Flies gestiona acuerdo entre el CDE y Nova Austral para evitar cierre de la salmonera

El gobernador regional, Jorge Flies, se encuentra impulsando con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) una estrategia jurídica que permita la viabilidad de la empresa Nova Austral, a fin de que ésta cumpla con sus obligaciones, pero se evite que el proceso lleve a un cierre de la compañía, lo cual tendría un enorme impacto en los trabajadores y la comunidad de Porvenir. Se trata de un acuerdo compensatorio del daño provocado, que tiene que estar en consonancia con la legislación y que con el otro proceso derivado de las sanciones del Tribunal Ambiental de Valdivia. Fuente: La Prensa Austral, 13 de marzo de 2023.


 

Este fue uno de los temas prioritarios presente en los dos días de intensas negociaciones que sostuvo el gobernador en Santiago el jueves y viernes recién pasados, con representantes de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, de la subsecretaría de Pesca y también con del Consejo de Defensa del Estado, además de otros ministerios y universidades.

Más allá del referido problema que tiene a la comunidad fueguina en alerta, Flies estuvo liderando la discusión respecto de la Ley de Rentas Regionales, donde la Asociación de Gobernadores Regional presentó una contrapropuesta a Hacienda que, entre otros puntos, busca que cada región tenga certeza respecto de cuáles van a ser sus ingresos.

Cómo viabilizar Nova Austral

Respecto de Nova Austral, Flies se reunió con Subpesca y el CDE para enterarse de los detalles de los procesos abiertos en contra de la salmonera.

Esto en procura del compromiso asumido con los sindicatos de trabajadores de la empresa, que entiende que cualquier solución no depende del gobierno regional, pero sí que pueden saber el detalle de la situación para poder cooperar en una solución.

Nova Austral está enfrentando dos procesos jurídicos por vulneración de las leyes, existiendo una demanda interpuesta por el CDE y también sanciones del Tribunal Ambiental que han afectado sus operaciones en diversos centros de cultivo.

Flies busca evitar que la empresa cierre por el tremendo impacto que ello tendría para sus trabajadores y la economía fueguina.

“Tenemos que ver la viabilidad del uso de las concesiones que tiene actualmente; segundo, el proceso de relocalización, que se ve como un proceso difícil, y las condiciones económicas de la empresa. Le pedimos al subsecretario que no haya una actitud contemplativa del gobierno respecto de lo que está pasando tanto jurídica como económicamente, sino una actitud activa”, precisó.

Flies también tuvo una extensa reunión el viernes con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, donde se solicitó antecedentes de uno de los dos procesos judiciales donde el demandante es el citado Consejo.

“Básicamente, pedimos saber los tiempos que ellos están estimando para resolución de la situación y qué posibilidades hay, desde el punto de vista sancionatorio y de acuerdo”, dijo.

En concreto, Flies explora un posible acuerdo compensatorio del daño provocado, pensando en dar viabilidad a los centros que hoy están detenidos por orden judicial, que sería la única forma de que la empresa pueda seguir operando.

Pero, esto tiene que tener armonía jurídica con el otro proceso judicial del cual el CDE no es parte, pero que está llevando el Tribunal Ambiental.

Los tiempos de resolución podrían ser cuatro meses, lo cual abre una ventana para que la empresa no cierre.

¡Por fin luz verde para la ampliación del consultorio 18 de Septiembre!

Otra noticia auspiciosa que entregó Flies a El Magallanes se relaciona con el proyecto de construcción de las nuevas dependencias del consultorio 18 de Septiembre.

“Vamos a firmar contrato para este proyecto que se ha arrastrado en los convenios con Salud y que ha sido muy dificultoso porque, básicamente, tenemos que asegurar la continuidad de la atención que, en este caso, significa contar con un consultorio transitorio en los patios del Liceo María Behety. Hoy día, gracias a aumentos presupuestarios, observaciones y autorizaciones, finalmente, de Contraloría, logramos esta semana destrabar esto e iniciar el proceso”, dijo.

Finalmente, el proyecto demandará una inversión de 17 mil millones de pesos.

Habrá 2 años, más o menos, para concluir el proyecto. En los primeros seis meses, se construirá el consultorio nuevo transitorio, que tendrá más de 800 metros cuadrados. Cuando el equipo de salud se traslade, se demolerá el actual consultorio para construir un edificio de tres pisos, que va a cuadruplicar el tamaño actual.

“Probablemente, esto va a ser inaugurado durante el periodo del Presidente Boric y será, así, el proyecto de salud más importante ejecutado en la región”, remarcó.

Certeza del ingreso e impuestos para las arcas regionales

Para Hacienda, esta semana que culmina ha sido de agraz. Pero, el revés que sufrió el ministro Mario Marcel con el rechazo a la idea de legislar del proyecto de Reforma Tributaria se convirtió, sin buscarlo, en un punto a favor de las regiones.

¿Por qué? Porque ahora es el proyecto de Ley de Rentas Regionales el que pasa a ocupar el primer lugar de las preocupaciones ministeriales.

“Entonces, el trabajo que estamos llevando adelante y que lideramos nosotros junto a otros cinco equipos de gobiernos regionales pasa a ser prioritario para el Ministerio de Hacienda”, acotó Flies.

Ya existe un consenso importante en torno a cuatro puntos: ingresos, gastos, control y redistribución territorial.

En el ámbito de ingresos, se está buscando la certeza de éstos y suficiencia. Hay acuerdo en mantener las entradas productos de tasas, tributos e impuestos que van directo a las arcas regionales. En general, hay una lista de 15 gravámenes y, en el caso magallánico, se trata del Fondema, pago de la concesión de la Zona Franca y de los casinos, entre otros.

A esta lista, se quiere agregar aquellos impuestos, tributos y tasas que tienen clara vocación territorial, como las tasas de embarque del aeropuerto, los impuestos específicos en el ámbito portuario y los ligados a los parques nacionales.

“Estos son impuestos que se generan en el territorio, pero que van a las arcas nacionales”, precisó, enfatizando que ellos deben ser ingresos directos para las regiones.

Después de las reuniones sostenidas, Hacienda deberá hacer una propuesta puntual en torno a esta solicitud antes de fin de mes.

En el ámbito de gasto, se busca tender a una autonomía de éste, pero ello es de rango constitucional y deberá ser parte del proceso en curso de nueva Constitución.

Mientras tanto, se plantea lograr mayor flexibilidad, vía uso de los recursos con reasignaciones, pero también herramientas nuevas como ejercicios de capitales. “Si nosotros tenemos recursos e ingresos propios, podríamos ponerlos en fondos mutuos, en cuentas a plazo fijo”, indicó.

Invertir en innovación es otra línea para poder trabajar en fomento de emprendimientos, así como tener la facultad para acceder a créditos internacionales, como los que otorga el Bid, el FMI y el Banco Mundial.

Se llegó a un acuerdo para que los sistemas de transparencia, probidad y control sean más eficientes. “Ojalá que esta ley y los gobiernos regionales sean un ejemplo en estos ámbitos y para eso vamos a trabajar este capítulo con el Consejo para la Transparencia”, apuntó.

Por último buscan que se acuerden criterios y mecanismos para que estos ingresos sean también redistribuidos en los territorios según sus condiciones.

Tras llegar a un consenso entre Hacienda y los gobiernos regionales, seguirá la pre discusión legislativa, a fin de evitar que pase lo sucedido con la Reforma Tributaria.

“Será una ley contundente que, probablemente, será el mayor esfuerzo de financiamiento de los gobiernos regionales desde el retorno a la democracia”, remarcó.

“Lo que busca el ministro de Hacienda -agregó Flies- es que, en un plazo prudente, los gobiernos regionales, al menos, dupliquen sus ingresos”.

Esto significaría que Magallanes pasaría de los actuales $80 mil millones anuales de su presupuesto vía FNDR a $160 mil millones.

En suma, se apunta a tener, más que una Ley de Rentas Regionales, una Ley de Rentas de Gobiernos Subnacionales (gobiernos regionales y municipalidades).

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