Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA: «Trabajen en proyectos robustos desde lo técnico. Este no es un sistema que esté diseñado para rechazar»

Foto: DF

La primera mujer en liderar el Servicio de Evaluación Ambiental sincera los tres ejes de su gestión y responde a las recientes críticas que recibió la entidad por parte del expresidente de la Sociedad Nacional de Minería. Fuente: Diario Financiero, 12 de septiembre de 2022.


Después de 12 años de su creación, uno de los organismos clave dentro de la institucionalidad ambiental, es liderado por una mujer. El Presidente Gabriel Boric designó el 30 de marzo a Valentina Durán como la nueva directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La abogada de la Universidad de Chile posee un Master en Derecho Ambiental por la Universidad de París y se desempeñaba como directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Casa de Bello.

En su primera entrevista en el cargo, a poco más de cinco meses de su aterrizaje en la entidad, Durán reconoce que no se esperaba el nombramiento, pero sí se ha sentido entusiasmada de la contribución que puede hacer a la institución. Como la primera mujer que asume la dirección del SEA en su historia, cree muy importante fortalecer los liderazgos femeninos y dice que ya lo están haciendo en el Servicio donde hay muchas mujeres ocupando jefaturas y recientemente tres funcionarias ganaron un premio para capacitarse en liderazgo especial para mujeres. 

«Siempre me he propuesto apoyar a las estudiantes, a las profesionales más jóvenes para que puedan tener mentoría o el apoyo que quizás a mí no me tocó tener», sincera. A su juicio, en el tema ambiental se ve bastante que hay muchas mujeres motivadas con la protección del medio ambiente y, además, «es un área que requiere integrar distintos conocimientos y las mujeres somos buenas para tener esa mirada integradora».

Durán delinea la cancha de entrada. Asegura que desde el primer día están fijados tres ejes para la gestión. Primero, asegurar una evaluación de impacto ambiental técnica y de excelencia. Segundo, la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú donde una de las primeras medidas que tomaron en junio fue sacar un instructivo que permite interpretar de manera más amplia las hipótesis de participación ciudadana en las Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Y, tercero, la incorporación de las variables de cambio climático en la evaluación de impacto ambiental.

«Me gustaría dejar este Servicio habiendo avanzado de manera importante en estos tres ejes y por último, haber acercado más a la ciudadanía y haber permitido que se comprendan mejor tanto el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como el trabajo del Servicio», reflexiona.

Su mensaje a los inversionistas es claro. Primero, «que lean el contexto nacional y global». Según explica, «tenemos a las Naciones Unidas que acaban de reconocer que el derecho a un medioambiente sano, saludable, limpio y sostenible es un derecho humano. Tenemos una ciudadanía que reclama mayores estándares de protección ambiental, por lo tanto, no se puede sino pensar y prever que las exigencias ambientales va a ir en aumento».

Y, por otra parte, agrega: «Que ingresen proyectos robustos. Que tengan un buen relacionamiento con las comunidades y que ingresen proyectos robustos con buenas consultorías para poder lograr tener evaluaciones fluidas. Nosotros en eso ponemos todo de nuestra parte». 

– ¿Cómo se encontró el SEA? ¿Era lo que veía desde afuera o tuvo sorpresas en el aterrizaje?

– Siempre tuve una buena impresión del trabajo del Servicio, pero igualmente me vi gratamente sorprendida de la calidad profesional de los funcionarios y funcionarias. Trabajar en el Servicio no siempre es fácil porque está sometido a muchas expectativas, tanto de la industria, los inversionistas que quieren aprobar sus proyectos, como de las comunidades que a veces tienen desconfianza o se oponen. No es un papel fácil y, además, se requiere trabajar en coordinación con los distintos organismos con competencias ambientales. Encontré una gran calidad profesional y mucho compromiso por la tarea y dinámicas que son bien interesantes entre personas que trabajaban desde que era la Conama con otras más nuevas. Quedé muy gratamente sorprendida en realidad de la seriedad con que aquí se trabaja y de la calidad técnica del trabajo que se hace.

– ¿Ha visto alguna falencia, necesidades de reforzar ciertas áreas o modificar algunos procesos? 

– Aquí hay un trabajo de mejora continua. Hay áreas que están certificadas con normas ISO y pretendemos ir ampliando ese trabajo para seguir levantando procesos y poder aumentar la certificación y así ir asegurando cada vez mayor calidad en los procesos de mejora continua. Siempre creo que, como todo servicio público, nos enfrentamos a la escasez y eso requiere también poder mantener la motivación de todos los funcionarios y funcionarias. Pero también, he notado mucha adhesión a los ejes planteados. Por ejemplo, frente a la mayor carga de trabajo que puede implicar la primera medida que tomamos en cuanto al eje de implementación progresiva del Acuerdo de Escazú.

– Tomando los tres ejes planteados, ¿de qué tratan en concreto?

– Quizás habríamos tenido que agregar un cuarto eje de aprobarse la Constitución, pero son tres ejes que se han mantenido y que están causando bastante adhesión. Me he preocupado también de explicarlos a las personas y actores con los que me reúno. Sobre el primer eje, que tiene que ver con asegurar una evaluación de impacto ambiental técnica y de excelencia, es algo que el Servicio siempre ha buscado. Nosotros buscamos la excelencia porque tenemos conciencia de lo importante que es para el clima de paz que es necesario tanto para el desarrollo de los negocios y para la inversión como para la protección del medio ambiente.

Sabemos que nosotros también estamos asegurando el Estado de Derecho, necesitamos dar confianza. Para mí eso es la evaluación técnica de excelencia, una evaluación que dé confianza de que nosotros vamos a asegurar preventivamente el cumplimiento de la ley ambiental, tanto en el fondo, los contenidos, como los procedimientos.

El segundo eje, tiene que ver con el Acuerdo Escazú, con implementar y asegurar los derechos de acceso a la información, la participación en la justicia en asuntos ambientales es algo a lo que ya son derechos humanos.También son catalizadores de otros derechos. Es algo que ya venía comprometido en la reforma de la institucionalidad ambiental. Pero la ratificación por parte de Chile del Acuerdo Escazú nos impone trabajar progresivamente en implementar ese acuerdo, que finalmente es una forma de ver nuestro trabajo que se debe impregnar en toda la institucionalidad ambiental.

En tanto, el tercer eje trata de la incorporación de las variables de cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Estamos en esta década con una ventana de oportunidad que se va cerrando para reducir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como para poder adaptarnos. Y, en ese sentido, no queda más que incorporar en la evaluación de impacto ambiental las consideraciones del cambio climático, así que estamos trabajando en eso que significa implementar la Ley Marco de Cambio Climático que fue recientemente promulgada. Pero también, a través de las herramientas de las que nosotros disponemos, ir incorporando estas consideraciones en la evaluación y también informando a los distintos actores de cómo lo hacemos.

– ¿Están trabajando en un recurso específico para este último eje?

Estamos trabajando en una guía metodológica que será previa al reglamento que exige la ley. La Ley Marco de Cambio Climático establece que al cabo de un año tendrá que dictarse un reglamento diciendo cómo se incorpora el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Sin perjuicio de eso, estamos trabajando ya en una primera guía. la que estará muy pronto. Está muy avanzada esa primera guía, así que espero que salga muy pronto.

– ¿Cómo han ido avanzando en cuanto al eje de la evaluación técnica y de excelencia?

En relación con el eje de la evaluación técnica y de excelencia, nosotros administramos el SEIA y en ese marco parte de nuestras funciones es dictar guías y documentos técnicos o criterios de evaluación. En este tiempo desde que entramos ya aprobamos seis documentos técnicos, en los que algunos se venía trabajando, otros lo hemos ido impulsando y muy pronto van a salir otros dos más. Por ejemplo, acabamos de publicar la semana pasada un documento que tiene que ver con la predicción y evaluación de impactos por ruido submarino.

Estamos también haciendo un trabajo, buscando la unificación de criterios. También estamos en diálogo permanente con los demás organismos de la administración del Estado, con otros organismos con competencia ambiental, para preocuparnos de que haya reglas claras, de que vayamos explicando de mejor manera cuáles son los criterios y cómo estos criterios van avanzando. Por otra parte, también, tenemos distintas herramientas. Por ejemplo, impartimos cursos gratuitos y abiertos que tienen una demanda altísima y estamos reforzando nuestra capacidad de poder llegar a más personas.

– En lo que se refiere a la evaluación técnica y de excelencia, ¿ha visto ingredientes políticos que la motivan a reforzar ese objetivo que debiese ser inherente al Servicio?

– No, no es que haya visto algo de eso, lo que pasa es que me parece que la evolución de la normativa ambiental, la evolución también de los negocios, de la inversión, de los desafíos que tiene el país, si pensamos por ejemplo todos los desafíos de descarbonización, toda la inversión que es necesaria, incluso para la descarbonización, requiere también reglas claras y criterios para una ciudadanía que demanda cada vez mayor protección al medio ambiente. Y, por otra parte, un sector privado que demanda reglas claras.

Entonces, eso requiere un esfuerzo importante de capacitación, de conocimiento. Y, en ese sentido, el desafío nuestro, es un desafío técnico. Nosotros no hacemos política acá. Nosotros no definimos política pública. Solo nosotros aseguramos esa evaluación técnica y de calidad, y que es algo muy importante.

– ¿Y cree que de alguna manera o antes en otros períodos sí se ha visto al SEA como una institución que ha estado más politizada que de lo que debiese estar?

– No lo sé…

– ¿Pero ahora ha podido constatar que tiene un componente fuerte técnico o que se debe fortalecer para evitar la influencia política en las decisiones? 

– No, hablo de fortalecer el componente técnico. Por ejemplo, acabamos de hacer una visita técnica de los funcionarios de Magallanes a Atacama para poder aprender de determinada tecnología o de determinadas tipologías de proyectos. Estamos programando, por ejemplo, talleres de capacitación con el Ministerio de Energía o sacando los criterios técnicos de lo que requiere estudio.

– ¿Es dotarlo con más herramientas?

– Claro, tiene que ver con ir fortaleciendo las herramientas técnicas de nuestro trabajo. No tengo nada en contra de lo político.

– Esta semana se estaba discutiendo en el Congreso reforzar el presupuesto de las entidades que están involucradas en la institucionalidad ambiental. ¿Es partidaria que quizás tenga más recursos el SEA, considerando que hay más carga -por ejemplo- respecto a la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú?

– Todo director de Servicio, así como todo ministro(a), va a querer más recursos, evidentemente. Ahora estamos en un contexto económico especial en que hay muchas necesidades, pero indudablemente que fortalecer la institucionalidad ambiental es una condición finalmente del desarrollo sostenible y eso obviamente que tiene que tener su correlato presupuestario en este gobierno que le ha dado una prioridad tan importante a la protección del medio ambiente, así que estamos expectantes.

– En concreto, ¿cómo se dará certeza tanto a inversionistas como a comunidades? 

– Nosotros le debemos dar certeza y confianza tanto a las comunidades de que nosotros vamos a hacer cumplir la normativa ambiental, como también a la empresa privada, porque ese clima de confianza que tiene que ver con el Estado de Derecho es una condición también para el desarrollo sostenible y es una condición para la paz.

Si uno observa a través del sistema, uno puede ver que los proyectos que son robustos, que vienen con buenas consultorías, con buenos levantamientos de línea base, que no le temen a la participación ciudadana, que están bien fundamentados, que tienen un buen relacionamiento con los vecinos, con los habitantes, donde sus proyectos se van a instalar, en general, fluyen bastante bien en el sistema. Este no es un sistema que esté diseñado para rechazar proyectos, sino que por el contrario.

Nuestro trabajo tiene que ver con usar las herramientas de las que nosotros disponemos. Por eso le damos mucha importancia a la elaboración de guías y de criterios técnicos para ahí poder expresar cuáles son las prioridades de la evaluación y también el trabajo coordinado con los distintos organismos que intervienen en la evaluación de impacto ambiental.

– Menciona el tema de los criterios técnicos. ¿Cómo tratarán de unificar esos criterios? ¿A través de vías o criterios comunes con todos los demás Servicios, por ejemplo?

– Eso es lo que hacemos permanentemente, es justamente a raíz de eventuales disparidades de criterio o quizás falta o carencia de criterio en determinadas áreas, nosotros vamos sacando guías y criterios. Por ejemplo, se viene muy pronto una guía que tiene que ver con el impacto en el fondo en la congestión en las ciudades de proyectos inmobiliarios. Ahí vamos dando esos criterios. Ahora, sin duda que hay oportunidades de mejora en los otros permisos y en los otros pronunciamientos de los organismos con competencia ambiental. Nosotros no somos simplemente un buzón en la evaluación de impacto ambiental. Nosotros igual hacemos un determinado filtro en relación con las observaciones que nos van llegando de los Servicios.

Nosotros sí tenemos dentro de nuestras funciones ayudar a la unificación de criterios. Eso es lo que hacemos a través de estas guías y criterios que son publicados a través de resoluciones en las que se instruye también la observancia de estas guías y estos criterios.

– ¿Y cuáles son estas divergencias que ha observado en los criterios?

– Más que divergencias, tiene que ver con cambio normativo. Se producen cambios normativos y eso requiere dar cierta claridad de cómo se van a interpretar determinadas normas, de cómo se van a relacionar ciertos instrumentos.

– ¿Hay alguna directriz o acción que a usted les gustaría tomar para acelerar la tramitación de los proyectos, considerando la descarbonización y la transición energética? Persiste la críticas que siguen siendo extensas.

– El Servicio siempre cumple con los plazos. De hecho, estamos obligados a ello, porque incluso en el extremo existe la institución del silencio administrativo positivo. Por lo tanto, si el proyecto no termina su calificación dentro del plazo, podría un titular llegar y pedir que se certifique el silencio y que se entienda por aprobado. Eso no sucede y no es necesario que suceda porque cumplimos con los plazos.

La tramitación de los proyectos se va demorando a raíz de las suspensiones que los mismos titulares de proyecto solicitan. ¿Cuándo solicitan las suspensiones? Siempre que nos solicitan una suspensión para poder contestar a los ICSARA que son informes consolidados donde se reúnen todas las preguntas, consultas, solicitudes de aclaración. Pero también, hay proyectos que no vienen totalmente preparados, porque -por ejemplo- no han hecho todas las campañas de consultoría necesarias para hacer un levantamiento completo de la línea de base. Entonces, a veces, esos titulares, que no venían totalmente preparados, tienen que suspender, porque las autoridades le piden que completen la información que está trayendo, que a veces no es suficientemente completa.

La verdad es que esa es una de las principales causas por las cuales los proyectos tienen que ser suspendidos y se demoran, pero lo importante es que los plazos legales se cumplen.

– A su juicio son más bien los titulares o los que piden este mayor tiempo entonces y eso hace dilatar más bien las etapas de los proyectos…

Sí, basta ver los procedimientos. Esa es la realidad. La pandemia impactó el proceso de participación ciudadana, pero el Servicio se adaptó muy rápidamente. Tiene un procedimiento de plataformas electrónicas y fue notable cómo no se paró la evaluación, y el Servicio logró adaptarse durante la pandemia y logró incluso probar algunas fórmulas cuando era posible de participación ciudadana virtual, así que en ese sentido puedo asegurar que los plazos por parte del Servicio se cumplen.

No obstante, evidentemente entiendo que los titulares de proyecto requieren y quieran tramitaciones más ágiles. Pero si tú me dices qué mensaje le quiero dar a los titulares de proyecto es que trabajen en proyectos robustos desde lo técnico, con buenas consultorías, con buenas líneas de base, con un buen trabajo previo de relacionamiento comunitario de manera de instalarse como buenos vecinos. Muchas veces vemos que la oposición a los proyectos se debe a la desconfianza de si los titulares de proyecto van a cumplir, porque también a veces la ciudadanía ha experimentado casos de incumplimiento.

La invitación es a que vengan proyectos bien fundamentados en lo técnico, que no tengan miedo a la participación ciudadana y que incorporen participación ciudadana en la elaboración de sus proyectos, actividades también de relacionamiento comunitario durante la evaluación y también que, por ejemplo, se atrevan a considerar instancias de monitoreo participativo para que la comunidad también puede tener certeza de cómo están cumpliendo con la normativa ambiental y con las condiciones que se les han exigido en sus resoluciones de calificación ambiental.

– ¿Se ha impuesto plazos o metas en cuanto a tiempos de tramitación de proyectos, por ejemplo? 

Nosotros tenemos muy presente todos los plazos legales, tanto los que están establecidos en la Ley de Base de Medio Ambiente como los que están en la Ley de Procedimiento y nos estamos preocupando de que siempre se cumplan esos plazos legales y generando también incentivos en algunos casos para hacerlos aún más ágiles.

– Uno de los elementos principales del programa de gobierno es una reforma al SEIA que se espera por años y no ha prosperado. ¿Cómo están contribuyendo a la elaboración de ese futuro proyecto?

– Nosotros estamos siempre a disposición del Ministerio para las reformas que estime necesarias de hacer en el sistema de evaluación de Impacto Ambiental.

– ¿Pero ya están en contacto con el Ministerio como para apoyarlo en esa elaboración o no se ha iniciado todavía esos contactos para trabajar en la reforma? 

– Nosotros tenemos un trabajo permanente de colaboración con el Ministerio de Ambiente, que es quien está definiendo su ritmo en el marco del cumplimiento del programa de gobierno. Estamos siempre dialogando con el Ministerio, somos parte de una sola institucionalidad ambiental.

Polémica con Sonami: «Preocupante que se hiciera una afirmación tan liviana»

– Recientemente, el expresidente de Sonami, Diego Hernández, desató una polémica en la cena del gremio al cuestionar duramente el trabajo del SEA respecto a la tramitación de proyectos en lo que va del año. Ustedes salieron rápidamente a desmentirlo…

– En eso es muy importante hablar con la verdad. Es importante el diálogo, importante hablar con la verdad y lo cierto es que tenemos una plataforma electrónica del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que es muy fácil de consultar. Si uno usa los buscadores, ponen proyectos mineros calificados entre el 1 de marzo y 1 de septiembre, sin distinguir regiones, te encuentras inmediatamente con 20 proyectos mineros. Entonces, afirmar que no se ha aprobado ningún proyecto minero en seis meses…

– Él planteó, además, que tenían los tiempos más lentos… ¿Preocupan estos dichos de una industria tan relevante para el país?

– También es falso que tengamos los tiempos más lentos del mundo. Pero sobre todo, sí, efectivamente me pareció preocupante que se hiciera una afirmación tan liviana en una situación como esa, en la cena de la industria. Nosotros estamos muy abiertos y nosotros podemos reconocer oportunidades de mejora sin lugar a dudas. Pero es importante que, desde una industria tan importante como es la minería, podamos hablar con mayor claridad. Yo lo doy por superado, esa persona ya salió, y lo importante es que quizás eso sirve para dar a conocer nuestra plataforma y cómo la información está ahí disponible. Es muy transparente.

– Los mineros han reclamado duramente, especialmente, por los que se han rechazado.

– Aquí no hay un ánimo de rechazar proyectos, al contrario, aquí hay un ánimo de realizar una evaluación seria, técnica, que asegure el cumplimiento de la normativa ambiental, que es lo que necesitamos en un Estado de Derecho y en un contexto en que todos buscamos el desarrollo sostenible. Además, estamos en un contexto en que la ciudadanía demanda mayor protección ambiental.

Cuando vemos el resultado, si bien ganó de manera muy contundente la opción rechazo, en todos los análisis políticos muestran que en lo que hay consenso es en la necesidad de reforzar la protección constitucional del medio ambiente, con algunos matices, pero todas las encuestas que conozco y todos los análisis muestran que las personas requieren mayor protección del medio ambiente. Que hay preocupación por el agua, por las especies y que hay conciencia de que estamos ante una triple crisis como ha dicho las Naciones Unidas: climática, de pérdida de biodiversidad, y de contaminación.

– Al final del día, ¿le sorprendieron las declaraciones de Hernández o cree que de alguna manera el sector minero estaba sensible o resentido por el rechazo -por ejemplo- de un proyecto emblemático como Los Bronces?

Hay proyectos mineros que tienen evaluaciones fluidas, que tiene un buen relacionamiento comunitario y que presentan buenas líneas de base. Yo doy por superado ese incidente. A mí lo que me importa es poder contribuir desde lo técnico a ese diálogo, con verdad, para poder ir avanzando en las tareas que tenemos que son tan importantes.

– También en el sector minero, causó revuelo que el Ministerio de Medio Ambiente pidiera al SEA evaluar una revisión de la RCA de un proyecto. ¿Qué tan frecuentes son estas intervenciones?

Existe una relación permanente de coordinación. Nosotros tenemos relación con el Ministerio de Medio ambiente, con la Superintendencia de Medio Ambiente, cada uno en lo suyo. Existen varias prácticas que la ley exige de entrega recíproca, de formas para alimentar y fundar determinadas decisiones. Eso es parte de la rutina. Son materias que están en análisis, pero están en el marco de la coordinación digamos frecuente. No hay ninguna presión en ese sentido.

– ¿No da incerteza a los titulares que un permiso como este pudiese estar en peligro a futuro por algún tipo de circunstancia?

La revisión de una RCA puede hacerse de oficio o a petición de parte. También un titular puede solicitar la revisión de una RCA, es parte de los instrumentos que tenemos y que están previstos en la ley.

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