Con la única ausencia de Guyana y la participación telemática de Nicaragua, la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, celebrada en la sede de la CEPAL en Santiago entre el 20 y 22 de abril, contó con la participación presencial de 10 de los 12 Estados Parte que conforman el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, como se conoce oficialmente al Acuerdo.
Inaugurada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, la COP1 de Escazú se extendió por tres días y también participaron otros países en proceso de ratificación o adhesión al Acuerdo (este último es el caso de nuestro país). En el debate de los temas, los Estados observadores pudieron plantear sus puntos de vista, sin ser estos vinculantes, mientras que los Estados Parte pudieron votar algunas primeras normativas que constituyen la base legal del tratado.
Pero no solo fueron los representantes del Estado quienes tuvieron la chance de intervenir en el encuentro, sino también representantes de organizaciones de la sociedad civil, personas naturales, pueblos indígenas y jóvenes.
Tras las jornadas de discusión, el 22 de abril se conocieron los principales avances de Escazú. Uno de ellos dice relación con las reglas de procedimiento de la COP1, es decir, cómo se reúnen las partes, cómo se toman las decisiones, quiénes pueden presentar los temas para la agenda y qué grado de incidencia tendrá la sociedad civil en la conferencia.
Pero, sin duda, el acuerdo más importante fue la aprobación de las reglas del llamado Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, en sintonía con el artículo 18 del tratado. Este comité, que será integrado por siete miembros independientes de los Estados Parte, se encargará de recibir casos en que las comunidades sientan una contravención del tratado y de entregar recomendaciones a los países para hacer cumplir los cuatro principios centrales del Acuerdo: garantías para la participación ciudadana, acceso a la información pública, acceso a la justicia y protección y resguardo para las y los defensores ambientales.
“Es un órgano que estará formado por expertos, pero es muy importante que sean independientes de los Estados. Aparte de apoyar la implementación del convenio, hacer capacitaciones y aclarar dudas a los Estados, lo más importante es que recibirá comunicaciones del público. Por ejemplo, cuando Chile sea Estado Parte, si no cumple con algunos principios del tratado, cualquier persona podría reclamar ante el Comité. Este comité analiza el caso y hace recomendaciones al Estado. Hay que aclarar que es un órgano no punitivo, ni judicial, ni contencioso. No es una Corte Interamericana”, especifica a País Circular la chilena Andrea Sanhueza, representante titular electa del público para América Latina y el Caribe en la COP1
Esta información fue ratificada por la abogada colombiana Natalia Gómez, representante alterna del público para América Latina y el Caribe, quien dijo en conferencia de prensa que “ahora el público puede enviar una comunicación para indicar si un Estado no está cumpliendo con su rol. Además, este comité va a tener dentro de sus funciones adoptar medidas cuando hay personas que están llevando información y protegerlas, como es el caso de los y las defensoras ambientales”.
Cada Estado podría proponer candidatos a ocupar los siete asientos de este Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, pero la sociedad civil también lo puede hacer. Tiene que sesionar tanto de forma virtual como presencial y podrá recibir casos un año después de conformado su organigrama definitivo. La fecha de elección de sus integrantes aún no está definida.