tarapacá, el único proyecto en esta materia que aún no se ha licitado. Esta iniciativa considera una carretera digital de 847 kilómetros que busca dar conectividad a 120 mil personas de 15 localidades de la Región de Tarapacá desde el borde costero hasta el Tamarugal. Cabe destacar que en el concurso para este proyecto —que considera un subsidio de más de $6.200 millones para el despliegue— realizaron ofertas WOM y Telefónica.
Otro ambicioso proyecto que está pendiente es la ejecución del cable de fibra óptica transoceánico Humboldt entre América Latina, Asia Pacífico y Oceanía y que contempla una inversión que podría llegar a los US$ 450 millones. Se trata de la primera carretera digital entre estos continentes y con una extensión de 14.810 kilómetros. La infraestructura irá entre Valparaíso y Sídney, donde se interconectará con otros sistemas a Asia, e incluirá varias ramas para la posible conexión de otros países y territorios, como Juan Fernández e Isla de Pascua. Hace unos días, el Fondo de Infraestructura anunció la selección de la compañía H2 Cable LP como socio estratégico para el desarrollo de este cable submarino. Con el anuncio de esta asociación concluyó la fase de viabilidad y se dio inicio a la fase de ejecución.