Después de cuatro años de discusión, el tratado de libre comercio firmado en febrero de 2018 –el tercero más grande del mundo– fue aprobado este martes en el Senado, pese al rechazo de un sector del oficialismo que, incluso, apeló a la reserva de constitucionalidad, alegando para esto un “vicio de legalidad” en su tramitación. A la espera de la resolución de las cartas bilaterales –para muchos un “invento” en pos de dilatar y calmar aguas, que más bien deteriora la imagen exterior del país– para que el pacto se deposite, con el patrocinio de un Estado Parte del tratado –en este caso Nueva Zelanda–, sus promotores creen que la ratificación a nivel local constituye una oportunidad para potenciar el ingreso de productos chilenos a grandes mercados internacionales, mientras algunas voces críticas alertan sobre una posible pérdida de soberanía, además de la perpetuación de nuestra matriz económica. Al respecto, expertos en tratados internacionales estiman que el debate en torno al TPP11 se ha convertido en una bandera de lucha política, más que de transformación económica. Fuente: El Mostrador, 12 de octubre de 2022.
El último gallito del Gobierno con el TPP11 después de su aprobación en el Senado
Sin sorpresas, este martes 11 de noviembre, con 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Senado aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico –más conocido como TPP11– en el último trámite legislativo para dar el visto bueno al acuerdo internacional que Chile suscribió en marzo de 2018. Mientras la mayoría de los votos en contra provinieron del oficialismo –sobre todo de sectores de Apruebo Dignidad–, desde el Gobierno la canciller Antonia Urrejola reafirmó que el Presidente Gabriel Boric esperará las cartas bilaterales (side letters), antes de promulgar el bullado tratado.
Precisamente desde Apruebo Dignidad aseguran que, después de esta votación, aún restan pasos para que el acuerdo entre en vigencia, porque el país debe depositar el pacto. Una fuente al interior de esta coalición explica que otro país integrante del pacto debe ejercer como “juez de garantía”, permitiendo que el tratado efectivamente comience a regir, un rol que en este caso recae en Nueva Zelanda.
En ese sentido, la misma fuente detalla que “una vez que se produce la aprobación por parte de todos los poderes del Estado, el Presidente Boric se va a quedar con el documento firmado, y no va a hacer el depósito para que empiece a funcionar y para que rija, hasta no tener las side letters o cartas bilaterales, que además tienen que ser aprobadas por el Congreso”.
Un “invento-resquicio” que permite ganar tiempo y dilatar el trámite, a juicio de otros sectores. Sin embargo, desde La Moneda creen que se trata de una estrategia inteligente, asumiendo que el Mandatario no está en condiciones de retirar el proyecto, entendiendo que dicha acción hubiese provocado una enorme sobrerreacción desde sectores de oposición y centroizquierda, desde donde han exigido la aprobación del tratado, después de más de cuatro años de tramitación. Ahora, asumen desde Apruebo Dignidad que el Presidente no hará el depósito del TPP11 mientras no cuente con el compromiso de las economías más grandes de que no se arbitren los conflictos en tribunales internacionales.
Cabe recordar que, si bien en un comienzo el Gobierno había decidido no entorpecer el trámite legislativo del tratado –que no forma parte del programa con el que ganó las elecciones y arribó a La Moneda–, en las últimas semanas optó por asumir un rol activo por medio de la negociación de las cartas bilaterales con el resto de los países, para que la solución de controversias entre los Estados integrantes y los inversionistas (detallada en el capítulo 9 del acuerdo) no sea aplicable.
Al respecto, la canciller Antonia Urrejola aseguró que lo que se busca es “dar una señal política relativa en avanzar en modernizar los estándares hoy existentes en materia de resolución de controversias inversionista-Estado, creando además al interior del propio foro del TPP11 una masa crítica, junto a otros países, que permita debatir y perfeccionar los mecanismos contemplados en este acuerdo comercial”.
Además, la ministra de Relaciones Exteriores ratificó que las cartas bilaterales deberán ser aprobadas por el Congreso, agregando que el Presidente “ha decidido, dentro de sus facultades exclusivas, esperar el avance de las side letters antes de ratificar el acuerdo”.
Las cartas adjuntas dicen relación con un mecanismo muy utilizado en los diferentes acuerdos comerciales preferenciales, con distintos objetivos. En este caso, la propuesta, que ya ha sido utilizada por Nueva Zelanda con 5 países del tratado, busca excluir el sistema de solución de controversias entre los inversionistas privados y el Estado.
El despliegue de la “reserva de constitucionalidad”
Desde Apruebo Dignidad, sectores como el PC, la FRVS y el Frente Amplio han evidenciado su postura contraria a la aprobación del TPP11. Además, durante el debate en Sala, el senador independiente Karin Bianchi hizo reserva de constitucionalidad, apelando a que –a su juicio– la tramitación incurrió en un “vicio de legalidad”, por no haber consultado la opinión de la Corte Suprema antes de llegar a la votación en la Cámara Alta.
En ese sentido, el parlamentario por la Región de Magallanes aseguró que la “Constitución es categórica, en cuanto ordena que todos los conflictos que se promuevan dentro del territorio de la República deberán someterse a la jurisdicción de los tribunales nacionales. (Sobre) los capítulos 9 y 28 del tratado que disponen el sometimiento de controversias a tribunales arbitrales internacionales, acá no se ha escuchado a la Corte Suprema, requisito que es fundamental para que se pueda llegar a esta instancia. Estimo que acá va a haber un vicio de legalidad respecto de esto, y me anticipo haciendo la reserva”, planteó.
Sin embargo –reconocen desde diferentes bancadas del Senado–, es poco probable que esta estrategia surta efecto, en el intento de dilatar una discusión que ya está zanjada y que solo tiene a las side letters como última barrera. Al respecto, diferentes voces académicas y expertas en tratados internacionales creen que el debate en torno al TPP11 se ha convertido en una bandera de lucha política, más que de transformación económica.
Sobre cómo ha administrado la aprobación de este tratado el Gobierno encabezado por el Presidente Boric, el senador Francisco Huenchumilla (DC) admitió que era necesario “darle una oportunidad al Ejecutivo para hacer acuerdos complementarios”, en relación con algunas dudas que eventualmente tuviese el oficialismo en cuanto a la resolución de los conflictos y controversias con la aplicación del tratado. Además, el parlamentario se mostró a favor de haberle concedido al Gobierno la facultad de tramitar las cartas bilaterales con los países respectivos.
Recordemos que el TPP11 es el tercer Tratado de Libre Comercio más grande del planeta, después del CETA (entre Canadá y la Unión Europea) y el USMCA (Canadá, Estados Unidos y México) y está integrado por 11 países del Asia-Pacífico: Australia, Japón, Singapur, Vietnam, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú y Chile.
El acuerdo –según sus promotores– permitirá el ingreso de productos chilenos con arancel cero a mercados que suman 502 millones de personas. Los sectores más beneficiados serían los agrícola y pesquero, de lácteos y carnes, además del forestal. También abarca materias laborales, de género y medioambientales. Aun así, pese a los beneficios que eventualmente traería, su eventual ratificación cuenta a numerosos detractores, expresado esto en las manifestaciones que se han sucedido en el frontis del Congreso Nacional, cada vez que se discute en el Senado.
Se debe considerar, además, que el TPP original, promovido por Estados Unidos, fue objeto de muchas críticas, y que cuando Donald Trump anunció que su país se retiraba del tratado, en marzo de 2017, la ex Presidenta Michelle Bachelet convocó a los Estados Parte a una cita en Viña del Mar con el objetivo de analizar el escenario, después de la decisión estadounidense. A partir de una serie de negociaciones de los 11 Estados restantes, el acuerdo se reformuló con el afán de dejar sin efecto varias disposiciones controvertidas –particularmente en materia de propiedad intelectual–, firmando un nuevo tratado en febrero de 2018, con el excanciller Heraldo Muñoz como uno de sus principales propulsores. Ahora, cuatro años más tarde, la discusión continúa sin resolverse, a la espera de que las cartas bilaterales permitan zanjar un debate que, en el último tiempo, ha sido más político que económico.