Ejecutivo anuncia que ingresará indicaciones a iniciativa que exige RCA a proyectos antiguos

Foto: Agencia UNO

Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo compartir el objetivo de fondo de la propuesta, pero aseguró que se requieren ajustes para viabilizarla, los que serán trabajados en conjunto con los parlamentarios. Fuente: El Mercurio, 14 de julio de 2022.


Preocupación había generado en diversas industrias el acuerdo alcanzado entre los comités del Senado para poner en tabla la votación de la moción parlamentaria que busca exigir Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental, luego de que el Gobierno pusiera suma urgencia a la iniciativa.

El proyecto también establece que aquellas iniciativas que no cuenten con RCA tendrán un plazo fatal de 12 meses para su obtención, desde la publicación de esta modificación, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en esta ley y su reglamento, lo que resulta prácticamente imposible con los plazos que maneja la autoridad ambiental.

No obstante, fue la propia ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien salió a poner paños fríos al anunciar que el Gobierno, si bien está de acuerdo con el fondo del proyecto, ve necesario ingresar indicaciones para que este se viabilice. ‘Entendiendo el fondo del proyecto, estamos totalmente de acuerdo en que tal como está, no es factible, por eso nos comprometemos a las indicaciones que haremos llegar a la brevedad, para lo que estamos ofreciendo hacer una mesa de trabajo con los senadores y senadoras de la comisión del Medio Ambiente, para que esas indicaciones vayan a resolver este problema, que es importante, pero que a la vez, sea factible de implementar’, sostuvo la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, que participó de la discusión de la Sala del Senado.

De esta manera, la Cámara Alta desestimó la votación en general de la moción, la cual volverá a ser estudiada por la comisión del Medio Ambiente, cuya presidenta, Paulina Núñez, comentó que ‘en la comisión lo hemos estado revisando y hemos llegado a la conclusión de que se requieren modificaciones. Estamos de acuerdo que aquellos proyectos que iniciaron antes de la modificación de la normativa ambiental deben cumplir al menos con la normativa hoy vigente, y no existe un instrumento para que se les fiscalice, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad medioambiental’.

Por su parte, uno de los impulsores de la moción, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), explicó que el proyecto fue conversado con el gobierno anterior para que este fuese patrocinado por el Ejecutivo, pero ‘no hubo disposición, advertimos que hay empresas como la fundición Ventanas, pero también privadas en zonas de sacrificio, que son anteriores a la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que por tanto no cuentan con ningún instrumento de evaluación ambiental’. En esta línea, la ministra Rojas compartió que la iniciativa es fundamental, ya que hoy existe un problema con obras ‘que no están con el mismo estándar con los proyectos que vienen después, que no son fiscalizables de la misma manera, y ese es un problema concreto que además, sobre todo lo vemos en las zonas de sacrificio’.

Gremios en alerta

La sorpresiva programación de la votación del proyecto generó alerta en diversas organizaciones gremiales, producto del impacto que podría tener en varios sectores productivos el que se aprobara la iniciativa tal como estaba.

Desde Sonami apuntaron sobre todo a que es difícil cumplir con el plazo establecido, considerando que una RCA demora entre 2 y 5 años en su tramitación. ‘No se precisa tampoco qué ocurrirá con los proyectos que sean rechazados o que requieran adoptar medidas de mitigación o cambios. Es una nueva señal de incertidumbre para la actividad productiva con chimenea’, aseguró Diego Hernández.

Desde la Asociación de Transmisoras de Chile señalaron que es positivo avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, pero recordaron que ya existen herramientas de control. ‘En el caso de este proyecto de ley en específico, se visualizan varios problemas, tanto para la institucionalidad estatal como para las empresas, los cuales creemos que requieren de una discusión más pausada para que sean revisados y corregidos.

Entre ellos están la factibilidad real de cumplir con plazos muy acotados como los propuestos en el proyecto, además de la capacidad humana y económica del Estado para poder llevar adelante nuevos procesos de calificación ambiental, en un contexto en que ya existen importantes retrasos en los tiempos de tramitación de permisos para nuevos desarrollos’, sostuvo Javier Tapia, director ejecutivo de la entidad.

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