“El caso de Nova Austral ha causado un impacto negativo en la industria en su conjunto”

El pasado lunes se realizó una nueva sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, con el objetivo de continuar el análisis de los posibles perjuicios de carácter económico y social en relación con el procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de la empresa Nova Austral, en la comuna de Porvenir.

A esta sesión asistió el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas; y el Superintendente del Medio Ambiente (S), Emanuel Ibarra, y de manera telemática, los sindicatos de la empresa que solicitaron la audiencia.

En su intervención, el subsecretario Salas valoró el actuar de la SMA en materia fiscalizadora en el caso de las revocaciones ambientales de centros de cultivo de salmones de Nova Austral.

“Empatizamos con la preocupación que tienen los trabajadores, pero es importante que visualicen el contexto con que el Estado establece la relación con la empresa Nova Austral. Desde la Subsecretaría hemos reiterado la preocupación por las faltas sucesivas de la compañía, en diferentes niveles de ordenamientos jurídico, no solamente en materia medioambiental, sino que también en temas relacionados con seguridad en el trabajo. Pero particularmente, lo que nos preocupa es la nula disposición que ha tenido la empresa para coordinarse con el Estado y su ausencia en esta comisión es una expresión más de ese problema”, argumentó el subsecretario.

Según lo planteado por Salas, existen sólo tres empresas salmonicultoras que tienen actualmente presencia en Parques Nacionales. “Dos de ellas, llegaron tempranamente al Ministerio de Economía y a las Subsecretaría de Pesca a buscar formas de coordinación para asegurar su salida desde estas áreas, y se ha avanzado en mecanismos que posibiliten, en el corto plazo, la salida de esas empresas desde los Parques Nacionales, lo que supone que se hagan efectivas las sanciones cuando las tienen pendientes. Y en el caso de que sean reubicadas, esto no sea en Parques Nacionales, reservas o áreas protegidas, sino que en un territorio externo”.

A su juicio, siendo Nova Austral la empresa que más concesiones tiene en un Parque Nacional, no ha hecho un intento de coordinación en esta línea, “y la única solicitud de audiencia que hemos recibido por Ley del Lobby de la empresa ocurrió el jueves de la semana pasada, probablemente por la citación a esta comisión. De hecho, la tenemos agendada para esta semana”, explicó Salas.

Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por el subsecretario, el caso de Nova Austral está generando un impacto negativo, no solamente para los trabajadores de la compañía, sino que para la industria salmonicultora en su conjunto. “La industria está agrupada en tres gremios, dos de carácter interregional y uno propio de la Región de Magallanes. Los tres gremios de la industria tienen una opinión compleja respecto del comportamiento de Nova Austral”.

Fiscalización

Julio Salas comentó que las dificultades de fiscalización no se producen solamente en las temáticas sectoriales como en la SMA o Sernapesca, también le ocurre a la Dirección del Trabajo, que muchas veces tiene que acceder con sus profesionales a través de embarcaciones de la propia industria, “y allí existe una debilidad estructural para el desarrollo de la función regulatoria en esta actividad, por lo que sería importante que se pudiera generar una sinergia intersectorial que permitiera que el Estado contara con mecanismos que sean de uso, indistinto de las agencias públicas para desarrollar la actividad fiscalizadora”.

Sobre las cifras financieras de la empresa, el subsecretario expresó que es entendible que la compañía esté enfrentando una crisis financiera en la actualidad, “pero eso no obsta a que se materialicen las sanciones que corresponden. Aun así, estas dificultades financieras se hacen difíciles de explicar en el contexto de las enormes regalías que obtuvo, en su minuto, con la Ley Navarino. Efectivamente, solo el 2020 Nova Austral recibió más de US$110 millones en bonificaciones por concepto de esta Ley, por lo que es una empresa que ha vivido con un soporte de recursos público distinto a otras empresas y está en una situación de fragilidad institucional y económica mayor que el resto de las empresas”.

Según Salas, hay momentos que es razonable pedir que el Estado sea responsable en el uso de sus facultades para no generar prejuicios sociales y económicos, “pero quien desarrolla la actividad económica debe ser igualmente responsable en no llevar a la empresa a una situación de incumplimiento sostenido. Entendemos que hay 533 trabajadores vinculadas a la empresa, de los cuales aproximadamente 300 son mano de obra local y lo demás se han desplazado para trabajar en el territorio. Esto, para la envergadura de Porvenir, es una situación laboral muy compleja de afrontar”, expuso.

“Creemos que lo que mejor funciona, en materia regulatoria, es que la regulación, fiscalización y sanción, no solo generen un impacto en quien desarrolla la actividad, no para amenazar su existencia, sino que para generar un efecto disuasivo en el resto de la industria y vemos que en esto se ha avanzado de manera significativa. Lo que nos corresponde hoy, con la empresa Nova Austral, es dejar que las instituciones funciones, porque hay procesos pendientes, mal podríamos activar relocalizaciones de concesiones que están en amenaza de caducidad”, puntualizó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.