Gobierno anuncia reforma al SEIA e inicia reuniones para presentar proyecto en 2023

Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, ya ha sostenido citas con la CPC, Sofofa, Fima y Terram, y adelanta que el proyecto tomará referencias de los esfuerzos realizados por las administraciones de los expresidentes Bachelet y Piñera. Fuente: El Mercurio, 30 de noviembre de 2022.

En medio de la crisis económica que vive el país y las críticas en torno a la tramitación de grandes proyectos de inversión, aumenta la presión sobre el proceso de evaluación ambiental de las iniciativas. A esto se suman reparos y diagnósticos que califican de obsoleta la actual normativa en la materia, existiendo intentos de ajustes en los dos últimos gobiernos, pero que no se concretaron.

En ese contexto, el Ministerio del Medio Ambiente dio inicio a una serie de reuniones para recoger opiniones para impulsar una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluida en el programa de gobierno.

La ministra del ramo, Maisa Rojas, confirmó que a la fecha se han reunido con las ONG FIMA, Terram, además de los gremios empresariales CPC y Sofofa. Esto, con la idea de recoger las inquietudes de estas organizaciones sobre qué se quiere cambiar, a lo que se suman diversos informes, y el trabajo realizado en los gobiernos anteriores.

En tanto, habrá nuevas reuniones, por ejemplo, con los asesores de los parlamentarios, con la idea de ingresar una propuesta a la Cámara de Diputados durante el primer semestre de 2023. “Estamos en un proceso para reformar la Ley 19.300, justamente para robustecer la institucionalidad ambiental. Necesitamos una institucionalidad fortalecida, como corresponde al siglo 21 y a los desafíos que tenemos que enfrentar. Después de 12 años, nos toca avanzar en modificaciones o reformas al SEIA, y también en la protección ambiental, con instrumentos más acordes”, sostuvo la ministra Rojas.

Los focos de la reforma

Tras conocerse los planes del Ejecutivo, distintos gremios y expertos comentaron cuáles son las principales dificultades que enfrenta el sistema actual, coincidiendo la crítica en torno a las comisiones de evaluación ambiental de carácter regional, que incluso han aprobado o rechazado proyectos en contra de la opinión técnica del Servicio de Evaluación Ambiental.

Para la abogada socia de Barros, Silva, Varela y Vigil, Claudia Ferreiro, si bien en Chile se ha logrado tecnificar la evaluación ambiental, al mismo tiempo, se ha sido incapaz de alejarla lo suficiente de la discusión política, por lo que apunta a que reformar, “necesariamente, pasa por modificar la institucionalidad ambiental. Si, por ejemplo, se opta por eliminar el Comité de Ministros como órgano que resuelve las reclamaciones, será fundamental revisar las Comisiones de Evaluación Regionales, pues el argumento que sirve de crítica para el primero, es decir, que su decisión es política y no técnica, es igualmente válido para las segundas”.

El abogado socio de Guerrero y Olivos, y exdirector de la Conama, Clemente Pérez, apunta también a la arbitrariedad de las comisiones de evaluación, y agrega que es fundamental fortalecer la ventanilla única, “ese es un principio rector que se acabó, se suponía que con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) tenías todos los permisos obtenidos, y en la práctica, hoy hay que seguir llenando papeles en todos lados, a veces sin ningún sentido, porque son totalmente ambientales, eso explica las dilaciones del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), o la Dirección General de Aguas (DGA), que tardan meses o años en permisos que deben estar contenidos en la RCA”.

Para el abogado socio de Moraga & Cía. y exsubsecretario del Medio Ambiente, Jorge Canals, una de las claves del proyecto debe ser el fortalecimiento de la participación anticipada de proyectos estratégicos e instalación de capacidades en las comunidades por el SEA, así como fortalecer y coordinar los servicios que entregan permisos para acelerar la tramitación de proyectos y darles sentido a exigencias: especialmente CMN, Salud y Agricultura.

Discusión

En el marco de la comisión de Medio Ambiente del Senado, este martes gremios como la CPC advirtieron de una mayor exigencia en la admisibilidad de proyectos, así como un aumento en los desistimientos.

En esta línea, entregaron una serie de propuestas, como robustecer la predictibilidad de los criterios técnicos exigidos por la autoridad, avanzar en la uniformidad de criterios, sociabilizar la elaboración de guías con los privados, y avanzar en la unificación de las vías de impugnación de las RCA, entre otros.

“Se dice que los titulares presentan malos proyectos. En general, los proyectos se presentan con la información disponible, basados en los criterios disponibles, mientras mayor claridad respecto a los mínimos que se deben cumplir, eso beneficia a todos”, aseguró la directora de la comisión de sustentabilidad de la CPC, Paulina Riquelme.

También participó de la instancia el director de la ONG Fima, Ezio Costa, y advirtió que el sistema actual no les ha dado a las personas ni a las comunidades las certezas sobre sus vidas, por lo que se hace urgente reformar.

“Hay una tremenda presión por dar más certezas a inversionistas y, por tanto, a proyectos que modifican territorios, restando certezas a las personas que habitan, ahí vemos un problema donde creemos que hay que establecer algún tipo de equilibrio entre certezas de una parte y otra”, dijo Costa.

Desde Sofofa, en tanto, dijeron ver con preocupación que al finalizar el tercer trimestre de 2022 se contabilizaban 26 proyectos de inversión rechazados por un monto de US$ 4.002 millones, lo que refleja un aumento relevante en esa tasa de rechazo respecto de años anteriores, siendo aún más complejo que ocho de ellos, con una inversión de US$ 300 millones, tenían un informe técnico favorable.

“Hay proyectos, como Los Bronces Integrado, que si bien tienen impacto relevante en términos positivos de dinamizar la inversión, se rechazó por causas que a nuestro juicio no están debidamente fundadas”, dijo el director del centro de Medio Ambiente del gremio, Jorge Cáceres.
Desde el Consejo Minero, el presidente ejecutivo de la entidad, Joaquín Villarino, sostuvo que “esta es una reforma aclamada transversalmente por organizaciones no gubernamentales, funcionarios del Estado y el mundo privado, pero que no ha tenido lugar, porque requiere mucha energía y mucho tiempo, pero mientras más nos demoremos en hacernos cargo, más siguen sufriendo las comunidades con los proyectos, y las empresas con el desarrollo de las inversiones”.