Balance Ambiental 2022: incumplimientos de la industria salmonera al interior de áreas protegidas

En el capítulo de Salmonicultura del Balance Ambiental 2022, Fundación Terram resalta el anuncio del Presidente Gabriel Boric de excluir a la salmonicultura de las áreas protegidas, a pesar de que hasta hoy solo se ha materializado en la relocalización de dos centros fuera del Parque Nacional Laguna San Rafael. También, se revisan los procedimientos sancionatorios abiertos por la SMA contra empresas salmoneras por casos de sobreproducción dentro de áreas protegidas, y las 280 concesiones que, pese a encontrarse en causal de caducidad, siguen vigentes producto de la omisión de las autoridades. Fuente: El Desconcierto, 22 de diciembre de 2022.


En una nueva versión del Balance Ambiental, titulado “Las apuestas del ¿Gobierno ecologista?”, Fundación Terram analiza los acontecimientos más importantes en materia ambiental del país durante el 2022, poniendo énfasis en el primer año del Gobierno de Gabriel Boric.

En su capítulo de salmonicultura, el documento releva el anuncio realizado por el Presidente Boric al inicio de su mandato, donde señaló que “en las áreas marinas protegidas no puede haber industria de la salmonicultura”, lo cual permitió dar visibilidad a esa problemática.

Pese a ello, desde Terram cuestionan la estrategia definida por el Gobierno para sacar salmoneras de las áreas protegidas, consistente en su relocalización hacia fuera de sus límites, tal como ocurrió con los dos centros de Cooke Aquaculture ubicados en el Parque Nacional Laguna San Rafael, Región de Aysén, y que según la ONG se encontrarían en causal de caducidad por suspender operaciones por más de dos años, tal como establece la Ley de Pesca y Acuicultura.

Asimismo, el documento resalta las 280 concesiones salmoneras ubicadas dentro de áreas protegidas que se encontrarían en causal de caducidad por no haber iniciado operaciones de cultivo durante un año desde que fueron entregadas a sus titulares, o por haber suspendido actividades por más de dos años sin contar con una ampliación de plazo de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que les haya permitido sortear dicho incumplimiento a la ley, tal como develó una investigación realizada por la propia ONG.

Para Christian Paredes, abogado de Fundación Terram y autor del capítulo, “el Gobierno debe hacer cumplir la ley poniendo fin a la actividad salmonera dentro de las áreas protegidas cuanto antes, comenzando por los parques nacionales, tal como lo anunció hace ocho meses, pero no solo a través de relocalización de los centros de cultivo, sino también caducando las concesiones que hayan incurrido en causal de caducidad, materia en la que los órganos competentes han demostrado ser especialmente permisivos. De lo contrario, se estaría realizando un nuevo perdonazo a esta industria”.

En materia de fiscalización y sanción, por su parte, se destaca como uno de los hechos más relevantes del año la revocación de los permisos ambientales de tres centros de cultivo de salmones de la empresa Nova Austral que en julio impuso la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) debido a la superación excesiva de los límites de producción máxima autorizada en sus permisos ambientales al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini en la Región de Magallanes (Cockburn 14, Cockburn 23 y Aracena 10).

Otro de los temas relevados en el Balance Ambiental son los accidentes laborales de buzos que se desempeñan en la industria salmonera, y que, durante el 2022 siguiendo con la lamentable tendencia de años anteriores, tuvieron resultado de muerte en las tres regiones australes, dejando en evidencia la precaria condición laboral en la que se desenvuelven estos trabajadores.

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