Apuntan a que no se tomaron en consideración los efectos que podría tener el proyecto de la estatal en sus territorios. Un nuevo contratiempo es el que podría enfrentar la compañía estatal Codelco, en sus planes para ingresar al negocio del litio, luego de que se conociera la oposición de una comunidad indígena del Salar de Maricunga que busca detener las obras de la minera. Fuente: El Mercurio, 23 de agosto de 2022.
Comunidad Colla busca dejar sin efecto permisos de Codelco para explotar litio en Maricunga
La Comunidad Indígena Colla Tata Inti Los Loros presentó un recurso ante la justicia en contra del Ministerio de Minería, buscando dejar sin efectos el CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio) entregado por el Gobierno a la minera estatal Codelco en 2018, mediante el cual se viabiliza la exploración del salar de Maricunga, segundo depósito más grande del país luego del de Atacama.
Según acusa la agrupación, al momento de iniciarse este proceso no tuvieron información respecto de dicho CEOL que el Estado suscribió con el propósito de autorizar la extracción a la empresa filial de Codelco, dando luz verde a la intervención de todo el Salar de Maricunga y sus alrededores.
No obstante, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que echó por tierra la licitación abierta que impulsaba el gobierno anterior, accedieron a mayores antecedentes, luego de solicitar información a través de la Ley de Transparencia.
De esta manera, en la revisión de los contratos firmados, a juicio de la comunidad, se percataron de que estos permiten “intervenir el territorio ancestral del pueblo Colla (…). Esta es una vulneración de nuestros derechos que, si bien se comenzó a producir el año 2018 con la omisión de la Consulta Indígena previa a la dictación de las resoluciones que aprueban el referido CEOL y sus modificaciones, se configura como una afectación actual que se prolongará en el tiempo, a saber, hasta al menos el año 2057, época en que concluye la vigencia del contrato recurrido”.
La organización pide a la Corte de Apelaciones de Copiapó que se ordene suspender los efectos del CEOL hasta que se desarrolle un proceso de consulta indígena y “se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el efectivo respeto de los derechos de las recurrentes”.
En esta línea, la comunidad puso como ejemplo lo obrado por la Suprema respecto del proyecto “Producción de Sales de Maricunga”, iniciativa ante la cual se ordenó la realización de un proceso de consulta indígena, por tratarse de un proyecto “en que existe susceptibilidad de afectación de comunidades por contaminación por derrames en cursos de agua, por el tránsito de numerosos camiones con sustancias peligrosas”, entre otros aspectos.
Con todo, si bien el tribunal no accedió a la orden de no innovar solicitada por la recurrentes, sí dio la orden al Ministerio de Minería de realizar un informe respecto de su rol en este proceso, el que debe ser presentado en un plazo de 10 días. Sin embargo, en un oficio firmado por el subsecretario de Minería, Willy Kracht, se pidió extender dicho plazo, “considerando que el análisis de la acción cautelar y la recolección de los antecedentes para preparar el mencionado informe requiere un mayor tiempo por parte de nuestra institución”.
Cabe recordar que la minera informó que tras obtener el último permiso sectorial, el 26 de enero, inició en febrero la habilitación de los accesos para iniciar su campaña de exploración en el Salar de Maricunga, hito que marcó el comienzo de esta etapa del proyecto. Aunque, según conocedores, estas obras tampoco han estado exentas de dificultades. En ese momento, la minera estimó que los sondajes se iniciarán a fines de marzo y que durarían cerca de 10 meses.