560 organizaciones sociales emplazan al Presidente Boric y al Senado a no aprobar el TPP-11

A través de una carta, se señala que las agrupaciones "no olvidamos que en todo el proceso el Estado nunca ha levantado información fidedigna relacionada a los perjuicios del TPP-11, es más, toda la tramitación ha sido a espaldas de la ciudadanía". Fuente: Radio Universidad de Chile, 25 de septiembre de 2022.


En la línea de una serie de iniciativas que se han conocido durante la semana, esta vez 568 organizaciones ecologistas, sindicales, campesinas y de otros ámbitos de la sociedad firmaron una carta en la que solicitan al Presidente de la República y al Senado que no prosiga la tramitación del Acuerdo Transpacífico, conocido como el TPP-11.

En la misiva, se señala que el Tratado “entrega la soberanía nacional a las empresas transnacionales, estancando nuestra economía, destruyendo nuestra producción nacional y, por tanto, obstaculiza el desarrollo de Chile y limita la garantía estatal de los derechos sociales y de la naturaleza”.

Los firmantes señalan que “Chile ya tiene tratados con todos los países integrantes del acuerdo. Con el TPP-11 no se van a reducir significativamente los aranceles para nuestras actuales exportaciones ni va a aumentar el producto interno bruto. Según los estudios de la propia Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile, en el largo plazo tendríamos un crecimiento económico adicional de apenas un 0,12%”.

Sin embargo, continúa el texto, “la aprobación de este tratado (…) limita la acción del Estado respecto de sus empresas públicas (…) la economía chilena quedaría estancada en el modelo neoliberal que se encuentra en crisis, impidiendo la generación de un nuevo modelo económico que dé solución a las problemáticas societales”.

A juicio de las organizaciones que suscribieron la carta, “otro elemento que limita la soberanía nacional consiste en que las reglas de este tratado se hacen cumplir a través de tribunales de arbitraje internacional, y les da una jurisdicción por sobre los tribunales nacionales. Así, una empresa transnacional que ha invertido acá puede demandar al Estado chileno en el extranjero, si es que implementa una regulación pública que afecta sus expectativas de ganancias. Ello genera una garantía jurídica para las inversiones transnacionales a través de acuerdos que superan el marco legal y el poder de decisión de los países”.

Señala que “con la firma de este acuerdo, Chile se aleja, por ejemplo, del derecho a tener un medio ambiente libre de contaminación, y también al derecho de tener pensiones que les permitan a las familias chilenas esforzadas y trabajadoras vivir de forma digna. Creemos que este tratado terminará finalmente empoderando a estos sistemas arbitrales pro-empresas transnacionales en desmedro de los intereses de los pueblos y también de sus intereses nacionales. En este sentido, la estrategia de las cartas bilaterales (side letters) respecto de los sistemas de arbitraje que el Gobierno impulsa resultan insuficientes”.

En relación al largo proceso de tramitación del TPP, la carta recuerda que “fuimos miles quienes nos movilizamos a lo largo del territorio nacional, ya que el tratado es tan amplio que toca sensibilidades de miles de habitantes. Hoy miles estamos unidos y en todo Chile exigimos a los senadores y senadoras que escuchen a su pueblo que está alerta. Así, como organizaciones no olvidamos que en todo el proceso el Estado nunca ha levantado información fidedigna relacionada a los perjuicios del TPP-11, es más, toda la tramitación ha sido a espaldas de la ciudadanía, a pesar de haber presentado varios recursos de protección”.

Finalmente, señala que “por todo lo anterior y por el futuro del país, es que las organizaciones aquí firmantes demandamos al presidente Gabriel Boric el retiro del TPP-11 del Congreso y solicitamos a los senadores y senadoras que rechacen continuar con el proceso de tramitación del tratado, para resguardar la soberanía nacional y los derechos de los pueblos, ya que a quienes deben representar es a las comunidades y a las millones de personas que votaron creyendo en sus promesas electorales”.

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