En los últimos meses, en medio de la discusión constitucional y las campañas presidenciales -de primera y segunda vuelta-, parte importante de la temática ambiental y climática ha estado marcada por la necesidad de descarbonizar la matriz y sobre cómo avanzar en la transición energética necesaria para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y las propuestas en esta materia, hasta ahora, ha seguido el mismo derrotero que en los últimos años: la necesidad de incrementar la generación con Energías Renovables No Convencionales (ERNC), acelerar el fin de la generación térmica, e impulsar la producción de hidrógeno verde. Pero poco se ha hablado de un tema que resulta fundamental para la transición energética, y que será clave en la gestión del futuro ministro de Energía Claudio Huepe: la transmisión eléctrica.

Esto porque los primeros puntos señalados presentan ya avances importantes y una hoja de ruta clara. En lo que respecta a las ERNC, de acuerdo a la última cuenta anual de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) estas ya suman el 27% de la generación eléctrica del país, con un aumento de cinco puntos respecto al año anterior y 36,7% de la capacidad instalada, nueve puntos más que 2019. El año pasado se instalaron 123 nuevos proyectos ERNC por 4.631 MW, con una inversión US$5.082. Aún más, el gobierno ya anunció un proyecto de ley para actualizar la meta de ERNC en la matriz energética nacional, duplicando la obligación inicial de cuotas de generación en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para llegar a un 40% a 2030.

Por su parte, el cronograma de retiro de centrales térmicas acordado entre el Ejecutivo y las empresas generadoras para 2040 sigue su curso, con algunas de ellas adelantando incluso sus plazos de salida del sistema. Y en lo que respecta al hidrógeno verde, también se avanza a una política para impulsar su desarrollo en Chile, cuyo último hito es la adjudicación de US$50 millones por parte del gobierno a seis empresas y consorcios para proyectos de hidrógeno verde, con el objetivo de ayudar a los inversionistas a cerrar brechas y crear experiencia temprana. Se estima que los proyectos adjudicados atraerán inversiones por US$1.000 millones para producir 45.000 toneladas de hidrógeno verde al año, con una reducción de 600 mil toneladas de CO2 anuales. Con esto se espera contar con una capacidad de electrólisis de 388 MW, un tamaño equivalente a lo que actualmente está en operación a nivel mundial.

Así las cosas, la energía verde para la transición energética avanza a pasos acelerados. Hoy, el cuello de botella -y donde existen las mayores necesidades de infraestructura- está en la transmisión. Como señaló hace unos meses el MIT Technology Review, las líneas de transmisión de energía son hoy el gran reto para llenar el mundo de renovables. “De nada sirve aumentar la capacidad de generación de energía limpia si no existe una red eléctrica capaz de llevarla a donde esté la demanda en cada momento”, afirma esta publicación especializada.

Sin embargo, poco se ha tratado este tema en el trabajo de los convencionales, ni en los programas de los candidatos. Y lo mismo ocurre con el programa del presidente electo. En su capítulo de transición energética, en el plan de gobierno de Gabriel Boric se proponen tres medidas de corto plazo para la descarbonización. Entre ellas, incorporar sistemas de almacenamiento en distintas etapas desde la generación al consumo, en fuentes de generación variable con baja capacidad de regulación, pasando por transmisión para evitar congestiones y vertimiento de energías renovables. También en distribución y demanda, en la medida que permitan flexibilizar operacionalmente el sistema. Enfrascado las últimas semanas en la discusión por las concesiones de litio, el gobierno entrante tampoco ha profundizado aún en su visión respecto de la transmisión ni la estrategia de largo plazo.

Esto pese a que la situación hoy está en niveles preocupantes. En primer lugar, por las tasas de vertimiento de energía, que ocurre cuando la producción de las energías solares y eólicas que se generan en el norte del país supera tanto el consumo de dicha zona como la capacidad de transportar esa energía hacia las grandes fuentes de consumo, principalmente en la zona central. De acuerdo a un informe emitido por Acera en diciembre, el vertimiento de ERNC llegó en noviembre a 120 GWh, la cifra más alta desde enero de 2018, cuando se produjo la sincronización de los primeros tramos de la línea de transmisión Cardones-Polpaico, que vinieron a reducir los niveles de vertimiento de estas unidades generadoras. Actualmente, sin embargo, Cardones-Polpaico está operando ya al límite de su capacidad.

A esto se suma la severa crisis hídrica que atraviesa el país desde hace más de una década, y que hoy ya no solo pone en riesgo el suministro de agua para las ciudades, sino que también pone presión al sistema eléctrico. En 2021, la generación hidroeléctrica cayó un 30,1% respecto de 2020, mientras que la generación con combustibles fósiles -gas natural, diésel y carbón- creció un 14,5% en el mismo período para darle estabilidad al sistema. ¿El problema? Se trata de energía más contaminante, y también más cara. De ahí la necesidad de incrementar la capacidad de transmisión de las energías limpias, pero también de avanzar en sistemas de almacenamiento que permitan inyectar en las noches la energía fotovoltaica que se genera en el día.

Esta situación fue advertida con claridad en el último informe de la consultora Valgesta, que afirma que el escenario que se presenta para el corto plazo (2022 y los siguientes años) es complejo. Entre otras cosas, porque el aporte hidroeléctrico será cada vez más escaso, un escenario de cierre progresivo de centrales a carbón con un aporte de renovable solar y eólico que no será suficiente para sustituir esta energía dada su variabilidad, y porque “además contamos con un sistema de transmisión que durante toda esta década presentará congestiones importantes, desacoplándose la zona norte con el centro sur del país (donde se concentra el consumo de electricidad), lo que también ocurre en la zona sur desde el sur de Valdivia hasta Chiloé, por lo menos hasta fines de 2023”.

Por ello, plantea la consultora, es necesario adoptar medidas de urgencia no solo para enfrentar este año, sino para mejorar la operación del sistema durante toda la década. La experiencia nacional e internacional, agrega, “ha demostrado que en este proceso de transición energética los mercados eléctricos tradicionales no son capaces de resolver adecuadamente problemas de confiabilidad y resiliencia, por lo que las autoridades deben tomar un rol más proactivo en asegurar el suministro eléctrico a la población”.

Y entre las medidas de urgencia que propone a las autoridades, el primer lugar lo ocupa la transmisión eléctrica. Entre ellas, una aumento permamente de la capacidad de transmisión con sistemas de almacenamiento, así como el repotenciamiento de sistemas de transmisión existentes. “En especial el desarrollo del proyecto de aumento de capacidad de sistema Nueva Cardones – Nueva Polpaico presentado por Interchile, el que propone una solución para aumentar la capacidad de transferencia del corredor de 500 kV desde Polpaico hasta el norte”, afirma.

A esto se suman una serie de propuestas a implementar en materia de logística de petróleo diésel, de operación del SEN, generación y almacenamiento. “Estamos ciertos que si se genera un plan de trabajo público privado, que busque las mejores soluciones para nuestro país, éstas y otras medidas pueden ser consideradas, analizadas y en algunos casos adoptadas. Lo que estamos ciertos no puede seguir sucediendo, es la inacción de la autoridad frente a un escenario que será complejo para el suministro eléctrico de Chile durante toda la década”, concluye el reporte de la consultora.

La situación viene siendo alertada desde hace más de un año tanto por expertos como por los actores de la industria. Sobre todo, porque se estima que la construcción de la futura línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre (adjudicada en diciembre al consorcio Yallique, conformado por ISA Inversiones Chile, Transelec y China Southern Power Grid International) estará lista, en el mejor de los casos, a fines de esta década.

Este proyecto de transmisión de 1.500 kilómetros, entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana, operará como una segunda “línea troncal” en paralelo a Cardones-Polpaico para incrementar tanto la capacidad de trasladar energía como la resiliencia del sistema. Sin embargo, en la industria calculan que solo la tramitación ambiental del proyecto se demoraría al menos tres años -se licitó sin estudios de franja-, y construirlo tomaría otros cuatro años. Eso si no hay grandes trabas ni conflictos con las comunidades.

En ese escenario, el desafío de la transmisión es visto como una de las prioridades para el nuevo gobierno y para quien asuma la cartera de energía. Tal como ya han señalado con claridad los expertos, y también recientemente los distintos actores de la industria. A fines de diciembre, en una nota en El Mercurio, Acera planteó que la conexión de nuevas centrales de ERNC al sistema, incluyendo plantas de concentración solar de potencia y geotérmicas, la instalación de sistemas de almacenamiento, la utilización eficiente del sistema de transmisión que minimice las restricciones que este impone actualmente, y que tienen como consecuencia que no es posible aprovechar al máximo la generación de ERNC, son algunas de las medidas cuya adopción pronta es requerida ante el actual escenario hídrico y para avanzar en la descarbonización.

Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisores, planteó por su parte que hoy el sector enfrenta “desafíos grandes y urgentes” para asegurar que el sistema sea suficiente, seguro, confiable y resiliente.

“Todos tenemos que ‘apurar el tranco’. Para el desarrollo de las obras de transmisión que la descarbonización necesita, se requiere tanto de una buena planificación como de una ejecución con los más altos estándares. En ambos aspectos es clave la contribución de todas las autoridades, tanto técnicas como políticas, centrales y locales, trabajando mano a mano con las empresas. No basta con solo comunicar la importancia de la transmisión, sino que se deben dar pasos concretos y rápidos en términos de permisos, evaluaciones y otros, manteniendo por cierto la rigurosidad en el análisis. Solo así los proyectos podrán ser materializados en el menor tiempo posible y con la debida licencia social y ambiental”, afirmó.