Súper de Medio Ambiente apunta contra BHP, y asegura que se requiere más presencia estatal en Salar de Atacama

Sanciones que podrían superar los $10 mil millones fueron anunciadas por la Superintendencia de Medio Ambiente en los últimos días en contra de faenas mineras, a raíz de distintos impactos detectados durante los últimos años sobre el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta. Más precisamente se trata de la apertura de un procedimiento sancionatorio contra Albemarle por sobreextracción de salmuera, y la acusación de daño ambiental en contra de Minera Escondida por uso desmedido de agua presentada en 2018 (hoy no extraen del salar porque operan una desaladora), a las que se suman procesos anteriores contra Minera Zaldívar, y SQM, es decir, con las cuatro operaciones mineras que tienen relación con dicho salar.

El superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, asegura que ‘no es coincidencia que las cuatro empresas que operan cerca del Salar estén en este tipo de procesos, por eso es tan importante la labor de la Superintendencia. Aquí es inexcusable cumplir con la normativa ambiental’. Según explica la autoridad, desde 2019 existe el Programa Intensivo de Vigilancia que la SMA se encuentra desarrollando en el Salar de Atacama y que cuenta con la coordinación efectiva con otros organismos del Estado como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Dirección General de Aguas (DGA) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

‘Aquí estamos hablando de humedales reconocidos a nivel mundial por su importancia, reservas nacionales como la de los flamencos, áreas de desarrollo indígena, por lo que tiene un valor cultural, y medioambiental en general muy rico y es patrimonio ambiental del país, además es una zona muy sensible, donde estos ecosistemas con perturbaciones muy menores, pueden ser afectados, y se encuentra bajo la presión de la minería’, dice de la Maza. Es por esto que apunta a que el rol de la SMA es clave, más aún considerando que el papel que juegan metales como el litio y el cobre en la transición energética global, y la importancia de que estos insumos tengan una huella ambiental razonable y se produzcan bajo el concepto de sostenibilidad.

‘El escenario necesitaba de una presencia muchísimo más fuerte del Estado, y desde ese punto de vista la SMA, si bien no lidera la política minera, sí somos los encargados de velar porque la producción que se está realizando en el salar, cumpla con todas las normativas de la manera más estricta posible, y si se dan impactos no previstos en los permisos ambientales, que estos subsanen y corrijan cuanto antes’, reclama la autoridad. En cuanto a las discrepancias que tuvo BHP sobre las sanciones por $6.600 millones en contra de su faena, Minera Escondida, la autoridad sostiene que estas fueron parte de los descargos de la empresa, y que fueron respondidas en la resolución sancionatoria. ‘Ellos tienen el derecho de recurrir al Tribunal Ambiental si tienen discrepancias, y nosotros haremos ver cuál fue nuestro razonamiento del caso, sin prejuicio de esto, siempre esperamos que las empresas reconozcan las infracciones que se detectan, y que paguen prontamente las sanciones y finalmente, avance en un reforzamiento ambiental de su compañía’, indica el superintendente.

En esta línea, el fiscalizador afirma que pese a los avances de los últimos años, aún la SMA requiere de mayores capacidades, y ejemplifica con que existen entidades publicas de nivel nacional que cuentan con dotaciones y presupuestos de hasta tres veces más, y que es por eso que se optó por focalizar los recursos en zonas ambientalmente vulnerables. ‘Lo hemos conversado con el Ministerio de Medio Ambiente y es una prioridad del gobierno entrante focalizar la acción en territorios que presentan estos riesgos. Ya lo veníamos haciendo, pero vamos a redoblar nuestro esfuerzo para acercarnos más a las comunidades’, dice de la Maza, quien detalla que durante su gestión, se pasó a tener 10 instalaciones remotas a nivel nacional, a más de 1.300 que se alcanzarán próximamente.

Hasta el momento, este plan de focalización prioriza 28 zonas en el territorio nacional, incluyendo lugares como Quintero-Puchuncaví, Coronel, Huasco, Tierra Amarilla, Teno, o el río Rahue, que son zonas de amplia presión. En todas estas se definió un numero de instalaciones a fiscalizar. ‘Acá se requiere avanzar con mucha más decisión, y eso es lo que hemos hecho, priorizando zonas vulnerables, muchas de ellas son ampliamente reconocidas y tenemos unas 60 zonas adicionales que buscamos este año confirmar en un proceso participativo, con las distintas regiones del país, para hacer una acción similar que combine la fiscalización intensiva, con un mayor seguimiento y las acciones colectivas que correspondan’, indica el superintendente.