Aumentan los cuestionamientos al Proyecto de Puerto Exterior

El pasado Viernes 16 de Diciembre, con alta participación ciudadana, cerró el proceso de observaciones a la Adenda del Proyecto Puerto Exterior (PE) de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), revelando un alto grado de interés y de oposición frente a este proyecto estatal que contemplaba una inversión de US 3.500 millones para la ampliación portuaria sobre el ecosistema de la desembocadura del Río Maipo, en San Antonio.

La activa oposición ha visibilizado una serie de impactos significativos que traería este proyecto a la zona. Desde múltiples sectores de la comunidad local y desde organizaciones ambientalistas se manifestó un gran descontento ante la falta de criterios de la empresa estatal al plantear un proyecto invasivo que, según estos, sacrificaría a la ciudad y provincia de San Antonio.

Las principales preocupaciones manifestadas a través de las observaciones en torno al proyecto (PE) están relacionadas con el impacto sobre los ecosistemas y biodiversidad, la economía local, la calidad de vida de la comunidad, las extracciones de agua, el uso de explosivos en áreas rurales y la destrucción de la tradicional playa y balneario de Llolleo, que también afectaría a la pesca artesanal, el turismo y los derechos consuetudinarios de pueblos originarios; siendo las anteriores sólo algunas de las cientos de observaciones a las que el titular (EPSA) no ha dado respuestas.

Por otra parte la presentación de la Adenda contempló “una dificultad abusiva para que la ciudadanía y el mismo Servicio de Evaluación Ambiental pudieran hacer revisión del estudio, con 22.000 páginas, archivos encriptados y un periodo de tiempo muy acotado para la realización de observaciones”, comentaron desde Chile Ambiental. Ante tal escenario la ciudadanía decidió activarse, y a través de un arduo trabajo colaborativo promovieron la participación: “Evaluar un proyecto de la complejidad de Puerto Exterior, ha significado un trabajo comunitario importante, que la ONG Ojos de Mar asumió con compromiso y se organizaron campañas tanto presenciales como virtuales para difundir y buscar los apoyos técnicos para lectura de las más de 22mil páginas que presentó el titular” comentó  Ana Laura Galarza.

Al respecto, desde la organización comentan que la ciudadana fue capaz de organizarse y junto al apoyo de la ONG Ojos de Mar  y la alianza y asesoría con ONGs relevantes y especializadas en materias ambientales como Chile Ambiental y ONG FIMA.

Fue también el esfuerzo y gestión de la ciudadanía y las organizaciones medioambientales locales la solicitud y aprobación de la extensión de plazo del proceso de la PAC, petición que nunca en la historia había sido acogida por el SEA y que sienta un precedente a nivel nacional. “Fue un hecho histórico,  que le permitirá a otras comunidades solicitar ampliaciones de plazo para evaluar los proyectos que los afectan” señaló Liliana Plaza, ONG Ojos de Mar ,solicitante de la ampliación de plazo.

Las organizaciones sociales, territoriales y ambientales de San Antonio, junto al apoyo de grupos ambientalistas nacionales y la academia, señalan defender con argumentos su derecho a tener calidad de vida además de un puerto. En este sentido las observaciones también ponen en duda la pertinencia de una expansión portuaria, considerando que el actual puerto no opera al 100% y antes de crecer debiera optimizar sus recursos, profesionalizar su logística y modernizarse.

Al respecto, desde la ONG Ojos de Mar, afirman que es  evidente que la creciente oposición a este proyecto, que ha ido en aumento desde el ingreso del mismo al SEA en 2020, es producto de que la ciudadanía se ha ido interiorizado de las afectaciones a su entorno inmediato y no solo al ecosistema de los Ojos de Mar y playa de Llolleo.

«Constituye un hecho histórico y relevante que sienta un precedente en la defensa territorial y la participación ciudadana el hecho de que en una segunda etapa PAC se hayan registrado más de 3.500 observaciones, dejando en el ambiente un claro y fuerte llamado a las autoridades e instituciones a cargo de que la ciudadanía quiere ser escuchada y reclama su derecho a no ser una Zona de Sacrificio más en Chile»,  puntualizan.