Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA: “Estamos trabajando en criterios que coloquen al Acuerdo de Escazú en el corazón de nuestro actuar”

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es un organismo público y descentralizado, creado en enero del 2010 para administrar el instrumento de gestión ambiental llamado Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este busca evaluar ambientalmente proyectos de inversión nacional y extranjera, que se instalen en distintas zonas del territorio chileno, siempre ajustándose a la normativa vigente, reuniendo así antecedentes, requisitos, criterios, condiciones, trámites, exigencias técnicas, certificados y procedimientos de carácter ambiental.

Su misión es “contribuir al desarrollo sustentable, la preservación y conservación de los recursos naturales”, asegurando la protección del medio ambiente, fomentando y facilitando la participación ciudadana en la evaluación de proyectos.

En marzo de este 2023, se cumplirá un año desde que Valentina Durán asumió como la nueva directora ejecutiva del organismo. Abogada de la Universidad de Chile y experta en Derecho ambiental, ha ejercido como asesora ambiental en diversas instituciones privadas y públicas, además de integrar  la Comisión Nacional del Litio en 2014. También fue directora de la Fundación Espacio Público.

Desde Codexverde entrevistamos a la profesional, para conocer la evaluación que hace del SEA, el fomento de la participación ciudadana y la implementación del Acuerdo de Escazú.

Institucionalidad ambiental

En el contexto que el SEA es uno de los organismos esenciales en la institucionalidad ambiental, exigiendo los estándares de impacto ambiental correspondientes en determinado proyectos a instalarse en comunidades, ¿Cuál es la evaluación que hace del organismo a lo largo del tiempo? ¿Qué pasa con aquellos casos, como proyectos inmobiliarios, donde estos, a veces solo cuentan con declaraciones de impacto ambiental y no estudios, y en los que la comunidad no está de acuerdo? ¿Se debería ser más exigente frente a esos casos?

En mi calidad de directora ejecutiva de este servicio, me he propuesto como uno de los ejes de nuestra gestión, asegurar una evaluación de impacto de impacto ambiental técnica y de excelencia, apegada a la normativa, tanto en lo sustantivo como respecto a los procedimientos reglados, de manera de dar confianzas a los distintos actores que intervienen en el sistema.

Aspiramos a que el trabajo del servicio sea predecible y confiable, porque como ha dicho el Presidente Gabriel Boric, la evaluación ambiental no es una barrera para el desarrollo, sino que es una condición esencial para este.

El Servicio de Evaluación Ambiental lleva más de 12 años de existencia y tiene muchas fortalezas destacables. Principalmente, un conjunto de profesionales de excelencia, comprometidos con la función pública, conscientes de su rol de autoridad y de las garantías de seriedad que debemos dar tanto a los inversionistas nacionales y extranjeros que buscan la autorización ambiental de su proyecto, como a la ciudadanía que requiere información y participación y que espera que aseguremos que la normativa ambiental, concebida para asegurar el derecho a un ambiente sano, se cumpla. Adicionalmente, se ha desarrollado en el servicio el esfuerzo de rectoría técnica al que nos mandata la ley, a través de la elaboración de guías y criterios técnicos de evaluación.

Además, hemos construido un procedimiento 100% electrónico y transparente que goza de reconocimiento y prestigio. En varios aspectos se reconoce la labor del SEA por parte de distintos actores. Incluso a nivel internacional, nos ha correspondido ver que nuestra institución ha sido pionera y ejemplo para otros organismos de países hermanos. Al mismo tiempo existen oportunidades de mejora en las que estamos trabajando, para tener esta evaluación de excelencia a la que aspiramos, avanzar en la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú y prepararnos para la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental.

Frente a los proyectos inmobiliarios, le debo mencionar que en ese caso, como en otros sectores productivos, he instruido ya desde el año pasado, una interpretación abierta del cumplimiento de los requisitos legales que permiten abrir procesos de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, cuando es solicitada por las comunidades.

Además, hemos dispuesto mejoras en la plataforma digital para contribuir en este mismo sentido a hacer más fácil la participación ciudadana en los proyectos que le afectan.

Acuerdo de Escazú y participación ciudadana

El año pasado Chile se integró al Acuerdo de Escazú, primer tratado sobre temas ambientales entre países de Latinoamérica y el Caribe, y el único en el mundo que protege a defensores del medio ambiente. Este además, tiene por objetivo asegurar el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales, por ejemplo, hacer saber a la comunidad y considerar su opinión ante la implementación o instalación de proyectos que puedan incidir en su entorno y biodiversidad.

Frente a esta temática, es relevante destacar que Durán participó como experta de las negociaciones para la adhesión del país al Acuerdo de Escazú.

¿De qué manera el Acuerdo de Escazú se relacionaría con el SEA? Es decir, ¿cómo el servicio podría aportar en la entrada en vigencia del acuerdo, teniendo en cuenta, aspectos relacionados con el acceso a la información y derecho a participación ciudadana?

Es parte de nuestro compromiso profesional y como entidad pública, contribuir a facilitar desde todas nuestras competencias, la participación ciudadana en la evaluación ambiental, y eso está en directa sintonía con la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú en el SEIA.

Nosotros somos parte de la institucionalidad ambiental, y los equipos liderados por el Ministerio del Medio Ambiente ya están trabajando en conjunto para impulsar los estándares de Escazú transversalmente, a lo largo del Estado, y difundirlo entre todos los habitantes del país. Tal como ha dicho la ministra Maisa Rojas, la implementación plena y efectiva de Escazú plantea un compromiso con la protección de los Derechos Humanos y el medio ambiente, y exige un esfuerzo de coordinación y de articulación interinstitucional e interministerial, y en ese sentido las tres instituciones ambientales (Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia y SEA) tenemos un rol clave.

En cuanto al SEA, como parte de los nuevos lineamientos de esta Dirección Ejecutiva para el período 2022-2026, hemos iniciado la incorporación progresiva del Acuerdo de Escazú en nuestra gestión. En ese sentido, ya hemos definido indicadores de desempeño colectivo y de Alta Dirección Pública tendientes a mejorar estándares de participación ciudadana, y estamos trabajando en guías y criterios que coloquen al Acuerdo de Escazú en el corazón de nuestro actuar.

En diciembre del 2022, usted anunció la creación del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano. ¿En qué consiste este y cuál sería su importancia? ¿Planean crear otros departamentos en temáticas específicas al interior del SEA?

Ese es quizá el mejor ejemplo (no el único, por cierto) de nuestro compromiso con Escazú. Esta decisión surgió de un proceso participativo al interior del propio SEA, con una participación de más del 70% de los funcionarios que fueron consultados, y que tendrá como uno de sus objetivos principales diseñar y ejecutar las acciones pertinentes para la implementación de Escazú, en el marco de la evaluación ambiental.

Además, este departamento deberá promover y facilitar los procesos de participación ciudadana y procedimientos que involucren a pueblos indígenas, con un enfoque multicultural, y deberá contribuir con los procesos formativos de los profesionales de esta área, tanto de la División de Evaluación y Participación Ciudadana, como de las direcciones regionales. También tendrá la tarea de generar y mantener estadísticas de los procesos de PAC y de los procesos de consulta a los pueblos indígenas (PCPI) que se realizan a nivel nacional, y deberá revisar las asesorías técnicas, cumplir y aplicar las directrices establecidas en las guías, instructivos y documentos emitidos por el SEA; junto con establecer e implementar los procedimientos necesarios para la evaluación ambiental en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio.

El SEA es un organismo sumamente técnico, ¿han pensado estrategias o cambios para que la comunidad pueda entender los procesos de participación ciudadana con mayor profundidad y de esta misma manera, puedan hacerse parte de las decisiones que se tomen en sus territorios?

Efectivamente, el SEA es un organismo técnico, pero tiene en su mandato legal el desarrollo de participación ciudadana en la evaluación ambiental. Quiero destacar que durante la pandemia de COVID-19 la administración anterior hizo un gran esfuerzo y los profesionales del SEA trabajaron con gran dedicación para que los procesos de PAC se pudieran llevar a cabo.

¿De qué se trata ahora? Pues de seguir mejorando esos procesos. De avanzar en un lenguaje claro, y mirar y remirar permanentemente y con empatía, la forma en que llegamos a distintos territorios y comunidades. No es lo mismo difundir el ingreso de un proyecto que va a impactar a la comuna de Ñuñoa, que uno que se instalará en las Guaitecas. Los lenguajes, la conectividad, las costumbres son distintas y, como lo mandata el Acuerdo de Escazú, debemos adaptarnos a las distintas realidades y atender especialmente a los sectores más vulnerables para facilitar el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales.

Todo lo que contribuya a garantizar el ejercicio de estos derechos, lo vamos a hacer con imaginación y esfuerzo y escuchando a los distintos actores. Tenemos nuestras plataformas digitales a full, siempre mejorando en pos de la ciudadanía. Tenemos redes sociales y, sobre todo, tenemos las ganas de hacer una gestión exitosa.

Comité de Ministros

¿Cuál es la postura de su administración respecto al Comité de Ministros? ¿Cree que es una instancia que debilita la gestión y credibilidad del sistema de evaluación ambiental de nuestro país?

El tema de los cambios o reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es de política pública, y quien lidera las políticas públicas en medio ambiente es el Ministerio del Medio Ambiente. No me corresponde a mí definir si un ente que es parte de la institución ambiental debe o no desaparecer. Esa discusión es de otro ámbito.