CDE demanda por daño ambiental a cuatro proyectos inmobiliarios en Chicureo y La Dehesa

Una nueva acción legal por parte del Consejo de Defensa del Estado pesa contra condominios de lujo ligados a importantes nombres del empresariado chileno, como Gabriela Luksic y José Luis Délano, hijo de Carlos Alberto ‘Choclo’ Délano. Han sido cuestionados en distintas instancias por estar emplazados en áreas de preservación ecológica, donde se prohíbe urbanizar. Fuente: Interferencia, 29 de enero de 2023.

Ayer, 27 de enero, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en el Segundo Tribunal Ambiental una demanda en contra de cuatro iniciativas inmobiliarias ubicadas en áreas de preservación ecológica en Colina y Lo Barnechea.

“Estos cuatro proyectos han ejecutado obras de urbanización […] en terrenos rurales, donde está prohibida la apertura de calles, subdividir para formar poblaciones, constituir núcleos urbanos al margen de la regulación, y se emplazan, además, en un Área de Protección Ecológica”, acusa el CDE.

En concreto, se trata de una demanda de reparación de daño ambiental en contra de Desarrollo La Dehesa SpA, representada legalmente por Marcos Besomi Tomas; MDPR Spa, cuyo representante es Juan Pablo Von Bernath Bardina; Inmobiliaria e Inversiones La Cumbre Oriente SpA, representada por Domingo Undurraga Julio; e Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA, representada por Vittorio Marcello Corbo Urzúa y Alejandro Molnar Fuentes. Los nombres anteriores son quienes están detrás de los proyectos La Cumbre, Mirador Pie Andino y Hacienda Guay Guay en Chicureo y del proyecto Chaguay en La Dehesa.

José Luis Délano, hijo de Carlos Alberto Délano, está ligado al proyecto Mirador Pie Andino, al igual que Gabriela Luksic Fontbona, hermana menor de Andrónico Luksic, y Diego Errázuriz Zañartu, hijo de quien fuera el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle. El ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, hizo lobby activamente por el proyecto Chaguay.

No son los únicos involucrados en los proyectos inmobiliarios demandados por el CDE, negocios predilectos de la élite chilena, según consta múltiples reportajes publicados por este medio. (Lea acá la cobertura de INTERFERENCIA al respecto).

José Luis Délano -hijo del histórico financista de la UDI condenado por delitos de financiamiento ilegal de la política, Carlos Alberto Délano-, está ligado al proyecto Mirador Pie Andino, al igual que Gabriela Luksic Fontbona, hermana menor de Andrónico Luksic, y Diego Errázuriz Zañartu, hijo de quien fuera el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en 2020 y 2021, Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle.

Cabe señalar que el ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, hizo lobby activamente por el proyecto Chaguay, ligado a su amigo personal, el empresario Hernán Besomi. Hacienda Guay Guay, en tanto, cuenta con nombres como José Miguel Rawlins, ex socio de los famosos pub Kamikaze, y Marcello Corbo, hijo del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo.

Las cuatro iniciativas inmobiliarias, según se relata en la demanda del CDE, están también ubicadas “dentro del Sitio Prioritario para Conservación de la Biodiversidad Regional N°15 Colina-Lo Barnechea”, instancia establecida con el objetivo de “poner en valor la biodiversidad identificada en la Región Metropolitana y realizar acciones tendientes a la conservación de la misma. Además, la zona cuenta con prohibiciones para tala de árboles y arbustos según decretos supremos del Ministerio de Agricultura”, citan en el escrito.

Sobre los cuatro condominios ya pesaba una querella por parte del propio Consejo de Defensa del Estado por daños a los terrenos, al medio ambiente y por construir al margen del plan regulador. Esta también considera la afectación de al menos dos de 14 sitios arqueológicos que se encuentran en la zona. A dicha acción judicial también se sumó la Seremi Minvu RM.
Sobre los cuatro condominios ya pesaba una querella por parte del propio Consejo de Defensa del Estado por daños a los terrenos, al medio ambiente y por construir al margen del plan regulador. Esta también considera la afectación de al menos dos de 14 sitios arqueológicos que se encuentran en la zona.

La aparición en prensa de estas denuncias, junto con las acciones judiciales que levantaron distintos organismos, puso la tensión sobre los proyectos durante los últimos meses.

En esa línea, INTERFERENCIA dio a conocer un recurso en contra del condominio irregular del hijo de Vittorio Corbo en Chicureo por impedir acceso a parcela con guardias armados y los correos electrónicos con los que el propio Corbo intentó convencer a los vecinos de Guay Guay de que era viable su proyecto ubicado en una área de preservación ecológica.

Daño ambiental

Entre otros aspectos, en su demanda el CDE consigna que “estos cuatro proyectos, han ejecutado obras de urbanización consistentes en la construcción y aperturas de caminos y vías de tránsito, ensanchamiento de caminos interiores ya existentes, pavimentación, nivelación de terrenos, instalación de equipamiento de postaje, luminarias y tendido eléctrico aéreo y subterráneo, así como la instalación de redes de Agua potable”.

El sector donde se realizaron estas obras, un Área de Preservación Ecológica de acuerdo con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, “solo permite un acotado número de actividades en ella, dentro de los que no considera el desarrollo de proyectos con destino habitacional o residencial”, se puede leer en el escrito.

Con estos antecedentes a la vista, el CDE estima que “los titulares de dichos proyectos, pretenden obtener la modificación de facto del uso de suelo en el área afectada, obviando el daño ambiental causado como consecuencia de las obras de urbanización realizadas, las disposiciones urbanísticas y ambientales aplicables y, en definitiva, las consecuencias a largo plazo que la generación de nuevos núcleos urbanos representan para el ecosistema del piedemonte o precordillera de Colina/Lo Barnechea”.

A juicio de Gonzalo Prieto, fundador de Patagonia Sin Represas y denunciante del impacto de los proyectos, “esta demanda ratifica todo lo que he descrito a lo largo de los años, en cuanto al inmenso daño medioambiental que se ha registrado y que es irreparable. Ahora viene la etapa donde los proyectos deberán hacerse responsables de sus actos.

De esa forma, apuntan, los responsables de los proyectos “han acudido a la estrategia de subdividir, lotear y urbanizar ilegalmente, a fin de forzar la regularización posterior de las obras y nuevos núcleos urbanos-bajo la lógica de los hechos consumados- de manera de obligar a la autoridad urbanística y ambiental a aceptar la habilitación de la zona como área de uso residencial en contra de lo establecido expresamente por el PRMS, y socializar la pérdida ambiental subsecuente”.

A juicio de Gonzalo Prieto, fundador de Patagonia Sin Represas y uno de los denunciantes del impacto de los proyectos inmobiliarios en el área protegida, “esta demanda ratifica todo lo que he descrito a lo largo de los años, en cuanto al inmenso daño medioambiental que se ha registrado y que es irreparable. Ahora viene la etapa donde los proyectos deberán hacerse responsables de sus actos, tanto medioambientales como del efecto hacia cientos de familias que compraron y están siendo afectadas”.