Consejo de Defensa del Estado se constituye en Chiloé para fiscalizar el impacto de las parcelaciones

Debido a la afectación ambiental y social que están provocando algunos proyectos de parcelación en comunidades de la zona, la Delegación Presidencial Provincial convocó a la unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Sus expertos, junto a profesionales de servicios públicos con competencia en el ordenamiento territorial y ambiental, han realizado reuniones con autoridades y equipos técnicos de los municipios de la provincia para abordar esta problemática.

Este trabajo contempla una visita a seis iniciativas de parcelación localizadas en la comuna de Chonchi, actividad que pretende materializar un diagnóstico de la situación actual y realizar una labor coordinada desde el Estado.

Tal como explicó Mariela Núñez, delegada presidencial en Chiloé, se torna urgente avanzar en una mayor regulación en el Archipiélago.

“Los ecosistemas de Chiloé son muy vulnerables, estamos además frente a un escenario de cambio climático, con disminución en las precipitaciones y eso junto a la degradación del bosque nativo que es el principal ecosistema de la provincia que almacena el agua, hace que finalmente el abastecimiento de agua sea cada vez más precario en las zonas rurales sobre todo durante el verano”, advirtió la bióloga.

Asimismo, la doctora en ecología reconoció que “el incremento de parcelaciones con el consumo de leña está generando que la degradación del bosque nativo haga finalmente una pérdida de este valioso recurso para Chiloé, como es el agua”.

convocatoria

Para lograr un trabajo mancomunado, la representante del Presidente Gabriel Boric en la provincia, convocó a los alcaldes para analizar el impacto que está teniendo el fenómeno de las parcelaciones en el Archipiélago, junto con evidenciar la presión social y ambiental que presentan ciertos territorios.

“Como Asociación de Municipios de Chiloé, estamos preocupados por cumplir con la legalidad, tenemos normativas y esas normativas tienen que ser cumplidas para un proceso de parcelación. Para nosotros es una preocupación llegar con calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas, y no solo para aquellos que vienen en forma estacional”, aclaró la presidenta de esta agrupación consistorial, Javiera Yáñez (pro PS).

Además, la alcaldesa de Curaco de Vélez, enfatizó que “creemos que en conjunto tenemos una oportunidad de avanzar con la ciudadanía y organismos públicos que tienen la obligación de fiscalizar y velar por el cumplimiento de las normas y leyes”.

Para el futuro encuentro, se revisará en terreno el cumplimiento de la normativa en materia de parcelación de predios rústicos, a fin de constatar si mantienen o no su aptitud agrícola, forestal o ganadera; o por el contrario, se han desarrollado obras y construcciones de carácter habitacional que deben de contar con autorización de informe favorable para la construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como de la Seremi de Agricultura.

Igualmente, los equipos municipales revisarán el cumplimiento de obtención de los permisos de edificación que mandata la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Coordinación

En un primer encuentro realizado ayer, Rodrigo Rivera, abogado jefe de la Unidad de Medio Ambiente del CDE, precisó que “estamos acá para poder facilitar espacios de coordinación junto con servicios con competencia sobre la materia para que se cumpla la normativa. Con ello no buscamos un mayor estándar de trabajo, simplemente buscamos el cumplimiento de la normativa sectorial y ambiental vigente”.

Resaltó el jurista que “venimos trabajando desde hace mucho tiempo y se han formado 4 mesas de trabajo, en O’Higgins, Valdivia, Puerto Varas y ahora Chiloé dado los riesgos que hemos evidenciado como el corte de bosque nativo que alcanza más de 40 hectáreas sin planes de manejo, ese tipo de antecedentes nos obliga a fiscalizar”.

Del mismo modo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería), verificarán el cumplimiento de la ley ambiental y forestal, y de un posible daño significativo al medio ambiente, para estudiar la interposición de demandas junto al CDE.