Ley de Cambio Climático: la hoja de ruta “hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases invernadero”

La nueva normativa, que busca un enfoque ecológico transversal en el Estado, fue revisada por el Tribunal Constitucional a mediados de abril y quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo. Según la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, “el financiamiento aprobado para esta ley es del orden de 3.300 a 3.500 millones de pesos distribuidos en más de 13 ministerios y por lo tanto es un presupuesto paupérrimo y lo que va a tener que hacer el país para poder implementar esta ley es recurrir a la cooperación internacional o directamente incrementar el presupuesto sobre todo para las acciones territoriales, locales y regionales”. Fuente: Radio U. de Chile, 2 de mayo de 2022.


“Es el rayado de cancha del modelo de desarrollo del país para las próximas décadas”, así ilustraba el pasado mes de enero la -entonces futura- ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, la Ley Marco de Cambio Climático. Un nueva normativa que establece  la meta de la carbono neutralidad y la resiliencia al clima para el año 2050 en Chile y que fue despachada por el Congreso Nacional el pasado 9 de marzo de este 2022, quedando así lista para ser promulgada por el Ejecutivo luego de pasar su última revisión por el Tribunal Constitucional el pasado 19 de abril.

La Ley, que tuvo dos años de tramitación, contó con un proceso de participación ciudadana con el que surgieron más de 3.700 observaciones por lo que es  valorada en cuanto institucionaliza en el país el mayor desafío ambiental del siglo XXI. Con esto, genera un enfoque ecológico transversal en el Estado, dejando así de depender de las agendas políticas de los gobiernos de turno.

El director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, afirma que “es una ley que crea una nueva institucionalidad en materia de cambio climático y además instrumentos de gestión específicos que le van a dar forma y cuerpo a una serie de principios y objetivos que tienen que ver con hacerle frente a la crisis climática y transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases invernadero, de manera de cumplir la meta que se ha trazado que es la de ser un país carbono neutral al año 2050″.

“Probablemente, es la ley más relevante de la última década” aseveró la activista medio ambiental, Sara Larraín, en la medida que “va a significar una reestructuración de las políticas sectoriales“. Es así que “significa un tremendo cambio, no sólo para la política energética sino que también para la política forestal, la política de vivienda, la política de transporte, en la medida que vamos a tener que ir hacia un paradigma de emisiones cero”, añadió.

Y es que con el fin de cumplir la meta, el texto establece obligaciones y facultades a nivel central, regional y local. Asimismo instaura instrumentos de gestión climática, sistemas de información y participación, además de un sistema de monitoreo, reporte y verificación en 17 ministerios. Ellos son, Interior, Defensa, Hacienda, Cancillería, Economía, Educación, Obras Públicas, Vivienda, Salud, Agricultura, Minería, Energía, Transporte, Mujer y Equidad de Género, Ciencia, Desarrollo Social y Medio Ambiente, cuyo titular pasará a tener atribuciones para coordinar las estrategias en un comité de ministros, quienes pasarán a tener responsabilidades administrativas por el no cumplimiento de los planes sectoriales de cambio climático.

“El ministerio de Medio Ambiente va a tener a través de los instrumentos de gestión que establecen en la misma ley de cambio climático, formas de incorporar lógicas ambientales climáticas en los distintos sectores del Estado. Eso es algo súper relevante porque es imposible hacerle frente a la crisis climática y ecológica sin una coordinación en los distintos sectores, incluso entre las herramientas que se establecen en la ley, tenemos la estrategia climática de largo plazo, tenemos planes sectoriales de adaptación, los distintos planes que van a ir generándose en los ministerios“, señaló Ezio Costa.

Junto a la estrategia climática a largo plazo, la ley deberá regularizar otro compromiso internacional de Chile:  las Contribuciones Nacionales Determinadas que están contempladas en el acuerdo de Paris. Así detalló la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, señalando que éstas “son un compromiso progresivo de reducir las emisiones que se renuevan cada cinco años”.

“Por otro lado, la estrategia climática tiene un horizonte de mediano y largo plazo para justamente poder ejecutar a nivel país estos compromisos adquiridos, por lo tanto son dos instrumentos relevantes que quedan establecidos en la ley”, señaló.

Pero en la línea de los límites que la ley impondrá al modelo de desarrollo vigente, Larraín relevó que la ley incidirá en cada uno de los sectores de la economía chilena.

“Para el caso de Chile, como las emisiones, el 78 por ciento provienen del sector energía va a significar un cambio fundamental en la matriz de generación eléctrica y obviamente en el transporte pero al mismo tiempo un disciplinamiento de industrias intensivas como la minería, la celulosa, el cemento, esos cambios fundamentales en el modelo industrial que van a tener que ser realizados entre ahora y el año 2030, el mayor avance, cosa que simultáneamente la política forestal y la protección del bosque nativo y las especies claramente vegetacionales como existentes en humedales, en turberas, etc, logre capturar aquellas emisiones que no podamos reducir”, sostuvo.

Ahora bien, una observación que altera algunas expectativas sobre la ley marco de cambio climático es su financiamiento. Este ha sido señalado desde el Congreso, el mundo académico y las organizaciones medio ambientales, como exiguo para la tarea que se plantea. En una columna publicada en diario Universidad de Chile, el secretario ejecutivo de la Mesa Ciudadana frente al Cambio Climático, Rodrigo Herrera, señaló que el informe financiero que acompañó la tramitación legislativa de la ley indicaba un gasto transitorio de $5.764.000.000 y un gasto en régimen de $3.414.244.000, lo que es insuficiente considerando que “el costo de inversión que el Gobierno anterior señaló a través del Ministerio de Medio Ambiente para enfrentar la mitigación y cumplir con las metas al 2050 en la NDC (Contribuciones Nacionales Determinadas) de Chile es de US$ 50 mil millones en 30 años”, observó.

En ese sentido, la directora ejecutiva de Fundación Terram, señaló que si bien la ley puede tener instrumentos muy interesantes, radica en una preocupación el saber cómo será su implementación considerando que “no tiene  prácticamente financiamiento”.

“El financiamiento aprobado para esta ley es del orden de 3.300 a 3.500 millones de pesos distribuidos en más de 13 ministerios y por lo tanto es un presupuesto paupérrimo y lo que va a tener que hacer el país para poder implementar esta ley es recurrir a la cooperación internacional o directamente incrementar el presupuesto sobre todo para las acciones territoriales, locales y regionales”, sostuvo.

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