Crisis Climática y desafíos ambientales del Gobierno

Durante los primeros meses de gobierno se percibía lentitud en la gestión, como también inexperiencia en la administración pública, a lo que se sumó el desconocimiento en algunas materias y cierta lentitud en generar acciones concretas asociadas a la expectativa de lo que saldría del proceso constituyente. En ese sentido se puede decir que el gobierno partió lento en materia de gestión ambiental, aunque hubo actos públicos que le otorgaron un sello ambiental a la gestión de Boric, como fueron la firma en La Moneda del Acuerdo de Escazú, la Promulgación de la Ley de Cambio Climático o el anuncio del cierre de la Fundición Ventanas de CODELCO.

Poco a poco las autoridades se han empoderando en rol, mejorando el manejo de los temas que son de competencia de su cartera y generando coordinaciones intersectoriales, como ocurre con el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa y Responsable, la Oficina de Transición Socioecológica Justa, y también con la mesa de coordinación Intersectorial para temas de acuicultura, surgida luego de una investigación publicada por Fundación Terram relativa a concesiones salmoneras en causal de caducidad que siguen vigentes.

El problema de declarar que este será el primer gobierno ecologista de Chile es que eso genera muchas expectativas en organizaciones ambientales y movimientos locales que han presentado resistencia a grandes proyectos de inversión o que han estado denunciando los permanentes incumplimientos de diversos sectores empresariales.

La generación de expectativas es algo complejo de manejar cuando se tiene un rezago importante en materia ambiental. Si nos adentramos en cada temática y/o problemática, podremos ir encontrando un patrón común, y es que desde el de Frei Ruiz Tagle hacia adelante, los sucesivos gobiernos hicieron lo mínimo posible en materia ambiental. En general, poco importó la contaminación, las zonas de sacrificio, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la sequía y desertificación, mucho menos les ocupó la fiscalización o asegurarse de que las empresas presentaran estudios de impacto ambiental de calidad, y es que lo que primó durante los últimos 18 años en la gestión ambiental, solo fue tener una lista de cumplimientos mínimos (check list) para mostrar a nivel internacional.

En ese sentido, hacerse cargo de los rezagos y además prometer que éste será el primer gobierno ecologista es, por decir lo menos, algo ambicioso y complejo, más aún cuando no se tiene la mayoría en el parlamento.

Solo a modo ejemplo, el anuncio de que se terminaría con las zonas de sacrificio, es un anuncio que si no se conoce bien la problemática corre el riesgo de aparentar incapacidad de gestión, pues ello exige acciones concretas para descontaminar, lo cual pasa por tener una normativa y capacidad de fiscalización adecuada. Sin embargo, en Chile, la definición de contaminación esta jurídicamente ligada a la existencia de normas de calidad y emisión, y durante sucesivos gobiernos los procesos de dictación o actualización de normas han sido pocos y lentos, generando normativas que no cumplen estándares internacionales, como la Unión Europea (UE), Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA), OCDE, y tampoco siguen los criterios recomendaros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En definitiva, lo que se entiende jurídicamente es que, si no hay norma, no hay contaminación. Estos son vacíos muy importantes y de muchos años. Solo por nombrar algunos ejemplos, Eduardo Frei derogó la Norma Primaria de Calidad de Arsénico respirable el año 1994 y hasta la fecha no se ha elaborado nuevamente, manteniéndose durante 12 años en estado en actualización la normativa para la descarga de Residuos Industriales Líquidos (Riles).

Pero no basta con tener buena normativa, hay que limitar la cantidad de industrias que se instalan en un territorio, y en el caso de las zonas de sacrificio, definir cuáles se deben relocalizar. Esto requiere normativa y capacidad de negociación, además de tiempo para llegar a los acuerdos necesarios. Es en este sentido que desde Fundación Terram señalamos que más allá de las buenas intenciones que tenga el gobierno y sus representantes, el hacerse cargo de los rezagos ambientales de Chile es una tarea de Estado que va más allá de un gobierno.

El gobierno del presidente Boric tiene la oportunidad y el desafío de hacer las cosas de otra forma. En primer término, con solo establecer criterios de rigurosidad para cumplir la normativa ambiental vigente y la normativa sectorial con competencia ambiental se podrían lograr grandes cambios. También, el gobierno debería poner mayores esfuerzos, recursos humanos y financieros, en la fiscalización ambiental de proyectos, tanto en aquellos que han incumplido sus compromisos ambientales como sobre los que han eludido los procesos de evaluación ambiental, aplicando sanciones cuando corresponda. Adicionalmente, tiene como desafió la adecuada implementación del Acuerdo de Escazú, lo cual debería generar cambios en la protección de defensores ambientales y en el acceso a información pública, a lo que se suma la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, de la cual se están elaborando sus reglamentos.

Ciertamente los temas que pueden ser muy relevantes a la hora de evaluar el actual gobierno tienen relación con el presupuesto en este ámbito. No podemos considerar que un gobierno es ecológico o ecologista si disminuye el presupuesto para la gestión y administración de áreas protegidas como ocurrió en la discusión del presupuesto 2023. En este mismo sentido, esperamos que los servicios públicos con competencia en materia de salmonicultura hagan cumplir la ley y conviertan en realidad la promesa del presidente de sacar a esta industria contaminante de las porciones de mar de las áreas protegidas de la Patagonia chilena.

Quedan poco más de 3 años de gobierno en los cuales el presidente Boric y su equipo deben elegir cuál será su legado en materia ambiental, y si realmente quieren que este sea recordado como el primer gobierno ecológico de Chile.