Desde la industria criticaron los proyectos de ley que buscan implementar esta medida y los dichos del Presidente Boric sobre prohibir la actividad salmonera en estas zonas. El abogado de la Fundación Terram, Ignacio Martínez, dijo que, al tratarse del cultivo de una especie exótica con un sistema intensivo de producción, la salmonicultura provoca impactos ambientales como el mayor aporte de materia orgánica y un aumento en la demanda de oxígeno en los ecosistemas costeros. Además, afirmó que por esto y otras razones, como los acuerdos internacionales que ha firmado el país en materia de conservación, la salmonicultura a escala industrial no es compatible con las áreas protegidas. Fuente: El Desconcierto, 9 de mayo de 2022.
Cierre de concesiones en áreas protegidas afectaría al 30% de la salmonicultura
Un tema que se ha instalado en la industria salmonera es el posible cierre de concesiones en áreas protegidas por el avance de distintos proyectos de ley que plantean esta medida. Entre ellos, la iniciativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que hoy se encuentra en segundo trámite y en donde en una de sus indicaciones se propone esta medida.
El miércoles —en una actividad en la Región de Magallanes— el Presidente Gabriel Boric se refirió al tema, declarando que ‘un mínimo es que no puede haber salmonicultura en áreas protegidas’. Sin embargo, agregó que esto ‘no significa cerrar y decir ‘las salmoneras se acabaron’, porque estamos hablando de miles de familias que dependen de aquello para su sustento, tenemos que avanzar en transiciones justas’.
Desde las salmoneras expresaron su preocupación por el tema. ‘Un eventual cierre de las concesiones en áreas protegidas tiene impactos profundos en una actividad productiva que es un motor en las regiones de la macrozona sur’, dijo Joanna Davidovich, directora ejecutiva del Consejo del Salmón.
Davidovich explicó que hay más de 400 concesiones acuícolas en áreas silvestres protegidas, que equivalen a un 30% de la salmonicultura nacional y que en las regiones de Aysén y Magallanes cerca del 50% de la producción de salmón se realiza en estas zonas. ‘Estamos convencidos de que es necesario buscar un equilibrio’, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, señaló que se trata de un problema de ordenamiento territorial donde la industria no es responsable. ‘Las concesiones que están en estas áreas son legítimas y fueron evaluadas ambientalmente y cuentan con todos los permisos’, sostuvo.
Odebret propuso que la solución no debiese ser eliminar estas concesiones, sino que hacer un trabajo en común para hacer compatible la actividad con el cuidado de las áreas protegidas.
‘Ese es el desafío, porque la solución que se está proponiendo hoy día tiene efecto sobre el 30% de la actividad’, manifestó.
El abogado de la Fundación Terram, Ignacio Martínez, dijo que, al tratarse del cultivo de una especie exótica con un sistema intensivo de producción, la salmonicultura provoca impactos ambientales como el mayor aporte de materia orgánica y un aumento en la demanda de oxígeno en los ecosistemas costeros.
Martínez afirmó que por esto y otras razones, como los acuerdos internacionales que ha firmado el país en materia de conservación, la salmonicultura a escala industrial no es compatible con las áreas protegidas.
‘No somos indiferentes a la situación de las y los trabajadores, Lamentablemente no existe información actualizada y detallada sobre el empleo directo e indirecto que genera la industria, lo que resulta esencial para avanzar en un proceso de transición justa’, aseguró.