Super (s) del Medio Ambiente y sanciones a empresas “con poder” que cometen ilegalidades: “Son decisiones que hay que tomar”

El ya conocido caso de la salmonera Nova Austral, que cometió irregularidades al manipular las estadísticas de mortalidad de los salmones para ocultar las verdaderas cifras a Sernapesca, es uno más de los que ha debido enfrentar la Superintendencia del Medio Ambiente. En este caso en concreto, adoptaron distintas medidas, como la revocación del permiso ambiental, algo inédito en la legislación chilena. Por tal motivo, el superintendente (s) del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, tuvo que ir hasta el Congreso para explicar esta drástica sanción contra una empresa con “poder”, es decir, que da empleo en zonas alejadas y genera ingresos para las comunidades aledañas.

Ibarra, en conversación con El Mostrador, se refirió a este tipo de sanciones que hay que tomar contra tales empresas. Esto, a raíz de otro caso conocido en el último tiempo, el del socavón de 60 metros de profundidad que apareció en Tierra Amarilla y cuya responsabilidad recaía en la Minera Ojos del Salado.

– Ustedes demoraron tres meses en establecer que había una responsabilidad de sobreexplotación minera en el caso del Socavón de Tierra Amarilla ¿cómo fue que  llegaron en este corto plazo a establecer esa responsabilidad?
-Bueno, fue un caso bien complejo, la población estaba muy asustada, porque estamos hablando de que donde ocurre el socavón –se llama subsidencia el término técnico– tenemos una población que está a 500 metros del lugar. Entonces, aquí partió una mesa interinstitucional que fue coordinada por la ministra Marcela Hernando, de Minería, y dentro del plan que se hizo, que era actuar muy rápido, Sernageomin, la DGA y la superintendencia investigamos con todos los recursos que teníamos.

-¿Eran suficientes los recursos para investigar?
-Nunca son suficientes los recursos en estas instituciones, la verdad. Pero lo que teníamos a mano, todo lo pusimos. La oficina regional estuvo completa dedicada a este caso, por las repercusiones que tenía. Estamos hablando de un caso en que la población estaba muy inquieta y, en ese afán de querer resolver pronto, llegamos a la conclusión, junto con la DGA y Sernageomin, que aquí era un tema de sobreexplotación minera, en un lugar donde efectivamente había límites para explotar y donde la empresa Minera Ojos del Salado, del distrito Candelaria, superó los límites ambientales que tenía y genera este socavón.

-Dentro de los cargos se produjo también una filtración de los acuíferos en una zona en que el agua es escasa…
-Totalmente y esa es la gravedad de este caso, justamente lo que vieron las personas, lo que vio la gente en la televisión, en los distintos medios, era el socavón. Y nosotros descubrimos, en nuestra investigación, cuatro problemas de la empresa asociada a su ejercicio, a su actividad. Primero, estaba sobreexplotada, primer cargo, un cargo grave, había una sobreexplotación, y en el lugar donde estaba el socavón, justo abajo, hay un caserón –el caserón es el lugar donde se extrae mineral– y es en ese caserón donde se hace la sobreexplotación. Se llegó a sobreexplotar, se rompe el techo del caserón, y la inestabilidad –el relleno– habría generado el socavón y por eso tiene esa forma. El segundo cargo que nosotros levantamos es que la empresa estaba interviniendo lugares donde no estaba autorizado ambientalmente, donde no estaba contemplado su permiso ambiental y dentro de los lugares donde interviene llega al sector de un acuífero, al sector cuatro del río Copiapó, un acuífero altamente impactado. Teníamos otra empresa asociada a esta compañía que también había tenido un sanción por afectar ese acuífero, que es Candelaria, y justamente fue un segundo cargo que lo calificamos como gravísimo, porque finalmente, como ocurre el socavón, ocurre el desprendimiento, se “pincha” el acuífero y empieza a filtrar agua dentro de la mina y el problema es que alcanzaron a pasar millones de metros cúbicos hacia dentro de la mina –nosotros calculamos cuánta agua pasó–, que se fue acumulando en las partes superiores subterráneas y era mucha agua, alcanzaba…

-Estamos hablando del desierto, o sea, no estamos hablando de otra zona…
-Estamos hablando del desierto, estamos hablando de una zona con escasez hídrica e hicimos el cálculo y el agua que se alcanzó a filtrar alcanzaba para la demanda del consumo humano de todo Tierra Amarilla por cinco años. Entonces, es para nosotros un hecho grave, gravísimo, lo clasificamos así y lo calificamos como un daño ambiental. Y otros dos cargos menores, que se asociaban a que los camiones que justamente usaba la empresa tenían un tonelaje mayor al permitido y que llevaban el mineral a lugares que no estaban contemplados en su autorización ambiental. Entonces, estamos hablando de un caso grave, estamos hablando de un componente ambiental que es el agua, que en ese sector es súper sensible y, por lo tanto, fuimos con un caso grande, un caso fuerte y que da una explicación sobre lo que pasó y eso nos permitió también darle respuestas a la comunidad. Hoy, el tema que estamos resolviendo es el agua. El agua afortunadamente dejó de filtrarse, ya se hicieron muros subterráneos, en coordinación con la DGA y el Sernageomin se fueron ordenando estas medidas, y hoy se está viendo qué hacer con esa agua que se acumuló abajo y, también, viene una serie de responsabilidades y nuestro propio procedimiento que tiene que seguir adelante con la prueba que presente la empresa con las alegaciones, pero con esta gravedad, que involucra que hay una negligencia.

-Dos cosas en eso: claro, yo entiendo que la superintendencia es el último eslabón y después los Tribunales Ambientales, pero aquí hubo una falla de fiscalización también…
-Lo que pasa que la detección temprana de este tipo de conductas es muy compleja, sobre todo estamos hablando de hidrogeología, subsuelo y la fiscalización que ocurra ahí es bien compleja, sin perjuicio de –como te comenté– que son instituciones que requieren de refuerzo de personal y recursos…

-Sernageomin, de hecho, hace poco le bajaron el presupuesto y están alegando que efectivamente con la baja de presupuesto bien difícil se les hace realizar la tarea.
-Efectivamente hay una sensibilidad que compartimos con nuestros compañeros del Sernageomin y la DGA, que son los recursos para poder hacer un trabajo más acabado y de mejor manera. Por eso nosotros creemos que, en la responsabilidad empresarial, nosotros no estamos pidiendo un sobrecumplimiento: aquí, las empresas no están cumpliendo un mínimo.

-Acláranos eso Emanuel, ¿las empresas no están cumpliendo un mínimo?
-Algunas empresas, yo no quiero condenar a la industria, porque tenemos empresas que se portan bien, cumplen, pero las que no, y con este hecho grave, no están cumpliendo mínimos, Héctor, que establece su evaluación ambiental. Imagínate que, cuando uno estudia los socavones y los orígenes, justamente pasa cuando uno hace mal uso del subsuelo, de lo que extrae, tanto sólido como líquido. Entonces, por lo tanto, esta empresa, por medio de la investigación, logramos acreditar que tenía conocimiento de que aquí podría haber socavones; entonces, eso llama a que uno debería ser muy diligente en cuanto a lo que extrae, dónde está actuando en el subsuelo, y lo que ocurre acá es que justamente esto no se cumplió y eso para mí son mínimos que no se cumplen.

– Cuando la institucionalidad trabaja en función de detectar un problema grave surge la alternativa de una multa, pero en este caso estamos hablando de que Ojos del Salado podría enfrentar una multa superior a los 13 mil millones de pesos. No es la multa más grande, pero no deja de ser importante y, además, arriesgan también la cancelación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
-Efectivamente las multas son altas, estamos hablando de más de 13 mil millones de pesos que se arriesgan acá, también se arriesgan sanciones no pecuniarias –no es una multa–: son revocación del permiso ambiental o clausura. Hemos dicho nosotros que estas sanciones, en el escenario económico en el que estamos, tenemos que pensar bastante bien porque no es llegar y cerrar una empresa, llegar y dejar personas sin trabajo, pero también tenemos que ponderar la gravedad de las cosas que están pasando y, como tú dices, Héctor, yo creo que efectivamente ha habido un efecto disuasivo de que la autoridad está aplicando multas altas, que las puede aplicar y que, cuando las multas no son suficientes, puede quitar también permisos, como lo que pasó con la empresa salmonera Nova Austral, y fíjate que son señales que se van sintiendo en el mundo empresarial. De hecho, se han acercado empresas por la Ley de Lobby a mejorar su conducta, a autodenunciarse incluso, porque ven que las respuestas severas que pueden venir son fuertes y eso genera este desincentivo, porque nuestro objetivo como institución no es sancionar, es que se cumplan la ley y la normativa ambiental. Y cuando logramos ese objetivo, nosotros estamos contentos.

– El año 2017 se establecieron más de diez cargos contra la minera Doña Inés de Collahuasi. porque no había un control de los recursos hídricos, y ahora ustedes aceptan el programa de cumplimiento de Collahuasi de 50 mil millones de pesos. Este plan debe estar dentro de los más cuantiosos de la historia del servicio, ¿no?
-Así es, lo digo feliz, porque a mí me gustan los incentivos a los programas de cumplimiento porque es dinero invertido en territorio.

-¿Cómo es eso?
-Cuando nosotros cursamos multas, si llegamos a sancionar y aplicamos una multa, va al fisco en general, pero cuando el programa de cumplimiento exige acciones, esas son acciones para corregir las infracciones donde ocurren y en este caso estamos invirtiendo, por lo tanto, dinero en el territorio donde ocurre la infracción, y por eso a mí me gusta, porque es dinero que se está compensando en la situación de incumplimiento del lugar y efectivamente este año hemos tenido dos casos bien grandes: SQM Salar, que fueron 46 mil millones de pesos un programa de cumplimiento; Collahuasi, 50 mil 400 millones de pesos. Y son programas que son súper ambiciosos, que en ambos casos las empresas se comprometen en reducir la extracción de agua, en el caso de SQM incluso de salmuera, y son reducciones no menores, de hasta el 50% de lo que tenían permitido, entonces el impacto ambiental que eso va a generar en el futuro es muy positivo. Y también son programas en que hemos incluido mucho a la comunidad, acá estamos hablando de que hay comunidades indígenas que se han visto afectadas por estas infracciones y que hemos integrado sus visiones. De hecho, en el de Collahuasi es súper interesante, porque me tocó estar personalmente en el lugar, estar en la comunidad, percibir su percepción sobre la situación y la verdad que en ambos casos la intentamos ponderar de la mejor manera. En ambos casos van con programas de monitoreo participativo, donde se incluye a la comunidad. En el caso de Collahuasi, se le prestará dinero a la comunidad para que contrate sus propios monitoreos –por un tema de confianza–, para que ellos confíen en un sujeto que les diga cómo está funcionando el proyecto y que haya una seguridad de que no está siendo mal pagado, que no está siendo dirigido. Hay programas de enriquecimiento, de riego, de plantación, donde vamos a usar la mano de obra de la comunidad, hay conocimiento de la comunidad pagado por la empresa, entonces son instancias que son súper beneficiosas para el medio ambiente, a mi juicio.

-No debe ser fácil tampoco trabajar con las empresas, me imaginó que hay una oposición bastante férrea también, tanto como para las multas como para cumplir estos programas.
-Son programas que se negocian por mucho tiempo, lo que también recoge visiones que los tribunales nos han entregado, Tribunales Ambientales, la Corte Suprema y, claro, por eso tienen estos montos millonarios, se van negociando, se van exigiendo. Últimamente las empresas han tenido buena disposición a usar esta herramienta, porque también ha habido incentivos de nosotros mismos a facilitar el uso de la misma. Se van sin multa al final, no queda el registro de una sanción, y por eso nosotros queremos ser exigentes, que presenten programas de cumplimiento buenos, que haya compromiso real, que en el fondo no solo presente la infracción sino los efectos, que vean una oportunidad de poder reconciliarse, mejorar las relaciones con la comunidad, entonces, queremos aprovechar esa herramienta para exigirle el máximo.

-Expliquemos bien, el programa de cumplimiento es una alternativa a la multa, ¿no?
-Es una alternativa. Cuando a un sujeto nosotros le formulamos cargos, ellos tienen dos caminos: o se defienden y presentan sus descargos como dice la ley, o presentan un programa de cumplimiento donde yo digo ‘OK’ y acepto lo que me dice la superintendencia y yo presento un plan con acciones para hacerme cargo de esto y de los efectos que yo produje. Y por eso para nosotros es interesante que las empresas usen esta herramienta, desde nuestra mirada institucional siempre la queremos incentivar y va a haber exigencias importantes, porque como el premio es importante también, de que no se va esa sanción, queremos que sean programas de cumplimiento que tengan una incidencia real en el medio ambiente.

-Hace poco tiempo un informe que hizo la ONG Terram determinó que hay muchísimos centros que tienen sobreexplotación, que provocan daño ambiental, que dejan el mar sin oxígeno, y ustedes en ese mismo campo ya comenzaron a establecer sanciones e, incluso, también a cerrar centros.
-Sí, es bien interesante el informe Terram, me tocó revisarlo y hacer un levantamiento de los casos con sobreproducción, y se revela que es bastante, son de hecho de las preocupaciones que uno ve en las denuncias, en las relaciones con las ONG. La sobreproducción de salmones en Áreas Protegidas es un tema súper relevante.

-Claro, porque son Áreas Protegidas, no es cualquier lugar…
-Y por eso nosotros, nuestra respuesta frente a eso, es que la sobreproducción es uno de los temas que estamos fiscalizando en gran medida. De hecho, queremos hacerlo de manera remota y progresiva el próximo año, ese es un proyecto que tenemos con nuestra área de fiscalización y justamente, como son casos complicados, que haya una empresa que sobreproduzca y no pequeñas cantidades, estamos hablando de un 30% más y genere un daño ambiental, en un área protegida que es un Parque Nacional, y nos damos cuenta de que es un infractor que es un contumaz, tiene que llegar el momento de que estas sanciones son sanciones que se basan en criterios objetivos que los mismos tribunales nos han entregado, no es llegar –como te decía– y cerrar una empresa, cerrar un centro, por supuesto que analizamos la capacidad económica de la empresa, que ha sido muy bullada en este tiempo, que se ha peleado harto sobre esto. Pero son decisiones que hay que tomar, nosotros lo decimos con mucho convencimiento, me tocó firmar esa decisión y creo que es una decisión correcta y proporcional frente al daño que se produce en una área protegida, y vuelvo a decir: no estamos exigiendo sobrecumplimientos, estamos exigiendo mínimos, y cuando uno está actuando en una Área Protegida, con una empresa de salmones que tiene ganancias millonarias, lo mínimo que puede hacer es producir lo que dice su permiso ambiental y eso no se estaba cumpliendo.

-En este caso, sobre la decisión que tomaron de cancelar la RCA a algunos centros de Nova Austral, tú fuiste invitado a la Cámara, a la Comisión, a dar cuenta de esto. Me llama la atención, pero ¿por qué fuiste llamado?, ¿para dar a conocer las acciones de la superintendencia o percibiste cierta preocupación de parte de las empresas sobre este tipo de actitudes?
-Yo creo que, bueno, me gustó esta invitación porque es la revocación de un permiso ambiental que es la primera vez que se aplica, nunca había pasado. Entonces, yo dije esto va a generar una repercusión y va a haber que dar explicaciones o explicar, y yo creo que lo mejor es explicar las decisiones. Así que el Senado, con la Comisión de Medio Ambiente, recibió a los sindicatos de los trabajadores que tienen un legítimo temor, que dicen están cerrando los centros, qué pasa con mi trabajo, obviamente no vamos a entender, y fueron los sindicatos a mostrar esa preocupación de un posible cierre. Nosotros fuimos a dar nuestra visión al respecto, que por supuesto que nos pusimos en ese escenario, que por supuesto que vimos que la empresa no estaba sola en Chile, que tiene importantes controladores, que de hecho acaban de inyectar millones de dólares a las empresas…

-¿Cómo es eso?
-Hace poco se supo que uno de los controladores, Altor, que tiene Nova Austral, le inyectó varios millones de dólares a la empresa. De hecho, sus informes financieros lo adelantaban un poco y nadie le inyecta millones a una empresa que cree que no va a funcionar o que no va a resultar. Nosotros creemos que Nova Austral, además, tiene un cambio de administración que sí reconocemos, creemos que da un giro ambiental importante a la compañía para que tenga un buen comportamiento, tiene muchos otros centros donde puede producir, y también hicimos un análisis económico de la situación y creemos que son sanciones que se tienen que aplicar, no estábamos poniendo en riesgo el trabajo de las personas. En ese contexto, fuimos a explicarles esto mismo a los senadores y senadoras para que tuvieran conciencia de que esto no era una decisión antojadiza, no es una decisión que no considera el factor empleo, menos en estos momentos, pero es una decisión necesaria, porque estos daños no se pueden tolerar.

-Citando el mismo informe de Terram, la ONG contrasta la actitud de la superintendencia con la falta de una normativa que haga que, cuando se otorguen permisos ambientales, se tome conciencia y consideración sobre las sentencias, multas, y eso no está pasando hoy en día. En otras palabras, una empresa que ha sido infractora tiene un historial de infracciones y, después, presenta un nuevo proyecto y, a la hora de ser evaluado medioambientalmente, no se toma en consideración el historial que tiene para atrás esta empresa.
-Súper interesante este tema, porque es efectivo, la norma cuando le permite a un proyecto tener una nueva autorización, un nuevo permiso, dentro de la evaluación ambiental no dice que haya que considerar su historial negativo o su situación de sanción, pero claramente son cosas que hay que empezar a ponderar, ya estamos frente a un sistema que tiene diez años de sancionatorio nuevo, que tiene sanciones más duras, tenemos sanciones que reflejan muchas conductas ambientales que son inaceptables. Yo creo que se debe trabajar. De hecho, desde el CEA, desde el ministerio se ha levantado este punto de empezar a trabajar en algo que pueda reflejar muy bien esta situación, porque, como tú dices, es bien extraño cuando uno llega con una sanción que refleja una cosa súper grave y que después se entregue un permiso como sin más.

– Hay empresas que mejoran su conducta, pero también hay otras empresas que son contumaces, que tienen una infracción, luego tienen otra, acumulan, acumulan y siguen recibiendo permisos favorables en donde presumiblemente podrían cometer los mismos problemas.
-Yo creo que este es uno de los puntos que hay que empezar a regular, yo creo que, ya a la altura que llevamos, eso que menciona Terram es súper cierto: hay que empezar a regular sobre esto, sobre que cuando estamos frente a infractores de este tipo, contumaces, tenemos que tener una visión distinta o un cuidado distinto al momento de entregar los permisos, y también nosotros un cuidado distinto en cómo fiscalizarlos, no tenemos por qué pensar que de un día para otro van a cambiar conductas, vamos a tenerlos en el ojo hasta que de verdad eso se compruebe.

 -Existe un proyecto para regular el “greenwashing”, el lavado verde de aquellas empresas que dan una apariencia de sustentabilidad, pero aparentemente es letra muerta.
-Sí, son proyectos complejos. A mí todo lo que sea más transparencia es mejor, que las personas sepan a la empresa que se están enfrentando, que si puede decir algo que no se condice con la realidad, que dice que es muy verde, pero en realidad se comporta pésimo con el medio ambiente, que se puede conocer. Yo creo que entre más transparencia, mejor funcionan las cosas. Nosotros desde la superintendencia estamos intentado hacer un portal como público del regulado –que es uno de nuestros proyectos que tenemos para el próximo tiempo–, donde las personas van a poder entrar a identificar la empresa y ver todo su historial, permisos, sanciones, medidas, porque yo creo que es importante que se empiece a conocer lo que pasa con las empresas. Todas las empresas tienen el derecho a cambiar el rumbo, sin embargo, hay cosas que se tienen que conocer con transparencia, y que haya un acceso público a esta información es muy positivo.

-¿Tú sientes que la Superintendencia del Medio Ambiente está trabajando para esa función, como para dar claras señales de que hay cosas aceptables y otras claramente inaceptables?
-Sí, justamente yo creo que ese es nuestro objetivo, lo del cambio climático, la crisis hídrica, que son lineamientos que el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando mucho, nosotros lo hemos bajado a la fiscalización. Y lo que queremos bajar de forma clara, de forma contundente, que aquí hay una ley, que hay normas que cumplir y que, cuando no se cumplen, nosotros las vamos a hacer cumplir; y cuando es reiterado el incumplimiento, nosotros vamos a tener señales claras y contundentes al respecto. La ley está para cumplirse y nosotros vamos a estar en esa tarea y compromiso, que además es algo que los funcionarios y funcionarias del servicio tienen muy claro e impregnado.