17 de junio: Veintiocho años de lucha oficial contra la desertificación

Rodrigo Herrera

Columna de opinión de Rodrigo Herrera Jeno, ingeniero forestal de Fundación Terram y coordinador del proyecto de Ley Marco de Suelos, que en el contexto del Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía pone el acento en los principales desafíos del país ante la urgencia de frenar estos procesos. Fuente: País Circular, 17 de junio de 2022.


Un 17 de junio de 1994 fue declarado el Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Han pasado veintiocho años, y el carácter de lucha intrínsecamente aludido en el día en cuestión, ha sido un esfuerzo titánico, desafiante y frustrante a la hora de conseguir detener o revertir el proceso de degradación de algunas tierras hiperáridas, áridas, semiáridas y subhúmedas secas, ocasionada por actividades antrópicas y potencialmente exacerbada por adversidades climáticas, que generan una falta de provisión de servicios ecosistémicos.

En este día, Chile no tiene mucho que celebrar. En noviembre de 1997, se promulgó el Decreto N°2065, donde suscribimos la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África. El gobierno de esa época diseñó un Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación (PANCD), que fue actualizado hace seis años para el período 2016 – 2030. A su vez, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es la entidad coordinadora nacional de Chile ante la Convención. A través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), este organismo, junto a otros, intenta desarrollar iniciativas para contribuir a la meta global de alcanzar la neutralidad respecto de la degradación de las tierras y la Agenda 2030.

Al igual que en otras materias, no contamos con cifras oficiales y actualizadas sobre la desertificación y degradación de tierras en Chile, y es muy probable que al buscar datos se encuentre con los mismos utilizados por distintas personas o medios de comunicación porque, en definitiva, no hay más datos oficiales.

Según el Reporte Nacional de Degradación de Tierras del 2020, elaborado por CONAF, de un total de 75 millones de hectáreas a nivel nacional, 12.661.442 de hectáreas (17%) se encuentran con riesgo potencial de desertificación “muy alto”, mientras que un total de 4.201.800 hectáreas está en la categoría de “alto” (6%), concentrando en conjunto el 23% del territorio nacional. Para qué decir la sequía, donde se estima que el 12% de nuestra superficie está gravemente afectada, involucrando al 57% de la población nacional.

Aun cuando los antecedentes datan de hace 22 años, el estudio “Mapa Preliminar de la Desertificación en Chile” realizado por CONAF, ya indicaba en el análisis de 290 comunas que el 93% de estas se encontrarían afectadas en diferentes grados por procesos de desertificación. El avance del desierto en Chile a regiones semiáridas y australes se ha estimado en 0,4 km. por año. Por su parte, el Centro de Información en Recursos Naturales – CIREN – indica que del territorio nacional continental, la superficie erosionada, definida como el desprendimiento y movimiento de los materiales del suelo desde un lugar a otro, es la causa más importante de la degradación de los suelos, la cual llega a 38 millones de hectáreas, siendo las regiones más afectadas por la erosión las de Coquimbo, con un 84%; Valparaíso, con un 57%; y O´Higgins, con un 53%.

Un elemento importante a considerar en toda la problemática descrita anteriormente es el suelo y su gestión sostenible. El suelo es un cuerpo tridimensional dinámico, donde coexisten gases, líquidos y sólidos, de la superficie de la Tierra, conformado por una mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, no consolidados de origen natural, y de los organismos que lo habitan, no renovable por la escala de tiempo que requiere en formarse, y cumple múltiples funciones biológicas, químicas y ecológicas, derivadas de sus servicios ecosistémicos. Contamos en Chile con diez de los doce órdenes de suelo hasta ahora descritos por la taxonomía a nivel mundial, pero no contamos con una cartografía detallada de los suelos de todo el país.

Según el Informe País Estado del Medio Ambiente en Chile 2018, solo un 24% de la superficie del territorio nacional tiene estudios de reconocimiento de suelo a escalas menores a 1:100.000, lo cual permite conocer a escala local el tipo de suelos y sus potenciales de uso. Un 46% de la superficie del país está cubierta por suelos “improductivos” (ej. dunas, roca, hielo, desierto), es decir, áreas que no contribuyen a la producción primaria en la cadena de abasto alimentaria de actividades como la agricultura, forestal o ganadería -por mencionar algunas- o que su producción primaria es ínfima. El segundo lugar en superficie (19%) lo ocupan suelos de categoría VIII, que corresponden a aquellos suelos que no pueden ser destinados a actividades agrícolas, ganaderas o forestales, ya sea por ser muy frágiles o porque sus propiedades no lo permitirían, por lo que se recomienda su conservación, y cuya principal función debe estar orientada a la preservación de hoyas hidrográficas, recreación y vida silvestre. El tercer lugar en superficie (18%) lo ocupan los suelos de categoría VII, los que presentan severas limitaciones para ser utilizados en cultivos y solo se recomienda un uso forestal y en algunos casos pastoreo, con prácticas de conservación adecuadas que consideren la fragilidad de estos suelos e impidan su rápido deterioro. Estas tres categorías en total suman 83%, lo que refleja que, desde un punto de vista productivo, Chile solo posee un 17% de tierras en categoría I a VI, factibles de ser empleadas en agricultura (I a IV), ganadería (V) o ganadería-forestal (VI). Estas suman 13,1 millones de hectáreas a nivel nacional, las que son ínfimas si se comparan con los 3 billones de hectáreas destinadas a la agricultura mundialmente.

El mismo Informe País 2018, basado en un estudio de la organización World Wildlife Fund – WWF – indica que el consumo total de productos agrícolas de la población de Chile equivale a un promedio de 0,61 hectáreas globales por persona, mientras que la estimación de la capacidad agrícola de los suelos del país se estima en 0,46 hectáreas globales por persona. Basado en este estudio, los habitantes del país estarían consumiendo más de lo que el país es capaz de producir. Si se consideran solo los suelos con mejores aptitudes agrícolas (Clases I, II y III), estos apenas suman el 3,3% de la superficie del país, con un total de 2.526.723 hectáreas. Teniendo en cuenta que esta superficie se encuentra continuamente amenazada por la sobreexplotación agrícola y la expansión urbana, es imprescindible considerar la adopción de medidas que permitan la gestión sostenible de los suelos.

En noviembre de 2021, ingresó al Senado del Congreso Nacional una moción parlamentaria que establece la Ley Marco de Suelos (Boletín N° 14714-01). En el año 1994 la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y el Ministerio de Agricultura, elaboraron el Plan Nacional de Conservación de Suelos, donde uno de sus objetivos específicos era elaborar un proyecto de Ley de Conservación de Suelos para promover la “aplicación de instrumentos de fomento que la ley otorgue para su conservación”. Tuvieron que pasar veintiocho años, para lograr instalar finalmente en el debate legislativo una iniciativa del todo necesaria, donde Gobierno y Parlamentarios están comprometiendo una discusión tan y urgentemente necesaria, por la salud de los suelos y el freno a los procesos de desertificación y erosión en Chile.

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