Continúa disputa por la construcción de la hidroeléctrica Rucalhue en el río Biobio

Foto: Resumen

Rucalhue sería la cuarta central y represa en el río Biobío y busca obtener una declaración de interés nacional que le habilitaría a talar bosque nativo. Fuente: El Desconcierto, 8 de octubre de 2022.


El río Biobío es uno de los más grandes del país, y ha sido continuamente foco de conflicto entre proyectos hidroeléctricos y comunidades. Hoy, organizaciones territoriales e indígenas de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco se oponen a un proyecto para construir una nueva central hidroeléctrica y embalse, que se convertiría en la cuarta represa de dicho río. La central Rucalhue, cuya controladora final es la empresa china que controla la represa más grande del mundo, busca ser declarada un proyecto de interés nacional, lo que le permitiría talar bosque nativo.

En junio de este año, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), ya había rechazado declarar el proyecto Rucalhue como de interés nacional; solicitud que había hecho la empresa para poder talar árboles de Naranjillo y de Guindo Santo, que son especies endémicas en grado de conservación vulnerable. Según el informe de la empresa, la tala de estos árboles es condición necesaria para continuar con el proyecto. Ante la negativa, la empresa presentó un recurso de protección contra la decisión de Conaf ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Un antecedente relevante es que, según un informe difundido por el medio resumen.cl, Conaf constató la corta no autorizada de bosque nativo en las obras del proyecto Rucalhue para abrir un camino hacia el río sin un plan de manejo autorizado por la corporación. Dicha fiscalización, que sucedió en marzo de este año, resultó en que Conaf interpusiera una denuncia en el Juzgado de Policía Local de Santa Bárbara.

Ante la persistencia de la empresa por habilitar la tala de bosque nativo, organizaciones territoriales profundizaron su presión hacia otros organismos del Estado, donde buscan pronunciamientos que reconozcan las irregularidades que denuncian sobre el proyecto. Han denunciado por ejemplo que la empresa utilizó el mecanismo de consulta de pertinencia para realizar cambios sustanciales al proyecto sin someterse a una nueva evaluación ambiental. También han solicitado que se caduque la concesión eléctrica al proyecto, argumentando que se incumplieron los plazos de inicio de la construcción, cosa que la empresa niega. Un documento presentado ante autoridades, recoge las acciones realizadas por las comunidades.

Comunidades en conflicto

Autoridades municipales de Quilaco y Santa Bárbara también han manifestado su oposición al proyecto y han presentado recursos de protección ante la justicia, los cuales fueron declarados inadmisibles. Una de las preocupaciones de las autoridades locales tiene que ver con la afectación a especies nativas como el Guindo Santo, del cual depende la producción de una miel única en el mundo y de alta calidad, según un estudio de la Universidad de Concepción.

Organizaciones indígenas del sector también han manifestado su descontento con el proyecto, el que ven como un nuevo incumplimiento del compromiso suscrito por el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2004 a raíz de un litigio internacional por la construcción de la hidroeléctrica Ralco. Allí el Estado se compromete a “acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado, que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del alto Biobío”.

Las organizaciones también han recurrido a otros mecanismos de acción para intentar frenar el proyecto. “Hubo un grupo que estuvo alrededor de 5 meses ocupando el lugar e impidiendo el acceso a las obras. Luego hubo una órden de desalojo y sacaron a la gente y contrataron guardias. Cuando hemos querido entrar también ha terminado gente detenida y hay personas que han sido hostigadas y que siguen siendo requeridas por la justicia”, declara Janny Figueroa Ayala, directora ejecutiva de la ONG Wekimül.

A esta denuncia se suma que, a raíz del ciberataque al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se supo que las FFAA estaban siendo informadas por la PDI sobre el grupo ambientalista juvenil Semillas de Lirquén, debido a sus manifestaciones y acciones en contra del proyecto Rucalhue.

Energía renovable

Una de las defensas más constantes de la empresa sobre el proyecto Rucalhue es que ofrece la generación de energía renovable que colabora con el objetivo de la transición de Chile hacia energías limpias. Sin embargo, cada vez se suman más cuestionamientos a lo verdaderamente renovable que puede ser la energía hidroeléctrica, debido al cambio climático y al contexto de sequía prolongada que vive el país y que, según las proyecciones climáticas, sería una realidad cada vez más frecuente.

Esto se suma a la evidencia sobre cómo la construcción de embalses fragmenta los ecosistemas fluviales y la circulación de sedimento, tan importante para la fertilidad de los suelos río abajo, así como para la salud de los ecosistemas costeros.

En este proyecto confluyen dos aspectos que han sido señalados como falencias del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): el no contemplar los impactos sinérgicos que distintas actividades pueden tener en un mismo sector o ecosistema y la falta de consideración del cambio climático y de futuros escenarios climáticos en su proceso de evaluación.

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