El pasado 6 de diciembre, el gremio de parceleros, Chile Rural, acusó que funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) seguían aplicando el instructivo del Ministerio de Agricultura que endurecía los criterios para autorizar subdivisiones de predios rústicos, a pesar de la suspensión de este documento por parte del 7° Juzgado Civil de Santiago.

Tras esto, la jueza Lidia Patricia Hevia resolvió ordenar al SAG instruir a sus funcionarios para hacer efectiva la medida precautoria. Con esto, el servicio deberá informar a la justicia, en un plazo de 20 días hábiles a contar de la notificación, de qué manera han dado cumplimento a la resolución del juzgado.

El tribunal había suspendido la aplicación de los Ordinarios N° 637 y N° 475, luego que Chile Rural reclamara que el Gobierno se estaba tomando atribuciones que correspondían al Congreso, pasando por encima de la separación de los poderes del Estado. Así, se abrió un juicio entre parceleros y autoridades.

A pesar de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió echar pie atrás con esta medida precautoria, alertando por los daños ambientales causados por la proliferación de loteos, esta solicitud fue rechazada en primera instancia, aunque aún falta conocer la decisión de la Corte de Apelaciones.

Acusaciones de Chile Rural

Fue en ese contexto en que el gremio de parceleros reclamó que funcionarios regionales del SAG continuaban aplicando los criterios delineados en las circulares emitidas por Agricultura.

Francisco Álvarez Werth, uno de los asesores jurídicos de Chile Rural, entregó a la justicia correos electrónicos enviados a asociados del gremio desde las oficinas del SAG en el Maule y Panguipulli, respectivamente.

“Estamos a la espera de instrucciones de procedimiento, ya que la Circular 475 no se ha derogado, es decir, sigue vigente”, se lee uno de los mensajes revelados por el abogado.

Tomás Prado, presidente de esta asociación, afirmó que los dos correos electrónicos “señalan que para ellos sigue vigente la circular y la están aplicando en la tramitación, lo que abiertamente es ilegal y constituye, a nuestro juicio, un desacato de lo ordenado por los tribunales de justicia”.

Agregó que la medida prejudicial precautoria concedida por el juzgado “fue ratificada recientemente” y “se mantiene todo el juicio”.

Ante la consulta de Diario Financiero, el SAG declinó emitir comentarios respecto a las acusaciones del gremio y las medidas tomadas por el servicio frente a la suspensión del instructivo.

La circular en cuestión fue emitida por Agricultura debido al explosivo aumento en los loteos alrededor del país. En 2019, el SAG recibió 9.907 solicitudes de subdivisión, cifra que ya se había duplicado en 2021, alcanzando las 19.541 solicitudes.