Hidrógeno verde, un problema de modelo
Cada vez se están multiplicando más las voces críticas sobre la industria del hidrógeno verde en Magallanes, que haría de Chile un polo estratégico mundial de esta “energía del futuro”. Todas dicen la misma cosa: el problema no radica en la tecnología en sí, ni se trata solo de una cuestión regulatoria, lo que se cuestiona es el modelo de país que orienta las decisiones, una vez más, privilegiando el desarrollo de una industria construida con capitales extranjeros por sobre los derechos de las comunidades y los territorios. Fuente: Climate Tracker, 18 de agosto de 2022.
“Si se sigue impulsando el hidrógeno verde de esta manera en Magallanes, esto va a chocar de frente con la conflictividad socioambiental y con la judicialización”. Así resume lo que está ocurriendo en la región más austral del mundo Diego Luna Quevedo, especialista en política y gobernanza de la ONG Manomet, que tiene un programa de conservación de aves playeras migratorias en Tierra del Fuego.
Junto con otras organizaciones ambientalistas, académicos y activistas, enviaron una carta abierta al presidente Gabriel Boric el pasado 7 de julio, manifestando su profunda preocupación por la inminente instalación de la industria de hidrógeno verde en la región. “No nos oponemos a esa tecnología y nos parece necesario promover la descarbonización”, explica Luna Quevedo, “pero aquí en Magallanes, como también en Antofagasta, las decisiones se han tomado desde un nivel central, de manera vertical, sin participación local, sin ordenamiento territorial y sin evaluación ambiental estratégica”.
La preocupación inicial que llevó a Luna Quevedo a mirar los mapas de las plantas de hidrógeno verde se relacionaba a la ruta migratoria de las aves, que pueden verse condicionadas por los aerogeneradores que esos proyectos requieren. “Nos dimos cuenta que los emplazamientos tentativos de los parques eólicos están sobre áreas que son críticas para especies de aves que están en peligro de extinción, como el canquén colorado o el chorlo de Magallanes”, alerta con fuerza. Pero inmediatamente sigue: “Más allá de las aves, vimos rápidamente que el problema es más estructural, este gobierno ha hablado de transición energética justa y, muy por el contrario, lo que está haciendo hoy es perpetuar un modelo injusto, donde quienes pagan los costos son las comunidades y los territorios.”
¿Cuáles son estos costos? En los últimos dos años se difundió la idea de que Chile podría transformarse en líder mundial en hidrógeno verde, con una industria que llegue a “satisfacer el 13% de la demanda mundial”, así como lo declaró el mismo presidente Boric en la Cumbre de las Américas y también en su primera cuenta pública a principio de junio.
La carta abierta señala que ese 13% representa 126 gigawatts de energía renovable necesaria para alimentar la electrólisis – el proceso de separación del hidrógeno del agua-, y corresponde a 31 veces la capacidad instalada actualmente en todo Chile (alrededor de 4 gigawatts).
“Este discurso no tiene ni un asidero territorial, técnico, social”, explica de nuevo Luna Quevedo, “hemos detectado preocupantes inconsistencias tanto narrativas como en la acción del gobierno: se está avanzando e impulsando una industria que es gigantesca sin tener las mínimas condiciones regulatorias habilitadoras”.
Las normas y los reglamentos tienen procedimientos que no son rápidos, explica Maria José Reveco, jefa de División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía. “Claramente vamos más lento que la industria, cómo pasó con las renovables hace unos años atrás – admite, – por más que queramos anticiparnos, las cosas ya están sucediendo y estamos corriendo atrás de la pelota, pero la expectativa del gobierno es no avanzar de forma apresurada”.
Ya hace varios años existe una división de participación y diálogo para enfrentar las problemáticas que surgen, y este gobierno decidió impulsar un comité interministerial, “para actualizar la estrategia del hidrógeno verde de aquí a fin de año e incluir los elementos que estaban poco desarrollados y faltantes”, agrega Reveco. El enfoque principal sería evitar que esa gran industria sea solo para la exportación, sino que ayude también a la descarbonización de la economía chilena.
Un tsunami de inversiones, miles de molinos
“No son proyectos, hay que empezar a llamarlos megaproyectos”, señala Humberto Vidal, director del Centro de Recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes, institución que ya firmó un convenio de colaboración con High Innovative Fuel (HIF), filial de Andes Mining & Energy (AME), que además de la italiana Enel Green Power, cuenta con la alianza de ENAP, el apoyo económico del gobierno alemán, así como de las compañías germanas Siemens y Porsche. Se trata del primer consorcio que se está instalando en el territorio, con una planta piloto ya construida sobre la ruta 9 norte, a unos 40 kilómetros de Punta Arenas.
“Se produce una preocupación por el tamaño”, explica Vidal, “porque en estos proyectos todo es más grande: entonces también el manejo de la salmuera va a requerir una solución más grande, el manejo de los parques eólicos va a requerir soluciones que hoy día derechamente no están”, y señala “el tremendo desafío del estudio de impacto ambiental, de cómo presentar proyectos tan grandes sin fraccionarlos y sin que produzcan impactos ambientales”.
Efectivamente, de los tres proyectos aprobados en Magallanes, ninguno ha superado todavía la etapa de la Evaluación de Impacto Ambiental, donde recién se conocen públicamente el avance y los detalles técnicos de las propuestas.
Lo que ya se sabe, sin embargo, es que el proyecto HIF tendrá dos etapas comerciales después del piloto, y los parques eólicos para alimentar los electrolizadores llegarán a una potencia de 2,5 gigawatts. Suponiendo que se usarían turbinas de 9 megawatts, que tienen cada una el tamaño de la Torre Eiffel, el paisaje de Magallanes estará dibujado por 277 estructuras con el porte del ícono de París.
A esto habrá que agregarle los aerogeneradores de otro proyecto donde los 2 gigawatts de potencia instalada representan solamente la primera etapa, pero apuntan a generar 5 veces más. Se trata de la propuesta de la petrolera francesa Total Eren, dedicada a la producción de amoniaco, materia prima para la producción de fertilizantes, explosivos, y muy intensamente utilizado en la industria minera.
El último de los tres proyectos que hasta ahora tuvieron el visto bueno para instalarse en la región de Magallanes se llama HNH y es guiado por la empresa conjunta Power-to-X con su socio Ökowind y el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Aquí se prevé incluso la construcción de un puerto propio para facilitar las exportaciones de amoníaco, además de otro parque eólico con una capacidad instalada de unos 1,7 gigawatts para poner en función la planta de electrólisis.
“En la mesa tenemos sentados no 3, sino 13 empresas y consorcios que ya tienen contratos acá, que ya tienen acuerdos con las haciendas y las estancias donde se van a instalar”.
“Se trata de varios miles de molinos eólicos y decenas de hidrolizadores”, asegura el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, ya intendente de la región entre 2014 y 2018, durante el segundo gobierno de Bachelet, y al cual también está dirigida la carta abierta firmada por decenas de grupos ambientalistas, académicos y ciudadanos. Flies habla de “un tsunami de inversiones” y asegura que, además de los proyectos ya aprobados, “en la mesa tenemos sentados no tres, sino trece empresas y consorcios que ya tienen contratos acá, que ya tienen acuerdos con las haciendas y las estancias donde se van a instalar”.
Magallanes, un enorme laboratorio
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, electo en 2016 con el pacto Chile Vamos, coincide con el gobernador en asegurar que Magallanes tiene una tremenda oportunidad para cambiar su matriz energética, fomentar un nuevo desarrollo productivo y contribuir a mitigar los efectos de la crisis climática actual. Para él, colaborar en esta tarea mundial es un imperativo moral y para eso Punta Arenas se transformaría en la capital del hidrógeno verde a nivel mundial.
“Nuestra ciudad de servicios, además del turismo, la asistencia a los centros de investigación en la Antártida y el puerto comercial, se desarrollará en torno a la industria del hidrógeno, recibirá muchos trabajadores de afuera y luego se podrán formar aquí profesionales especializados que hoy no están”.
Al mismo tiempo, sin embargo, recuerda que “el hidrógeno es una apuesta de futuro, todavía requiere un desarrollo para abaratar los costos de producción, hoy no es un buen negocio para nadie, las empresas están en una fase de investigación y estudio, al final esto es una especie de laboratorio gigante al aire libre”.
El gobernador también sabe que se trata de un cambio estructural para el territorio y evidencia la altísima responsabilidad que esto conlleva. “Nos interesa que no pase lo mismo que con el cobre, en el norte, donde hay ciudades dormitorios y gente viviendo en cuadrillas, por sistemas de turno”, afirma, y al mismo tiempo evidencia que “no es el momento de poner una cortapisa e imponer límites, sino de establecer una relación de confianza con estas empresas”.
Mientras tanto, entre los primeros cambios que ya se observan, la fiebre del hidrógeno estaría elevando la demanda de terrenos y los precios se están disparando en Magallanes. Además, para favorecer las inversiones, en noviembre de 2021 los ministerios de Bienes Nacionales y de Energía anunciaron una iniciativa para conceder terrenos fiscales durante 40 años a las propuestas de producción de hidrógeno verde con un mínimo de 20 megawatts de capacidad de electrolizadores. Si bien la asignación de estos terrenos normalmente se hace a través de concursos públicos, en este caso se ha gestionado de forma directa, según lo declarado por las instituciones.
En la misma línea, en diciembre de 2021 la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) asignó un fondo de 50 millones de dólares repartidos entre seis proyectos de hidrógeno verde en distintos puntos del país. Entre ellos, Enel Green Power se adjudicó el mayor monto, 16,9 millones, para el proyecto Faro del Sur en Magallanes, dedicado a la producción de hidrógeno verde para HIF, que lo utiliza para hacer eFuels y exportarlos.
“Es preocupante que el ministerio esté destinando terrenos fiscales a cero costo para esos proyectos, son medidas arbitrarias”, afirma Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). La Patagonia es considerada un refugio climático por su capacidad de albergar y proteger la biodiversidad frente al cambio climático, es rica en parques nacionales, áreas protegidas y tierras fiscales con poca intervención humana, además de ser la cuna de los últimos grandes descubrimientos paleontológicos, que han sacado a la luz nuevas especies de dinosaurios hasta ahora desconocidas.
“Nos hablan de transición energética pero no es una transición para nosotros, es para la economía global, para que los países del norte, de Europa, respeten sus cuotas de reducción de emisiones ante los convenios internacionales. En estos cálculos no cuentan los impactos que dejan en nuestro territorio”, explica Cuenca.
Según lo que declararon las empresas que buscan establecerse en Magallanes, el hidrógeno verde que será producido por ahora está enteramente destinado a la exportación. Por otro lado, el Estado chileno, que está apoyando activamente la inversión extranjera, no se ha encargado de hacer consultas públicas en el territorio ni de destinar fondos para buscar soluciones, tomar medidas o incluso mitigar las consecuencias que implicaría hospedar un polo de desarrollo energético de importancia mundial.
“Nos hablan de transición energética pero no es una transición para nosotros, es para la economía global, para que los países del norte, de Europa, respeten sus cuotas de reducción de emisiones ante los convenios internacionales”.
“Hay conversaciones con muchos bancos internacionales que están interesados en entregar recursos para el desarrollo de estos proyectos, poniendo garantías”, afirma Reveco, “los estándares que exigen para utilizar estos fondos son muy estrictos”, asegura, pero todavía “estos acuerdos están abiertos, hay demasiadas variables y mucha incertidumbre en la producción, en la tecnología, en el mercado del hidrógeno, las certificaciones”.
Lo que se queda en Chile
Los miles de kilómetros cuadrados que ocuparían los parques eólicos y las plantas de producción del hidrógeno y sus derivados son solo uno de los problemas no resueltos en el despliegue de esta nueva industria. Los mismos desarrolladores están todavía buscando soluciones técnicas para las grandes cantidades de agua desmineralizada que se requieren para la electrólisis: una estimación de referencia en el mundo científico es de nueve toneladas para producir una tonelada de hidrógeno.
Por esta razón, y considerando los severos problemas de sequía y escasez hídrica que golpean a Chile, en Magallanes se utilizará el agua de mar, la más abundante, pero aún no está claro qué pasará con los residuos de la desalinización. Un estudio publicado en 2019 reveló que, por cada litro de agua desalinizada, se produce un litro y medio de salmuera. Solo el proyecto Faro del Sur estima usar 250 mil metros cúbicos por año de agua desmineralizada, según informa Enel Green Power. Esto significa 375 mil metros cúbicos de salmuera, un poco más que 110 piscinas olímpicas.
Por más que HIF haya declarado que no devolverá la sal al mar, la idea de llevarla al estado sólido y comercializarla es una solución parcial: la capacidad instalada de los electrolizadores crece de 9 veces en la segunda fase comercial, y no estamos contabilizando la planta de Total, la iniciativa HNH, ni los otros 13 proyectos que están en la lista de espera.
Si el objetivo fuera la transición energética, las soluciones en realidad ya existen y su viabilidad técnica está demostrada, según explica Juan Osorio, investigador del proyecto multidisciplinar Invent UACh de la Universidad Austral de Chile. “Existe la posibilidad de descentralizar las plantas de producción de hidrógeno para ubicarlas cerca de los grandes centros de consumo, como las ciudades, teniendo en cuenta que las zonas urbanas utilizan el 70% de la energía mundial”. En cambio, los desarrolladores que se instalarán en Magallanes no apuntan a utilizar el hidrógeno como vector energético, sino a producir combustibles derivados del hidrógeno, tales como gasolinas o amoniaco, más fáciles y baratos de transportar afuera de Chile en grandes navíos que, para agregar otra contradicción, cruzan los océanos alimentados con combustibles fósiles.
El uso del hidrógeno verde como fuente energética en contexto urbano tendría, en cambio, muchas ventajas: no sería necesario procesarlo ni transportarlo, “puede almacenarse durante más tiempo que las baterías y se presta a diferentes usos”, detalla Osorio, pero sobre todo “lo interesante es que los propios ciudadanos podrían controlar la cadena de producción para su consumo local y sería posible descarbonizar desde dentro hacia fuera, es decir, primero en territorio chileno y luego exportando el modelo desarrollado y no sólo el hidrógeno como producto”.
Una vez más, resulta claro que el problema no es la tecnología que se usa, sino el modelo. Lo expresa de forma similar también Elisa Giustinianovich, ingeniera química originaria de Punta Arenas, quien participó en la escritura de la propuesta de nueva Constitución como representante de la Coordinadora Social de Magallanes. Actualmente, trabaja en temas de sustentabilidad en CERE de la Universidad de Magallanes.
“Tenemos que cambiar nuestra matriz energética, pero también la productiva, de lo contrario en un par de generaciones la vida será insostenible, estamos cavando nuestra propia tumba”, afirma con amarga ironía. “Nadie le dijo que ‘no’ al hidrógeno verde – aclara –, pero tenemos que pensar bien cómo llegamos, si lo hacemos abriendo las puertas a las empresas transnacionales que vienen con proyectos e inversiones orientadas a la exportación, o si pensamos en esta transición a escala humana, con soluciones que vengan desde el territorio chileno, impulsadas por nuestro sistema estatal, con una estrategia integral, a largo plazo, con un enfoque de ahorro y eficiencia energética”.
“En el gobierno actual existe la preocupación por los impactos ambientales, de ocupación territorial, del uso del agua, y del impacto sobre las comunidades (…) no hay por qué renunciar a las expectativas del potencial que tiene Chile en la producción de hidrógeno”.
Su visión es acorde también con aquella expresada en la carta abierta a Boric, quien, sin embargo, a un mes de su publicación, no ha dado todavía ninguna respuesta ni declaración al respecto. “Es una señal que nos decepciona”, concluye Luna Quevedo, “considerando que el presidente es magallánico, y esperamos que tuviera una sensibilidad a los riesgos que señalamos por conocer bien la región”.
Desde el Ministerio de Energía, Reveco sostiene en cambio que “en el gobierno actual existe la preocupación por los impactos ambientales, de ocupación territorial, del uso del agua, y del impacto sobre las comunidades” y por esto “no hay por qué renunciar a las expectativas del potencial que tiene Chile en la producción de hidrógeno, a confiar en la estrategia que desarrolló el gobierno anterior y que ha sido reafirmada por entidades externas”.
Lo que es cierto es que la intervención desde el Estado es necesaria y urgente para tener, desde un principio, la oportunidad de hacerlo bien, cimentando un modelo energético y de gobernanza sustentables, para una transición energética justa y participada.