Decisión de recuperar estatus de humedal urbano en Quilicura queda en manos de ministra Maisa Rojas
En octubre el 2° Tribunal Ambiental retiró la condición de humedal tras reclamos de inmobiliarias e inversionistas. A ello se sumó que la Corte Suprema desestimara como terceros vinculantes a organizaciones sociales de la comuna y al propio al municipio. Ahora queda en manos del ministerio de Medio Ambiente reiniciar el proceso. Fuente: Interferencia, 20 de enero de 2023.
En octubre del año pasado, el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente las tres reclamaciones presentadas en contra de la resolución del Ministerio del Medio Ambiente que declaró el Humedal Urbano de Quilicura en la Región Metropolitana, ordenando de esa forma retrotraer la declaración que había establecido esa categoría para la zona en julio de 2020.
Al respecto, el Tribunal sentenció que deberá retrotraerse el procedimiento hasta la etapa de emitirse una nueva Ficha de Análisis Técnico, “en la que se consideren los antecedentes aportados en el periodo establecido en el artículo 9° del Reglamento de la Ley N° 21.202, relacionando los antecedentes aportados con la fundamentación de la delimitación y elaboración de la cartografía del humedal de acuerdo con lo señalado en lo considerativo del fallo, tomando como un estándar base lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 19.880”.
De esa forma, se ordenó al Ministerio del Medio Ambiente dictar una nueva resolución exenta que pusiera término al procedimiento, resolviendo fundadamente las cuestiones planteadas por los interesados y entregando una respuesta razonada a las personas que participaron del periodo para la presentación de antecedentes adicionales, lo que sucedió en diciembre de 2022.
La decisión de dejar sin efecto la declaratoria y acoger las reclamaciones se fundó en el análisis de los antecedentes de la causa, donde los ministros concluyeron que la resolución del Ministerio del Medio Ambiente que declaró dicha zona de la Región Metropolitana como humedal urbano, “presenta un vicio de legalidad por falta de la debida fundamentación al no abordar las alegaciones planteadas por los reclamantes ni otorgar respuesta razonada a los antecedentes adicionales presentados en el periodo en el periodo previsto para la presentación de antecedentes adicionales en reglamento antes citado”. El tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano Lira, presidente (s), Cristián López Montecinos y Alejandro Ruiz Fabres. La sentencia fue redactada por el ministro López.
Cabe recordar que la declaración se dio en el marco de la Ley de Humedales Urbanos de 2020, una iniciativa que ha sido valorada por el mundo ambiental, aunque también se han acusado ripios en su implementación, en especial antes de contar con la guía publicada el año pasado que especificaba los criterios para establecer la categoría (ver artículo Ley de Humedales Urbanos: a 2 años de su creación ambientalistas la valoran, pero acusan discrecionalidad política en su cumplimiento de INTERFERENCIA). De hecho, organizaciones sociales de Quilicura dan cuenta que ese fue uno de los problemas que pudieron hacer interpretar al Tribunal Ambiental algunos vicios en el proceso, puesto que cuando se estableció el humedal urbano sólo se contaba con el reglamento, tratándose de una nueva legislación para ese entonces.
El ministerio al frente
“Luego de declaración de las 468.3 hectáreas del humedal urbano de Quilicura, los dueños de los predios Inversiones Butamalal, la familia Iracheta y también la Inmobiliaria Los Silos III presentaron sus respectivas reclamaciones frente al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, el que sentenció que iba a dejar sin efecto la declaratoria de humedal urbano. Pese a eso, tal como indica la legislación, se estableció que los humedales no podían ser afectados por ningún proyecto que no hubiese pasado por el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)”, explica Rodrigo Vallejos, integrante de Resistencia Socioambiental Quilicura.
La decisión de dejar sin efecto la declaratoria y acoger las reclamaciones se fundó en el análisis de los antecedentes de la causa, donde el Tribunal Ambiental concluyó que la resolución del Ministerio del Medio Ambiente que declaró dicha zona de la RM como humedal urbano presenta un vicio de legalidad.
En esa línea, Vallejos describe que “ante esta sentencia, que dejaba sin efecto la declaratoria de humedal urbano y obligaba al ministerio a retrotraer el proceso hasta la fase previa de la ficha de análisis técnico, como organizaciones sociales Resistencia Socioambiental Quilicura, la Corporación Ngen y Asamblea Las Torres, presentamos un recurso de queja ante la Corte Suprema representados por la ONG Defensa Ambiental, al igual como lo hizo la Municipalidad de Quilicura representados por la ONG Fima. Estos recursos fueron declarados inadmisibles, por lo que nos quedamos con la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental”.
“Por ello, esperamos la respuesta inmediata y urgente del Ministerio del Medio Ambiente para que vuelva a declarar los humedales urbanos de Quilicura”, aseveró.
INTERFERENCIA consultó al Ministerio del Medio Ambiente respecto si la cartera tiene alguna fecha estimada para presentar una nueva solicitud y si se están realizando gestiones al respecto o se encuentran en alguna fase de estudio para cumplir con lo lo solicitado por la legislación.
Desde Medio Ambiente respondieron que “tras la resolución del Tribunal Ambiental respecto de la declaración del Humedal Urbano Quilicura, desde el Ministerio del Medio Ambiente se emitió la resolución para dejar sin efecto la declaratoria en diciembre de 2022”.
“Además, podemos informar que el área encargada del Ministerio se encuentra trabajando en la nueva ficha técnica para establecer los límites para posteriormente emitir la nueva resolución de declaración de humedal urbano. La información se encuentra disponible en el expediente respectivo”, sostuvieron.
Reclamantes en alerta
Los tres privados que lograron retrotraer la condición de humedal urbano en Quilicura han estado atentos al proceso, participando con distintas firmas de abogados y consultoras especializadas en el tema ambiental para argumentar con estudios sus discrepancias con la categoría que se intenta otorgar a la zona, presentado sus reclamaciones en 2021. Ellos son Inversiones Butamalal S.A, Inmobiliaria Los Silos III y la Familia Iracheta.
Según informó en su momento Resumen, en el caso de Inversiones Butamalal S.A representada legalmente por Federico Ayala Birrel y Federico Guillermo Cumming Godoy, se trata de una sociedad relacionada directamente con la Inmobiliaria PY, propiedad del empresario Francisco Pérez Yoma, conocido por la polémica inundación de las casas de la constructora Copeva (actual Inmobiliaria PY) en junio de 1997 en Bajos de Mena, que dejó a 620 familias damnificadas. En su momento, esto significó la renuncia del Ministro de Vivienda de la época, Eduardo Hermosilla, luego de que se filtrara que Pérez Yoma le regaló un caballo corralero.
“Francisco Pérez Yoma, también es hermano de Edmundo Pérez Yoma, que fue ministro de Defensa Nacional en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ministro del Interior en el gobierno de Michelle Bachelet. Edmundo ha sido varias veces multado por la Dirección General de Aguas (DGA) por el desvío y extracción ilegal de aguas en Petorca, una de las localidades más afectadas por los escases hídrica en el país y por la que Modatima (Movimiento de Defensa por acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente) ha dado una fuerte pelea, que incluso le costó una denuncia en el 2012 por injurias con publicidad por parte del ex ministro, al vocero del movimiento de la época y actual Gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca”, sostuvo el medio.
“Podemos informar que el área encargada del Ministerio se encuentra trabajando en la nueva ficha técnica para establecer los límites para posteriormente emitir la nueva resolución de declaración de humedal urbano. La información se encuentra disponible en el expediente respectivo”, señalaron desde la cartera de Medio Ambiente.
Así, se describe que “estos son algunos de los antecedentes relacionados con Inversiones Butamalal S.A, que el 6 de agosto de este año ingresó la primera reclamación contra la declaratoria del Humedal Urbano de Quilicura en el 2° Tribunal Ambiental de Santiago, representados por el director en Chile de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), Jorge Andrés Femenías Salas, el cual también es profesor de la Pontificia Universidad Católica y autor del libro ‘Responsabilidad por Daño Ambiental’”.
En la reclamación presentada, Femenías argumenta el interés legítimo de Butamalal para reclamar ya que se ve afectado su derecho de propiedad y que presentaron observaciones en el proceso de reconocimiento, las cuales no fueron consideradas por la autoridad ambiental, lo que también produce severas restricciones a los usos de suelo pretendidos por la empresa.
También se agregó que 169,17 hectáreas de los 22 predios de propiedad de Butamalal no cumplen con los criterios legales y reglamentarios para ser declarados como Humedal Urbano, ya que según los estudios realizados por la empresa solo 40,53 hectáreas corresponderían como tal y los estudios presentados por la Municipalidad de Quilicura y el Ministerio del Medio Ambiente no serían estudios certeros y serían incorrectos metodológicamente. Por lo que se solicita a través de la reclamación que los límites del Humedal Urbano de Quilicura sean definidos bajo «criterios técnicos adecuados», para «asegurar una protección del medio ambiente dentro de parámetros reales y racionales».
En el caso de Inmobiliaria Los Silos III se trata de una empresa propiedad de la familia Posada, dueños del holding P&H, que desde 1981 se han dedicado a los rubros de la construcción, inmobiliaria, agricultura, exportación y a la producción de hormigón, construyendo más de 70 mil viviendas en las regiones Metropolitana, de Atacama, O’Higgins, el Maule y del Biobío.
“El 11 de agosto presentaron la segunda reclamación en contra de la declaratoria del Humedal Urbano de Quilicura, representados por el director de la firma SLBZ Abogados, Ricardo Brancoli], junto a los abogados de la firma Camila Pozo Parot, Nicolás Prado Gavilán y Gonzalo Silva Santa Cruz”, describe Resumen.
En la reclamación presentada, SLBZ Abogados alega que el proceso de reconocimiento como Humedal Urbano de los 7 predios de propiedad de Inmobiliaria Los Silos III] está viciado al no tomarse en cuenta ni considerarse los antecedentes aportados por Los Silos, donde se señalaba que el sector “no cumplía con los criterios establecidos por la normativa para ser declarados como humedal urbano”.
En el caso de la Familia Iracheta, 18 familiares son los dueños de 6 predios en el sector de O’Higgins del Humedal Urbano de Quilicura, denominado como “Fundo María Esperanza”. Según el medio, “no es mucha la información que se tiene sobre estos propietarios, pero sí es evidente el daño que han hecho al humedal, con la presencia de gran cantidad de hectáreas de rellenos de escombros que alcanza alturas de hasta más de 5 metros dentro de su «fundo»”.
El 12 de agosto presentaron la tercera reclamación en contra de la declaratoria del Humedal Urbano de Quilicura, representados por el abogado Juan Alberto Alcalde Herrera de la firma de abogados Puga y Ortiz.
“Los Iracheta reclaman que las 88,2 hectáreas de su propiedad no son un humedal y que «el denominado Humedal O’Higgins JAMAS podría exceder las 14,2 hectáreas» argumentando la ausencia de vegetación hidrófila, que el mal drenaje del suelo de los predios no son suficientes para declararse como humedal, por lo que la declaratoria del Humedal Urbano vulneraría los derechos y garantías de los dueños del predio”, se describe.