Derechos de la naturaleza
Dentro del capítulo sobre medio ambiente emerge otra serie de normas orientadas hacia su protección, la consagración de la naturaleza sujeto de derecho, el derecho de los animales y el principio de buen vivir, entre otros. Principios que, también, implicarán una serie de ajustes legales para su puesta en marcha. En ese contexto, la Comisión aprobó la norma que define la creación de una comisión de transición ecológica, que tendrá como objetivo llevar adelante este proceso de cambios y ajustes.
“En el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la Constitución, el presidente de la República convocará a la constitución de una comisión de transición ecológica. Dependerá del Ministerio de Medio Ambiente y estará encargada de diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a la implementación de las normas constitucionales del acápite de naturaleza y medioambiente. Esta comisión será integrada por académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y por los organismos públicos pertinentes”, afirma la norma.
Junto con ello, los derechos de la naturaleza se encuentran protegidos en el capítulo de derechos fundamentales, ante lo cual contarán con un mayor resguardo ante una eventual reforma constitucional. Así, dentro de la norma aprobada que establece los 4/7 para dicha reforma -hasta 2026- se específica una excepción con el objetivo de que tenga mayor dificultad modificar ciertas temáticas, las que podrán ser reformadas mediante un plebiscito ratificatorio o bien por los 2/3 del Congreso. Dentro de esos contenidos se encuentran los derechos de la naturaleza.
“Los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso Nacional que alteren sustancialmente las materias señaladas de esta Constitución o los capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente y de Disposiciones Transitorias, deberán ser sometidos al referéndum ratificatorio de reforma constitucional establecido. Si el proyecto de reforma es aprobado por dos tercios de las y los integrantes de ambas cámaras, no será sometido a dicho referéndum”, establece la norma.
En tanto, sobre la norma constitucional que consagra una política de protección hacia el bosque nativo, se aprobó un artículo transitorio que establece que “en el plazo máximo de tres años a contar de la vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá implementar la Política para Restauración de Suelos y Bosque Nativo. Esta política se realizará mediante un proceso de participación y deliberación ampliado a nivel regional y local, y contendrá las adecuaciones normativas pertinentes y demás instrumentos necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 318 de esta Constitución”.
Por último, una de las normas que ha generado un importante grado de incertidumbre en diversos sectores económicos y productivos es el artículo constitucional sobre la restitución de tierras para los pueblos originarios. Las implicancias y alcances sobre esta norma constitucional aún no están del todo claras, pero sí sus plazos de entrada en ejecución con la norma transitoria que estableció el plazo de un año para convocar a una Comisión Territorial, que se encargará de llevar adelante dicho mandato constitucional:
“Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República convocará a una Comisión Territorial Indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose éstos a dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia”, señala la norma.
Todas estas normas serán despachadas al Pleno, el que sesionará durante la próxima semana para deliberar y votar este segundo informe de normas transitorias. Una cantidad importante de estas normas, según comentan al interior de la Convención, llega con un piso de acuerdo dentro de las fuerzas de izquierda y centro izquierda, lo que augura que, la mayoría de ellas conseguirá los 2/3 necesarios para formar parte del texto constitucional.