El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco) expresó su preocupación por “la cantidad de ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en América latina y el Caribe”, al difundir a través de un comunicado los resultados del último informe realizado por la ONG internacional Global Witness. Según el estudio de dicha organización, las tres cuartas partes de los homicidios del planeta de activistas vinculados a la problemática del medio ambiente “sucedieron en Latinoamérica, mostrando que en 2021 hubo 165 asesinatos en la región por sobre un total de 227 ataques mortales registrados en todo el mundo”.

Los datos muestran, además, un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo, con un promedio de más de cuatro asesinatos por semana, perpetrados sobre quienes defienden sus hogares, la tierra y los ecosistemas que son fundamentales para la biodiversidad y el clima. La directora ejecutiva del Cipdh-Unesco, Fernanda Gil Lozano, advirtió que la última edición del monitoreo anual de Global Witness “volvió a mostrar cuantitativamente lo dramática que es la situación para los ambientalistas de la región” y planteó que “América latina y el Caribe constituyen el territorio donde se registra la estadística más alta en agresiones, persecución y asesinato de personas defensoras del ambiente”.

“Entre las personas que fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, el 70 por ciento trabajaba para defender los bosques de la deforestación”, detalló Gil Lozano. Al respecto, la funcionaria también dijo que “estos ataques ocurren por lo general en un contexto de amenazas que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización”.

Los países mas afectados

De los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete están en América Latina. Colombia aparece como el país con mayor cantidad de hechos, con 65 personas asesinadas. Un tercio de estos crímenes fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores.

En Nicaragua se registraron 12 asesinatos por lo que, considerando los crímenes per cápita, se convirtió en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En México, la organización documenta 30 ataques letales contra defensores de la tierra y del medio ambiente, donde “la explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas”.

En Filipinas, Global Witness enumera 29 asesinatos de líderes ambientales y destaca que “normalmente las personas que se oponen a las industrias perjudiciales son reprimidas violentamente por la policía y el Ejército”. Por otra parte en Brasil y Perú, otros dos países muy afectados en la región, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de cada país. De acuerdo a Global Witness, casi el 30 por ciento de los ataques en Latinoamérica están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura.

La importancia del Acuerdo de Escazú

En ese marco, Gil Lozano exhortó a los Estados a “garantizar la protección de la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que pueden tener impacto en el ambiente”. La titular del Cipdh-Unesco recordó que el organismo lanzó a fines de mayo el Programa de Formación Ejecutiva “Ambiente y Derechos Humanos”, dirigido a los gobiernos locales de la región, para difundir los compromisos del Acuerdo de Escazú.

Este tratado, que lleva ese nombre por la localidad de Costa Rica en la que fue celebrado en marzo de 2018, contiene disposiciones específicas para defender los derechos humanos en materia de recursos naturales y prevención del cambio climático. Lo suscribieron 24 países y empezó a implementarse en Argentina, donde su primera cohorte contó con la participación de representantes de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda, Brandsen, Ezeiza, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Morón, Ituzaingó, Merlo, General Rodríguez, San Antonio de Areco, Escobar y Chacabuco.

Las siguientes ediciones del programa se realizarán durante agosto y octubre, y en ellas podrán inscribirse todos los funcionarios de gobiernos locales y municipios de América latina y el Caribe. Gil Lozano explicó que “con este plan de formación se busca generar espacios de intercambio y cooperación entre todos los gobiernos, que permitan implementar mecanismos de participación pública y consoliden la democracia ambiental en toda la región”.

La ONG Global Witness se fundó en 1993 con el objetivo de intervenir en las tramas de corrupción vinculadas a la explotación de los recursos naturales y en los últimos años ha impulsado denuncias y campañas ligadas a sectores como el petróleo, el gas, la minería y la madera. Desde 2012 recopila datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente y publica un informe anual.

“En este tiempo se ha vislumbrado un panorama sombrío. La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta“, alerta la organización con oficinas en Londres y Washington.