Las opiniones críticas de tres de los seis integrantes del Comité de ministros y ministras que sellará el destino de Dominga

Tras el fallo de la Corte Suprema, el futuro de Dominga volverá a pasar por el Comité de Ministros, tal como ocurrió el 2017, cuando con voto dividido el proyecto se rechazó, lo que motivó la renuncia del entonces ministro de Hacienda de Bachelet, Rodrigo Valdés. Cinco años después, el mismo comité, aunque con nuevos integrantes, sellará el destino de la polémica minera. Tres de los seis ministros y ministras que componen la instancia se han expresado críticamente en el pasado: la titular de la estratégica cartera de Minería, Marcela Hernando, y la propia ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Por el momento, el tema no está en tabla. Fuente: El Mostrador, 25 de mayo de 2022.


El fallo de la Corte Suprema sobre la minera Dominga del pasado 18 de mayo, envió la iniciativa de 2.500 millones de dólares de regreso a la instancia del Comité de Ministros, que ahora deberá decidir al respecto.

El Comité está integrado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, que lo preside, y los ministros de Salud, Begoña Yarza; de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Energía, Claudio Huepe; y de Minería, Marcela Hernando.

Esta instancia se diferencia del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Aunque ambos están incluidos en la misma Ley del Medio Ambiente (19.300) y son presididos por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), abarcan áreas diferentes. El Comité es la máxima autoridad administrativa, mientras el Consejo abarca otros ámbitos, como la declaratoria de áreas protegidas.

El pasado 19 de mayo, el Presidente Gabriel Boric manifestó sobre el tema: «Mi posición respecto al proyecto no ha cambiado». En campaña, Boric se declaró explícitamente en contra de la iniciativa, que incluye una mina y un puerto, e incluso el entonces candidato oficialista, Sebastián Sichel, lo cuestionó.

No está en tabla

Por ahora, el proyecto no está en tabla del Comité. La última vez que este se reunió fue el 23 de febrero de este año, al final del Gobierno de Sebastián Piñera, momento en el cual fueron aprobadas la termoeléctrica Los Rulos de la Región de Valparaíso, la Línea 7 del Metro, además del proyecto Blanco, de Minera Salar Blanco.

En el caso de Dominga, según una fuente del MMA, se estima que no sea puesto en tabla al menos en los próximos dos meses.

El proyecto minero, que lleva una década de tramitación ambiental, ya había sido visto por el Comité en 2017, durante el mandato de Michelle Bachelet, donde fue rechazado en votación dividida de 3-2: Salud (Carmen Castillo), Agricultura (Carlos Furche) y Medio Ambiente (Marcelo Mena), contra Minería (Aurora Williams) y Energía (Andrés Rebolledo). Luis Felipe Céspedes (Economía) se abstuvo.

Tras el hecho, renunciaron los entonces ministros Valdés, de Hacienda, y Céspedes, de Economía, quienes estaban a favor de apoyar la iniciativa. Valdés, hoy académico de la UC, habló en 2019 de «reglas poco claras» para la inversión.

En el escenario actual, cabe preguntarse sobre la postura del ministro Mario Marcel, hoy en el mismo cargo que entonces tenía Valdés.

En 2017, a 18 días del polémico rechazo del proyecto, el presidente del Banco Central (BC) de la época, Mario Marcel, dijo en Icare que «necesitamos un esfuerzo adicional de inversión y ese aumento requiere no solo proyectos de escala pequeña, sino que proyectos de inversión de mayor envergadura en energía, minería e infraestructura». Esto, agregó, para llegar al rango de crecimiento tendencial de los siguientes 10 años (3%-3,5%) que estimó el Informe de Política Monetaria (IPoM).

«No es una buena noticia»

Hoy cabe recordar que varios ministros actuales se manifestaron públicamente sobre el proyecto antes de asumir.

De hecho, la titular del Comité, la ministra del Medio Ambiente, ha descartado inhabilitarse para votar en la instancia y afirmó no recordar haber expresado reparos sobre Dominga.

Sin embargo, en agosto de 2021, cuando era directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), luego de la aprobación de Dominga en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, Rojas expresó que «no es una buena noticia. Tenemos que lograr que el desarrollo del país no siga destruyendo nuestra naturaleza».

Ni contaminar ni destruir

También se ha manifestado públicamente al respecto la ministra de Minería, quien conoce bastante bien el norte de Chile: aunque es de Santiago, Hernando se fue a vivir a Antofagasta en 1986. La médica fue alcaldesa e intendenta de Antofagasta y, también, diputada por la zona.

En febrero fue consultada por Dominga en una entrevista con La Red, donde destacó la importancia de la planificación sustentable, y dijo que «ese puerto quedó mal instalado desde el principio, eso debió haberse visto como un conjunto (…). Tenemos que esperar cuáles van a ser las resoluciones legales, estamos para hacer cumplir las leyes, pero también para fiscalizar y usar todas las potestades que nos entrega la ley, para que eso funcione y no contamine ni destruya el medio ambiente».

Además, en marzo, en una entrevista con CNN, la secretaria de Estado se refirió a medidas como el royalty minero, donde nombró al proyecto Dominga:

«Me duele mucho que las empresas puedan explorar en cualquier parte. La mayoría de los terrenos en Chile (…) están cedidos en concesión para exploración, pero solamente se explota un 2% de esos terrenos. Una vez que están diseñados y encontraron algo, tienen el proyecto ya diseñado, gastaron plata, contrataron gente, y, recién, se le viene a consultar a la gente. Por lo tanto, proyectos en los que ha habido mucha inversión, terminan muy conflictuados y con dificultades. Un ejemplo es Dominga», señaló en la ocasión.

«Costos inaceptables»

Por su parte, el ministro de Energía opinó sobre el proyecto en otro reportaje, hace nueve meses, con el portal Pousta, cuando era director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP.

“Durante mucho tiempo, no solo en Chile, se consideraba que un proyecto de desarrollo económico debía ponderar sus beneficios y sus costos. Bajo algunas circunstancias se puede considerar que la suma de los beneficios supera la de los costos, pero hay ciertos costos que se consideran inaceptables, como aquellos que destruyen ciertas propiedades fundamentales de algunos ecosistemas, algunas especies de fauna, entre otros”, argumentó en esa ocasión.

El economista señaló que esta visión ha ido cambiando conforme la sustentabilidad se expande por el planeta. Pero no en Chile. “Esta manera de ver los problemas no está inscrita en la legislación y requiere un tipo de intervención y planificación mucho más complejo, como circunstancias de diálogo y debate”, destacó.

“En Chile no hay una manera clara de evaluar los impactos negativos, sino que lo que hacen los evaluadores es ver si eso es mitigable, si todas las medidas se hacen para evitar que eso ocurra y si están los controles adecuados”, dijo Huepe,y agregó: “Pero el punto de fondo es qué pasa si por alguna razón que desconocemos no podemos manejar la situación y se termine dañando el ecosistema. Eso no tiene solución en nuestro SEA”.

Para el experto, sería necesario generar instancias de planificación colectiva de la actividad económica, donde la ciudadanía pueda pronunciarse más allá de si está o no de acuerdo con un proyecto presentado por privados. “Es la sociedad la que tiene que decidir si asume o no ciertos riesgos”, señaló, “nos vemos obligados a elegir entre proyectos que alguien nos propone y, si ese proyecto es justamente conflictivo, nos traspasan el problema porque nunca se nos ha preguntado si podemos tener otro tipo de desarrollo económico”.

Finalmente, Yarza, Grau y Valenzuela no se han manifestado públicamente al respecto.

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