Jorge Canals: “Escazú pone a Chile en una mejor posición para recibir financiamiento internacional”

Hoy viernes está previsto que el Gobierno firme el Acuerdo de Escazú, sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Un paso que le permitirá a Chile participar en la primera Conferencia de las Partes (CO1) de este tratado, que se celebrará en la sede de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) el 22 de abril en Santiago y llegar con avances a la próxima Cumbre del Clima (COP27) de Naciones Unidas en Egipto.

Jorge Canals, socio y Líder del Área de Medio Ambiente de Moraga y Cía y exsubsecretario de Medio Ambiente, señala que el Acuerdo de Escazú firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica es el primer tratado de derechos humanos medio ambiental vinculante de la región, y ‘es el reflejo del Acuerdo de Argus de la Unión Europea’. Por lo tanto, suscribirlo, sube el estándar del país y ‘lo pone en una mejor disposición a recibir financiamiento internacional y a incorporarse a los mercados internacionales que son más sofisticados en estos aspectos, al país le da un sello’, afirma.

Hasta ahora, de los 33 países de América Latina y El Caribe, 24 países lo suscribieron y ya lo ratificaron. Una vez Chile firme, solo quedarán fuera Bahamas, Barbados, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam y Venezuela.

Canals señala que si el país no se suma a Escazú, ‘podría quedar en desventaja respecto de los países de la región que sí lo suscriben’ y que incluso ya lo ratificaron como Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay.

‘Este tipo de acuerdos que aumentan los estándares ambientales, pero que a la vez estabilizan la institucionalidad, va en la línea de todos los países desarrollados respecto a financiamiento, transparencia y altos estándares ambientales en la legislación de normas y en la evaluación de los proyectos y actividades’, afirma Canals.

Implicancias

Canals explica que como es un tratado, tiene una jerarquía mayor, es autoejecutable, lo que significa que está por sobre las leyes de cada país, por lo tanto, cualquier persona podría recurrir a sus disposiciones para que se hagan valer en tribunales, en consideración ‘al comportamiento de ciertas empresas o de la evaluación de proyectos ambientales’.

‘Como establece los principios de la democracia ambiental como el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, probablemente va a significar un aumento inmediato de los estándares de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental y en la generación de instrumentos de gestión ambiental que tiene la ley, como las normas de calidad, de emisión, los planes de descontaminación e información’, afirma.

Precisa que cualquier persona podría recurrir al tratado, para exigirle al gobierno de turno que genere todas las instancias necesarias de información ambiental, por ejemplo, de emisión de gases de efecto invernadero, de contaminación atmosférica -que ya existen-, pero ‘podría subir más el estándar y pedir información respecto del uso del agua en registros públicos’, dice.

Señala que también podría facilitar los procesos de reclamación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en la participación de la elaboración de normas y el acceso a los tribunales ambientales, entre otros.

Cambios en la legislación

El abogado afirma que Chile tiene ‘buenos estándares’ en términos normativos, por lo tanto, suscribir el Acuerdo de Escazú no significaría grandes cambios en materia legislativa.

‘Probablemente la legislación ambiental chilena tiene que ser de las que más tiene espacios de participación, y hemos avanzado mucho en acceso a la información, sobre todo en términos de inventarios de distinto tipo, de residuos, de emisiones, del estado del medio ambiente, entre otros’, dice Canals.

No obstante, afirma que de todas maneras el acuerdo va a implicar ciertas modificaciones. Entre ellas, una reforma al SEIA, ‘que se modificará de todas maneras’; los estándares de participación ciudadana van a tener que elevarse y hacerse por regla general y con anticipación; garantizar el acceso a la justicia ambiental; y descomplejizar el proceso de reclamación.

‘Habría que establecer estándares comunes de participación, obligaciones mayores para el Estado cuando hay procesos de consulta ciudadana respecto de normas o planes, por ejemplo’, señala.

Otro punto de Escazú, explica, es el tema de los defensores ambientales, lo que va implicar la generación de algún tipo de reglamentación relativa al acceso de organizaciones sociales, a formalizar los procesos de participación en los proyectos y en el ‘reconocimiento del activismo ambiental como una actividad, porque allí no tenemos mucho’, afirma Canals.