Un día después de que la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA) pidiera suspender el instructivo del Ministerio de Agricultura que dicta al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a no autorizar parcelaciones rurales donde se sospeche que se utilizará el suelo para fines no agrícolas, la Corte de Apelaciones de Santiago denegó la solicitud.

Las inmobiliarias habían solicitado una Orden de No Innovar (ONI) en el marco de la causa judicial que se abrió por el recurso de protección que ellas mismas presentaron.

En esta solicitud, las empresas apelaron a inversiones de hasta $2 mil millones que se veían afectadas por la circular de las autoridades y cuyos contratos de promesa de compraventa habrían sido firmados previos a la existencia de este documento.

No obstante, la Corte no tuvo en consideración estos argumentos y, sin mayores explicaciones, se negó a suspender el instructivo mientras dura el trámite del recurso.

Esto no quiere decir que el recurso de protección haya sido rechazado, ya que es un proceso independiente de la ONI.

Contraloría

En paralelo, diputados, senadores y otro gremio de parceleros llamado Chile Rural –el cual es asesorado por el exfiscal Carlos Gajardo en el proceso- solicitaron el pronunciamiento de Contraloría por el instructivo del gobierno.

Esta entidad también resolvió abstenerse de entregar su visión de la situación, debido a los procesos que se están llevando en tribunales.

Además del recurso de protección presentado por IPRA, hay otras tres inmobiliarias que, por separado, hicieron lo propio, por lo que hay cuatro causas en contra del Minagri por este tema que se están viendo en el poder judicial.

Contraloría explicó que, según sus atribuciones, “no le corresponde informar ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, lo que ocurre en la situación planteada en la especie”.