Columna de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, respecto a la ambigüedad de los anuncios del Presidente Gabriel Boric en su primera Cuenta Pública sobre la presencia de concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas. Desde Fundación Terram nos parece que si el Presidente, tal como lo ha señalado, quiere encabezar el primer Gobierno ecológico de Chile, no puede negar la importancia de la conservación y no puede permitir la relocalización de concesiones salmoneras de un área protegida a otra, lo cual solo significaría trasladar el problema a otra zona geográfica. Más bien, las nuevas autoridades deben asumir la responsabilidad de hacer cumplir la legislación vigente y establecer límites al crecimiento de esta industria, la que creció un 3.454% entre 1990 y 2021 en las regiones australes de Chile. Fuente: El Mostrador, 3 de junio de 2022.
Cuenta Pública 2022: ¿salmonicultura sustentable?
En su primera Cuenta Pública, el Presidente Boric sembró un manto de dudas con respecto a la salida de la industria salmonera de las áreas protegidas luego de señalar que “necesitamos avanzar hacia prácticas más sustentables que logren integrar beneficios económicos y desarrollo inclusivo”. Y es que las tres décadas de crecimiento de esta industria en el país demuestran que no es compatible con la protección de la naturaleza y mucho menos que pueda ser sustentable.
Actualmente, la legislación vigente señala que no se pueden realizar actividades de acuicultura en zonas lacustres, fluviales o marinas que formen parte de Parques Nacionales, mientras que, para el caso de las Reservas Nacionales, debe existir un plan de manejo aprobado que defina los objetos de conservación donde se establezca qué tipo de actividades son compatibles con tales fines de preservación de la naturaleza. Durante años las autoridades han actuado respaldando incumplimientos a la legislación vigente y de los dichos del Presidente Boric no queda claro si habrá un cambio de rumbo.
A pesar de lo anterior, la empresa Nova Austral, conocida por sus incumplimientos ambientales, mantiene 19 concesiones salmoneras vigentes al interior del Parque Nacional Alberto De Agostini en la Región de Magallanes, y cuyo término de operaciones en ese emplazamiento estaría sujeto a la relocalización de sus centros de cultivo hacia otra área protegida, como es la Reserva Nacional Kawésqar. Esto sin duda no tiene ningún sentido y lo único que hace es tensionar la situación, confundir a las personas y, una vez más, priorizar la inversión privada de actividades dañinas para los valiosos ecosistemas de la Patagonia chilena, entregando una certeza jurídica para la inversión salmonera a costa de seguir incumpliendo la legislación vigente.
Las más de 900 mil toneladas de salmones que cada año se producen en Chile, y que casi en su totalidad se destinan a la exportación, dejan a su paso importantes impactos ambientales, como es el aumento de nutrientes en la columna de agua provocada por las fecas y el alimento no ingerido de los peces, disminuyendo el oxígeno disponible y facilitando las floraciones algales nocivas. Pues bien, por cada 10.000 toneladas de salmones producidas, se acumulan más de 1.000 toneladas de fecas en el fondo marino, según es posible extraer de las declaraciones de las propias empresas. ¿Será esto sustentable?
En medio de la actual crisis climática, planteada por el propio Presidente como uno de los principales desafíos de la humanidad, urge preguntarse sobre la sustentabilidad de la industria salmonera, la cual se basa en la producción y exportación de peces carnívoros que no son originarios del país, cultivados en confinamiento al interior de jaulas en el mar, y dejando importantes impactos ambientales en los ecosistemas. Por ello, el Presidente no debe confundirse hablando de la sustentabilidad de la industria salmonera, pues lo señalado en su Cuenta Pública más bien se asemeja a la postura del ex Presidente Piñera, y se aleja del anuncio que hizo en Punta Arenas hace algunas semanas.
Desde Fundación Terram nos parece que si el Presidente, tal como lo ha señalado, quiere encabezar el primer Gobierno ecológico de Chile, no puede negar la importancia de la conservación y no puede permitir la relocalización de concesiones salmoneras de un área protegida a otra, lo cual solo significaría trasladar el problema a otra zona geográfica. Más bien, las nuevas autoridades deben asumir la responsabilidad de hacer cumplir la legislación vigente y establecer límites al crecimiento de esta industria, la que creció un 3.454% entre 1990 y 2021 en las regiones australes de Chile.
Para poner en marcha esa tarea, será clave la elaboración de un plan de reconversión laboral a través de la activación de otros sectores productivos que, además de no destruir el medio ambiente, generen buenos salarios y condiciones dignas de empleo, como no lo ha hecho durante décadas la industria salmonera, a la luz de lo expuesto por los recientes informes en materia de derechos humanos publicados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Diego Portales.
Por ello, desde Fundación Terram queremos enfatizar que la industria salmonera, por sus características, no es ni será nunca sustentable, es un agronegocio que debe salir de las Áreas Protegidas, sin relocalización y con un proceso de reconversión laboral.