Los correos con los que el hijo de Vittorio Corbo intentó convencer a los vecinos de Guay Guay que era viable su proyecto en área de preservación ecológica

A fines de febrero, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra cuatro iniciativas inmobiliarias de Colina y Lo Barnechea por construir al margen del plan regulador; daños al medio ambiente en una zona de preservación ecológica, caracterizada por bosques esclerófilos y corredores biológicos; además de la afectación de dos de 14 sitios arqueológicos presentes en el lugar. (Revise acá el artículo de Interferencia al respecto).
A partir de ello, también se sumó la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, organismo que en un oficio dirigido al CDE manifiesta su postura respecto de la ilegalidad de estos proyectos ubicados en una zona protegida, adjuntando los oficios presentados el 7 de marzo de este año con las respectivas denuncias y antecedentes sobre estos proyectos en los juzgados de policía local de Colina y Lo Barnechea.

Entre ellos se encuentra Hacienda Guay Guay, representado legalmente por Vittorio Marcello Corbo Urzúa -hijo del reconocido economista y ex presidente del Banco Central entre 2003 y 2007, Vittorio Corbo Lioi- y José Miguel Rawlins Carrasco, ex socio de las discoteques Kamikaze. Rawlins es también socio de Chaguay, otro de los proyectos inmobiliarios que buscan emplazarse en plena área de preservación ecológica entre Colina y Lo Barnechea.
“Queremos ratificar y dar tranquilidad respecto a que el pronunciamiento del ente fiscalizador no afecta la continuidad de Guay Guay, por lo que nuestro compromiso con los propietarios y las futuras comunidades que serán parte de esta iniciativa en favor de la sustentabilidad, se mantiene inalterable y acorde a lo señalado inicialmente”.

El proyecto ya había hecho noticia por un recurso de protección interpuesto por un vecino que acusaba haber sido impedido de acceder a su parcela por guardias armados. En esa oportunidad, el propietario acusó que Guay Guay cerró el acceso para evitar fiscalizaciones por “delitos cometidos en zona de preservación ecológica” y afirmó que la iniciativa inmobiliaria “es una estafa”.

Ahora INTERFERENCIA accedió a correos internos que el representante legal, Marcello Corbo, envió a sus clientes cuando las acusaciones de ilegalidad del condominio empezaron a aparecer en prensa, en particular, en televisión abierta.

De Corbo a los vecinos

En noviembre del año pasado, tras un reportaje de Chilevisión, Corbo envió un correo titulado Noticia Chilevisión Áreas de Preservación Ecológica donde aseguraba que “en relación a Hacienda Guay Guay, nos generó una oportunidad importante para despejar algunas inquietudes respecto a esta iniciativa y por lo tanto, le comunicamos los mismos antecedentes que aportamos al periodista a través de nuestra agencia de comunicaciones”.
Así, explicó el empresario, “Guay Guay es una subdivisión rural de parcelas que data de 1992, por lo tanto, anterior al dictamen del 2020 de la Contraloría General de la República, donde afirma que las Áreas de Protección Ecológica (APE) están bajo protección oficial y que proyectos situados en APE debían ser sujetos de ingreso al SEIA, no están regidas por este marco normativo.  Así, los proyectos en curso y anteriores a ese pronunciamiento, pueden continuar tal como lo venían haciendo de acuerdo a lo señalado por la institución”.

En esa línea, sostuvo Corbo, “queremos ratificar y dar tranquilidad respecto a que el pronunciamiento del ente fiscalizador no afecta la continuidad de Guay Guay, por lo que nuestro compromiso con los propietarios y las futuras comunidades que serán parte de esta iniciativa en favor de la sustentabilidad, se mantiene inalterable y acorde a lo señalado inicialmente”.

Según el gestor inmobiliario, “hemos recabado opiniones y estamos dialogando de manera permanente con distintos organismos públicos atingentes al proyecto, como la Superintendencia del Medio Ambiente, la propia Seremi de Vivienda y Urbanismo Metropolitana y la Dirección de Obras de Colina. Todos concuerdan en que no hay impedimento para avanzar en este proyecto de parcelación. Por lo anterior, tenemos y les transmitimos, la certeza de encontrarnos en completo cumplimiento normativo y legal”.

“Dado que no hemos sido notificados de esta querella, ni tiene un Fiscal asignado, no contamos con mayor información de la que los medios han publicado”

Pese a la ilegalidad que ya había sido denunciada en distintas instancias, Corbo insistió en la viabilidad del proyecto hasta que en marzo de este año tuvo que enviar una nueva comunicación a los vecinos tras la querella del CDE en su contra, la cual al ser por el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones podría implicar penas de cárcel para los infractores.

En esa comunicación, emitida el lunes 14 de marzo en un correo titulado HGG y parcelaciones, el representante legal del proyecto sostuvo que “a raíz de las noticias publicadas en relación a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Hacienda Guay Guay y otros proyectos de parcelación, queremos ser enfáticos en ratificar que hemos actuado siempre de buena fe y bajo la confianza de haber dado estricto cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto”.

Según explicó el empresario en esa oportunidad, “dado que no hemos sido notificados de esta querella, ni tiene un Fiscal asignado, no contamos con mayor información de la que los medios han publicado. Esta misma razón es la que nos llevó a no participar en la nota emitida la noche de ayer en Chilevisión”.

Contrario a los argumentos esgrimidos por el CDE en su contra, Corbo manifestó que “la acción que llevó a cabo el Consejo de Defensa del Estado, tiene relación con la condición ya conocida e informada, respecto a que nos encontramos emplazados en un Área de Protección Ecológica y sobre la cual, la Contraloría General de la Republica ya se pronunció en 2020 tiempo atrás, despejando esta interrogante.
Lo cierto es que, en rigor, la Contraloría estableció en un dictamen de 2020 la posibilidad de que proyectos emplazados en zonas protegidas pudieran seguir adelante con la construcción, siempre y cuando contaran con aprobación de los organismos correspondientes, lo que no es el caso de ninguno de los proyectos querellados por el CDE. Lo anterior fue ratificado en su momento por la Superintendencia de Medio Ambiente, así como por la Seremi Minvu RM.

Aún así, Corbo insistió en que “los proyectos de parcelaciones han estado en la palestra los últimos meses a nivel nacional por diversos motivos. Este no es nuestro caso ya que, reiteramos, desde la creación de Hacienda Guay Guay hemos actuado bajo la confianza de haber dado estricto cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto”.

Para ejemplificar, el gestor apuntó que “en Colina mismo hay cientos de parcelaciones de diferentes escalas, varias de ellas emplazadas en Áreas de Protección Ecológica, las que se han podido llevar a cabo bajo el Decreto de Ley 3516, que establece el derecho del propietario a construir su vivienda, no existiendo objeciones por parte de las autoridades a cargo de los permisos correspondientes, ya que se encuentran ajustados a la normativa”.
Interferencia se contactó con Marcello Corbo para consultarle si, una vez conocidos más antecedentes sobre la querella -a la que sumó también una denuncia de la Seremi Minvu RM- desde Hacienda Guay Guay insisten en la legalidad del proyecto y en qué no habrá problemas para que los propietarios puedan construir en sus terrenos. El empresario declinó responder a las consultas de este medio.