Cristián Delpiano Lira es fanático de la banda Rush y del rock progresivo en general, le gusta jugar pádel pero una reciente operación a la rodilla lo ha tenido fuera de las canchas, en el fútbol es cruzado de corazón y en literatura le encanta George Orwell “por la genialidad con la que logró representar los totalitarismos; esa crítica e ironía, a veces gruesa a veces fina, hacia los totalitarismos vengan de donde vengan”. Últimamente también le ha tomado el gusto a los libros sobre gestión organizacional aunque, reconoce, “queda poco tiempo para leer. Leo sentencias todo el día”. Es que Delpiano, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es actualmente el ministro presidente (s) del Segundo Tribunal Ambiental (2TA), con asiento en Santiago y jurisdicción en la macrozona central (Valparaíso hasta Maule).
Por estos días, Delpiano y todos los integrantes del 2TA celebran los diez años de vida de la institución: el 28 de diciembre pasado se cumplió una década desde que los primeros ministros -titulares y suplentes- juraron ante el presidente de la Corte Suprema, y el próximo 4 de marzo se cumplirá el décimo aniversario desde que el tribunal inicio sus actividades jurisdiccionales.
El 2TA fue el primer tribunal ambiental en funcionamiento en el país, en virtud de la Ley 20.600 (junio 2012), y en el marco del rediseño de la institucionalidad ambiental, que se inició en enero de 2010 con la promulgación de la Ley N°20.417.
“Como un balance de los 10 años, diría que la decisión de crear los tribunales ambientales como parte del acceso a la justicia ambiental ha sido acertada. Esto desde el un punto de vista de la evolución del número de ingresos de causas y desde el punto de vista de la jurisprudencia del tribunal”, sostiene el ministro Delpiano desde su oficina en pleno centro de Santiago, a un costado del Palacio de Tribunales.
Agrega, no obstante, que el diseño institucional puede ser mejorado, en especial la forma en la que se nombran los ministros, un proceso largo que incluye a los tres poderes del Estado y que ha ocasionado largas vacantes en los tres tribunales ambientales del país. Sobre este punto, sobre los temas que se van imponiendo, la percepción ciudadana, los próximos desafíos y otros tópicos de la justica ambiental se refiere el ministro Delpiano en esta entrevista con País Circular.
-¿Cuál es su balance de estos diez años del Segundo Tribunal Ambiental?
Creo que con el correr de los años se ha ido asentando la idea en la comunidad jurídica, que los tribunales ambientales han sido una gran contribución al desarrollo de la interpretación de las normas que rigen o que gobiernan la cuestión ambiental.
Si uno revisa la historia en general de los tribunales ambientales en el mundo, han tenido diversas suertes. Hay países en que se han creado y han sido efectivamente una solución exitosa, como creo que es este caso. Hay otros países en los cuales, por distintas razones, se han creado y luego eliminado, o países donde se han creado, están en la ley, pero no funcionan. Han tenido distinta suerte y creo que en Chile, si bien el diseño institucional es mejorable, ha sido una decisión acertada.
Ha sido un proceso exitoso porque los tribunales ambientales, en general, han sido reconocidos por su labor tanto por el Estado, como por las comunidades y por las empresas, es decir, ha habido un reconocimiento más allá de las discrepancias propias y naturales que se puede tener sobre una decisión en concreto. La valoración general que se tiene de los tribunales ambientales desde las tres institucionalidades del concepto de desarrollo sostenible -Estado, comunidades y empresas-, ha sido una valoración positiva. Ese creo que es un gran indicador.
-¿Cómo miden esa valoración, hay sondeos?
Al hilo de la elaboración de nuestro plan estratégico, hace unos años, identificamos diversos stakeholders, para lo cual buscamos personas representativas de los tres ámbitos -estatal, empresarial y de las comunidades- y tuvimos algunas reuniones con ellos. En esos encuentros, por ejemplo, con la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa del Estado, ONGs, abogados de empresas, la valoración siempre fue muy positiva. Ahora estamos haciendo seguimiento, realizando encuestas de percepción, de cómo ha ido la gestión del tribunal.
Además hemos hecho encuestas -que no tienen valor estadístico porque son encuestas piloto- a ciertas personas que seleccionamos, también representativas aunque más vinculadas al tribunal, para captar la percepción de las preguntas que estamos haciendo y qué sugerencias tienen respecto a los aspectos que estamos abordando en los sondeos. Eso ya quedó validado y durante el primer semestre vamos a hacer una encuesta más formal.
La opinión que se tiene de este tribunal, y de alguna manera por extensión a la institucionalidad de los tribunales, ha sido positiva.
-Es interesante esa preocupación por la percepción ciudadana…
Nuestro fundamento es siempre la base legal de nuestras competencias y las cosas que estamos mandatados por ley, pero no quita que dentro de ese marco queremos tener una visión de cómo queremos ser reconocidos en la sociedad.
Los tribunales tenemos un rol social, y en esa perspectiva buscamos saber cómo de la sociedad ve nuestra labor, no tanto en relación al conocimiento de la institución, sino cómo se perciben los fundamentos de nuestras sentencias, como se percibe la eficiencia del tribunal -hemos tenido temas relativos a retrasos y estamos haciendo toda la gestión para que eso vaya mejorando-, la eficacia de nuestras sentencias, más allá de si se está de acuerdo o no.