Loteos masivos en Aysén: Gobierno Regional deberá cautelar que no se generen «nuevos núcleos urbanos» indiscriminadamente

Foto: El Divisadero

En los últimos años ha aumentado la preocupación por la desregulada subdivisión del suelo rural, en la cual el Estado ha tenido nula injerencia, dejando hacer y deshacer al mercado. Nueva normativa entrega a los gobiernos regionales facultades que actualmente están radicadas en el Ministerio de Vivienda. Fuente: El Divisadero, 27 de enero de 2022.


Un fundamental paso para el ordenamiento del territorio en el espacio rural, con mirada regional, se dio el 31 de diciembre cuando se publicó en El Diario Oficial el decreto que transfiere a los gobiernos regionales la potestad, hoy radicada en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), de regular la subdivisión de predios rústicos y su urbanización.

La norma original está establecida en los artículos 55 y 56 de la Ley Genera del Urbanismo y Construcción.  Ésta señala que el MINVU debe “cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal”, debiendo elaborar los informes respectivos y entregar las autorizaciones previas.

Este cambio legal se hace cargo, en cierta medida, de la nula intervención del Estado en las múltiples y considerables subdivisiones que se han realizado en el último tiempo en Aysén, superando el centenar de lotes en muchos casos, sin que autoridad alguna se haya hecho cargo de la situación.

El decreto determina que el procedimiento administrativo para la transferencia de esta competencia se iniciará “mediante instrucción del Presidente de la República al Ministerio de Vivienda y Urbanismo dentro de los 120 días corridos siguientes a la publicación del decreto”, es decir, hasta fines de abril.

La tierra de nadie en la cual se encuentra el proceso de parcelaciones masivas tiene implicancias en términos de presión sobre los cursos hídricos, pérdida de suelos agrícolas de calidad, congestión vehicular, y toda una gama de externalidades negativas aparejadas a este desarrollo inmobiliario.

“Creemos que es una muy buena noticia, siendo una materia que ya ha sido visibilizada con preocupación por distintas comunidades y organizaciones.  Ahora, esto no es impedimento para que la Contraloría y la Superintendencia del Medio Ambiente determinen la legalidad de cómo se han realizado los procesos masivos de subdivisión de predios rurales en toda la región de Aysén. Hablamos fundamentalmente que no puede ser el mercado el que defina dónde se crean nuevos centros poblados, sino debe ser parte de una discusión de interés público” señaló al respecto el periodista Patricio Segura Ortiz, director de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa).

En el último tiempo, diversas organizaciones han dado la alerta sobre el particular, considerando que producto de la pandemia se ha profundizado este fenómeno, que en otras zonas ha significado agotamiento de fuentes de agua, contaminación de ríos y lagos, destrucción de hábitat fundamentales como humedales, y afectar la calidad de vida de los habitantes de poblados ya establecidos.

Para ello se han realizado webinars, artículos y otras acciones, considerando que desde las autoridades administrativas “ha sido poco o nada lo que se ha hecho para enfrentar el tema, considerando que hay fallos de los tribunales y de la Contraloría que son claros sobre la irregularidad de los procedimientos.  Esperamos que la gobernadora Andrea Macías pueda ayudar a cambiar esta situación, considerando que el ordenamiento territorial le es un tema prioritario”, señaló el dirigente.

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