Importantes resultados arrojó el informe “Actualización de las áreas protegidas de Chile: análisis de representatividad y riesgo climático”, realizado por el profesor asociado del Instituto de Geografia y Departamento de Ecologia UC, Patricio Pliscoff, por encargo del Centro de Estudios Públicos (CEP). Una de las principales misiones que tenía el documento -presentado oficialmente en junio pasado- era hacer un cruce de información entre las áreas protegidas públicas y privadas, siendo que el último catastro de estas últimas se había efectuado entre 2013 y 2015.

En rigor, el informe persiguió los siguientes objetivos: actualizar la base de datos de áreas protegidas en ambos niveles; determinar qué nivel de representatividad de ecosistemas terrestres del país están en el sistema de protección oficial del Estado y también de iniciativas de conservación privada; y, por último, hacer un análisis de riesgo de los ecosistemas terrestres en el contexto de crisis climática.

Para cumplir el primer objetivo, Pliscoff -doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Lausanne, Suiza- consideró en su estudio las áreas protegidas contempladas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE, administrado y ejecutado por la CONAF, y que incluye Parques Nacionales, Reservas Forestales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales) más los Santuarios de la Naturaleza (cuya declaratoria depende del Consejo de Monumentos Nacionales, no de CONAF). Se incluyó en el registro a aquellos Santuarios de la Naturaleza que se designarán en el transcurso del año 2022.

Por su parte, respecto de las áreas de conservación privada, se le encargó a la organización “Así Conserva Chile” una metodología de contacto con los propietarios con interés en proteger sus terrenos. Dicha base de datos se complementó con los límites cartográficos de otras áreas privadas que no habían sido catastradas en el anterior informe realizado entre 2013 y 2015.

Respecto del segundo objetivo, el análisis de representación de un ecosistema busca identificar los vacíos y falencias de una red de áreas protegidas en el país. Utilizando definiciones plasmadas en un estudio de 2017 del mismo Pliscoff y Federico Luebert, se reconocieron 125 ecosistemas en Chile, de los cuales se analizó su representatividad en el sistema de protección del Estado de Chile y de privados.

Es importante señalar que ese cálculo de representatividad se obtiene de una fórmula en que se restará el área actual del ecosistema menos las áreas reemplazadas por otros usos de suelo de origen antrópico. Ahí la representatividad se medirá en tres niveles por cada ecosistema analizado: 0% a 10% (vacío total de protección); 10% a 17% (por debajo de los estándares internacionales); y sobre el 17% (nivel de protección adecuado). La Convención de Diversidad Biológica establece que la meta -llamada Aichi- de protección de al menos un 17% por cada ecosistema es el adecuado.

Por último, en busca del tercer objetivo de análisis de riesgo en el escenario de cambio climático, se emplearon dos aproximaciones. La primera utiliza los resultados del Atlas de Riesgo Climático (ARCLIM), cuyo enfoque metodológico es una evaluación de riesgo de flora y fauna a partir de los cambios futuros en la temperatura promedio mensual y en las precipitaciones acumuladas anuales. Y la segunda consiste en la proyección futura de los ecosistemas a partir de modelos correlativos que permiten visualizar distintos escenarios de cambio climático.

Toda la información quedó plasmada en una plataforma final, a través de la página conservacioncep.cl.

Muchos Santuarios de la Naturaleza, pocos Parques Nacionales

Una de las principales conclusiones de la actualización del catastro desarrollada por Pliscoff es que un 21,78% del territorio nacional pertenece a las áreas protegidas por el Estado de Chile (considerando, como se dijo, el sistema SNASPE + Santuarios de la Naturaleza). Este porcentaje aumenta a un 23,42% si se suma la proporción de superficie total del país protegida por áreas de conservación privada (1,64%).

Si bien Pliscoff asegura que la proporción de áreas protegidas respecto de la superficie del país cumple el sstándar internacional, hay varios problemas que resolver. “Primero, el 80 por ciento de las áreas protegidas del país están concentradas en Aysén y Magallanes, o sea, en la Patagonia. Necesitamos una mayor distribución en las áreas a proteger. Y lo otro que notamos, es que a partir del año 2000, las designaciones de Santuarios de la Naturaleza (SN) aumentaron notablemente: en el primer catastro eran 40 y ahora son 92, o sea, el doble”. Eso, a juicio de Pliscoff, representa un problema.

“El trámite de un Santuario de la Naturaleza es más expedito, porque no pasa por CONAF. Es relativamente simple ya que va de la mano con las leyes de humedales y de humedales urbanos que han sido impulsados desde el Ministerio del Medio Ambiente. Realmente se ha convertido en un vicio, sobre todo en la zona central, y además porque muchos Santuarios están gestionados por privados. Para el análisis eso nos genera un problema. Los SN son una definición legal, pero no hay ningún tipo de paso siguiente para asegurar una protección efectiva, es solo sacarse un peso de encima”, critica Pliscoff. Dos ejemplos de SN, en la Región de Valparaíso (la que tiene mayor cantidad de SN) son el Palmar El Salto y los Acantilados Federico Santa María, para cuyo ingreso no hay ningún tipo de restricción.

En lo que respecta a las áreas de protección bajo tutela privada, Pliscoff plantea que el estudio realiza un aporte sustantivo novedoso, ya que permitió determinar con mayor exactitud las áreas privadas de protección real y efectiva. El académico de la Universidad Católica detalla una aparente paradoja: si en el catastro anterior había 355 unidades catastradas, en la actualización se identificaron 124, es decir, un número muy inferior. Sin embargo, resalta Pliscoff, “en estas 124 áreas de protección privada tenemos la seguridad de que son privados que tienen real interés de protección. El anterior contemplaba áreas de las empresas forestales o zonas indígenas que no entraban en el rango de protección establecido por el MMA. Lo interesante es que, a pesar de la disminución del número, es casi igual la representación de los ecosistemas del catastro anterior”.

La representatividad de los ecosistemas: quedaremos al debe

Las últimas palabras de Pliscoff conducen a la segunda variable de análisis: la representatividad de los 125 ecosistemas (o pisos de vegetación) de Chile en el sistema nacional de áreas protegidas del país. Combinando la protección pública y privada, el 32,8% de la superficie del país está protegida adecuadamente (en otras palabras, 41 de los 125 ecosistemas superan la meta Aichi de los 17%). Por otra parte, si se siguen mezclando ambos sistemas de protección, solo 8 de los 125 ecosistemas identificados no tienen protección de ninguna índole (3 ecosistemas no tienen protección pública, pero sí exclusivamente privada).

Dentro de los 8 ecosistemas que no tienen ninguna clase de protección destacan, por ejemplo, las siguientes: Dunas tropicales costeras de Tillandsia landbeckii – T. marconae (Arica-Parinacota y Tarapacá); Matorral desértico tropical interior de Huidobria chilensis – Nolana leptophylla (Atacama); Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven – Lithraea caustica (Maule y Biobío); y Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria / Fabiana imbricata (Ñuble).

El tema es que de esos 41 ecosistemas que cumplen actualmente el rango internacional, quedarán prontamente obsoletos. Según informa Pliscoff, la Convención de Diversidad Biológica será más exigente con el estándar de protección adecuada para cada ecosistema, pasando del 17% al 30% de acuerdo a la agenda post 2020 del organismo. Dicho de otro modo, buena parte de ese 32,8% de superficie nacional protegida disminuirá drásticamente. “Ahora estamos cumpliendo con el estándar, pero cuando se apruebe el 30% como estándar mínimo, quedaremos atrás como país, estaríamos bajo los estándares”, asume Pliscoff.

Prioridad: proteger ecosistemas con mayor riesgo climático

La tercera variable de análisis del informe remite al análisis de riesgo climático. De acuerdo al primer enfoque, 79 de los 125 ecosistemas identificados en Chile (63%) poseen un riesgo “alto” o “muy alto” a partir de los cambios en la precipitación y temperatura que se prevén, y que impactará la vulnerabilidad de la flora y fauna en el Chile continental. En específico, las zonas de “muy alto” riesgo son los ecosistemas del altiplano y en los andinos del centro-sur. En tanto, la zona entre el Maule y la Araucanía concentra el mayor número de ecosistemas en “muy alto” riesgo.

El otro cuerpo de análisis, a partir de modelos correlativos, muestra que los mayores cambios en los ecosistemas del país serán en los extremos del país (matorrales bajos, estepas y pastizales, bosques caducifolios y turberas), y que los ecosistemas andinos de la zona norte reducirán su área adecuada en el futuro. En tanto, los ecosistemas desérticos se expanden hacia el sur, mientras que los ecosistemas de bosque esclerófilo y espinoso tienden a marchar hacia zonas costeras y precordilleranas. Los ecosistemas boscosos de la Patagonia, igualmente, disminuyen su área adecuada según las proyecciones.

He aquí la importancia de las sugerencias que realiza el informe para mejorar los estándares de protección. Por una parte, hay una deuda en la red de protección del Estado para con las zonas que podrían ser mantenerse como refugios de los ecosistemas actuales, como la zona costera e interior del norte y centro norte. Sin perjuicio de ello, el sistema concentra sus unidades designadas en las zonas en que se espera mayor impacto del cambio climático, producto del desplazamiento o disminución de las áreas adecuadas actuales en el futuro.

Finalmente, el informe aboga por una expansión de las áreas protegidas públicas y privadas en los 84 ecosistemas bajo el 17% de la meta Aichi (recordar que 41 de los 125 ecosistemas sí lo cumplen bajo la meta actual). Y dentro de ese universo, cierra Pliscoff, es prioritario avanzar en la protección de 9 ecosistemas que presentan un nivel “muy bajo” de protección (bajo el 1%) y que actualmente están clasificados como “en peligro crítico” de colapso y con riesgo climático calificado como “alto” y “muy alto”.