Resiliencia y restauración como conceptos clave en la lucha contra la desertificación y la sequía

Columna de Rodrigo Herrera, coordinador del Proyecto Tayú de Fundación Terram, sobre las políticas de fomento a la conservación y protección de los suelos en Chile y el mundo, donde destaca la realización de la última COP15 sobre Desertificación. Mientra tanto, en Chile resulta fundamental relevar la importancia del suelo en general, ya que no es considerado un componente fundamental dentro de las políticas públicas. En el caso de la región de Valparaíso, el Proyecto Tayú sobre “Justicia Ambiental, Derechos Humanos y Cambio Climático: del abandono de los territorios a la generación de políticas públicas” tiene como principal propósito fortalecer la institucionalidad y normativas en relación la contaminación industrial y la destrucción o degradación de las formaciones vegetacionales nativas, ambos aspectos íntimamente relacionados con la protección y conservación de los suelos en Chile.

El pasado viernes 20 de mayo, en Abiyán, Costa de Marfil, terminó la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) con el compromiso mundial de “impulsar la resiliencia ante la sequía e invertir en la restauración de la tierra para la prosperidad futura”.

La Convención, adoptada en París en 1994, fue suscrita por Chile el año 1995 y posteriormente traducida en el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, la Degradación de las Tierras y la Sequía (2016-2030), alineado con la Estrategia Decenal de la UNCCD, la Iniciativa de Degradación Neutral de la Tierra y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de Chile.

Han pasado 28 años y la problemática se acentúa cada vez más. En efecto, la desertificación, entendida como el proceso de degradación de algunas tierras hiperáridas, áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es un fenómeno creciente en la zona central de Chile. Este flagelo, que exacerba el cambio climático y trae aparejadas la reducción persistente y la pérdida de funcionalidad de las tierras, amenaza cualquier acción sostenible en los suelos, generando nocivos impactos en seguridad alimentaria, el sustento y los ecosistemas.

El 22% del país se encuentra afectado por la desertificación. Según el Informe País del 2019, solo considerando ocho ciudades de la zona central, se ha perdido más de 30.000 hectáreas de suelo agrícola de alta calidad los últimos 25 años, una cifra alarmante si se considera que el país tiene tan solo un 3,3% de su superficie cubierta con suelos altamente productivos, sumando un total de 2.526.723 hectáreas (apenas 0,14 hectáreas por habitante).

Las políticas de fomento a la conservación y protección de los suelos, en tanto, son deficientes y precarias, porque el suelo en general no es considerado un componente fundamental dentro de las políticas públicas, como es actualmente el agua en varias comunas de Chile. De ahí que el Proyecto de Ley Marco de Suelos, ingresado como moción parlamentaria en noviembre de 2021, podría transformarse en una importante regulación que tenga por objetivo regular la gestión sostenible de los suelos en Chile.

En regiones como Valparaíso, por su parte, el Proyecto Tayú sobre “Justicia Ambiental, Derechos Humanos y Cambio Climático: del abandono de los territorios a la generación de políticas públicas”, desarrollado por Fundación Terram con el financiamiento de la Unión Europea, resulta fundamental para una de las áreas más fuertemente afectadas por la sequía y degradación de suelos.

Este Proyecto tiene como objetivo involucrar a los territorios de esta zona de Chile, para fortalecer la institucionalidad y normativas en relación la contaminación industrial y destrucción y/o degradación de las formaciones vegetacionales nativas, ambos aspectos íntimamente relacionados con la protección y conservación de los suelos en Chile.

Con la identificación de brechas en las políticas públicas, esperamos contribuir a los nuevos compromisos de la COP15 de la UNCCD, a saber, acelerar la restauración de mil millones de hectáreas de tierra degradada para 2030 mediante la mejora de la recopilación y el seguimiento de datos para hacer un seguimiento del progreso en relación con el logro de los compromisos de restauración de la tierra y el establecimiento de un nuevo modelo de asociación para programas integrados de inversión en paisajes a gran escala; e impulsar la resiliencia a la sequía mediante la identificación de la expansión de las tierras secas, la mejora de las políticas nacionales y la alerta temprana, el seguimiento y la evaluación.