Después de que Interferencia revelara la existencia de informes en 2021, los afectados interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que ordenó un informe al respecto. En éste, Alto Maipo reconoce su implicación en los informes, aunque asegura que el servicio contratado es legal. Fuente: Interferencia, 19 de abril de 2023.
Alto Maipo reconoce que contrató servicios de ciberinteligencia que monitorearon e infiltraron ambientalistas
El 8 de noviembre de 2021, Interferencia publicó el reportaje Alto Maipo contrató servicios de “ciberinteligencia” para infiltrar grupos ambientalistas y monitorear a sus propios trabajadores. En éste se da a conocer que el proyecto hidroeléctrico ubicado en San José de Maipo y controlado por la multinacional AES Andes pagó por una serie de informes a los que se obtuvo acceso, donde, además de recibir datos sensibles de ambientalistas -como sus direcciones-, se asegura que el proveedor de inteligencia de Alto Maipo habría “infiltrado” grupos de WhatsApp de estos.
También, en los escritos elaborados entre febrero y junio de 2020, se delata a trabajadores de la empresa que participaban en grupos de redes sociales contrarios al proyecto, a quienes se los apuntaba como “Potenciales Terroristas Internos”. Cuatro miembros de la compañía fueron expuestos en los informes como “PTI”.
Luego de la publicación del artículo, ambientalistas cuyos datos fueron recabados y entregados a Alto Maipo interpusieron un recurso de protección. María Jesús Martínez y Anthony Prior, voceros de la red No Alto Maipo; Francisca Fernández, miembro del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT); y Maite Birke, quien fuera concejala de San José de Maipo al momento de elaborarse los informes (electa por el pacto de regionalistas e independientes), presentaron la acción judicial en diciembre del 2021 ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra Alto Maipo SpA y su controladora, AES Andes S.A. (ex AES Gener).
Alto Maipo SpA evacuó un informe al respecto. En este reconocen haber contratado un servicio de “seguimiento de reacciones en redes sociales con la finalidad de poder alertarse”; recibiendo –y pagando– los informes donde se expone la información personal de ambientalistas y se asegura haberlos infiltrado.
El pasado 11 de abril, ante una orden de la Corte, Alto Maipo SpA evacuó un informe al respecto. En éste reconocen haber contratado un servicio de “seguimiento de reacciones en redes sociales con la finalidad de poder alertarse y eventualmente prevenir potenciales acciones dañosas”; recibiendo –y pagando– los informes donde se exponen datos personales de ecologistas y se asegura haberlos infiltrado. (Revise acá la respuesta de Alto Maipo).
Aseguran desde la compañía también que los datos personales de ambientalistas y trabajadores calificados como “potenciales terroristas internos” responden a información ya disponible en la web, en plataformas como las de Mercado Público, Poder Judicial, Tribunal Ambiental e, incluso, en acciones judiciales, administrativas y comunicados públicos emanados de los opositores. En cuanto a los datos obtenidos, argumentan que el RUT, domicilio, correo electrónico y número celular –todos incluidos en los reportes pagados por Alto Maipo–, no constituyen información reservada; por lo que todo sería legal.
Sobre esto último, resulta interesante -y contradictorio- revisar los documentos de Alto Maipo que acompañaron el informe entregado al Tribunal, entre los que se incluye el borrador del contrato que supuestamente regiría el servicio de vigilancia y un correo con su proveedor. En el contrato, la empresa censuró –presumiblemente por considerarla información sensible o reservada– la dirección particular y la cédula del representante de la empresa proveedora, Felipe Jaque Zamora Asesoría y Consultoría en Computación, Informática y Tecnología E.I.R.L.; además de la dirección de la compañía misma. En el email, la hidroeléctrica censuró los correos de todas las personas involucradas.
En opinión de Martínez, de No Alto Maipo, “siempre ha existido la sospecha de que los movimientos sociales, las dirigencias socioambientales son blanco de las empresas, ahora lo comprobamos”.
“Que reconozcan que contrataron servicios para investigarnos es un hecho súper relevante porque podría ser el primer caso comprobado en Chile de este tipo de prácticas empresariales extractivistas, que no sólo ocurren acá, sino que también a nivel latinoamericano”, comenta a Interferencia la dirigenta ambiental.
“No hay espionaje, seguimiento o amedrentamiento”, la defensa de Alto Maipo
Alto Maipo fundamenta la contratación del servicio producto de “actos delictivos que han afectado al personal y bienes de la misma empresa”, los cuales “se vieron agravados luego del mes de octubre de 2019 [es decir, el estallido social]”.
Aseguran desde la compañía que no existieron “actos ilegales ni arbitrarios en contra de los recurrentes”, siendo el servicio contratado uno al cual jamás se le solicitaron “actuaciones de espionaje, seguimiento o amedrentamiento”.
Es entonces dentro de ese contexto “y ante la situación de inestabilidad socio-política, amenazas y constantes ataques e incertidumbre” que la hidroeléctrica “tomo la decisión de contratar servicios para poder realizar un seguimiento de reacciones de redes sociales con la finalidad de poder alertarse y eventualmente prevenir potenciales acciones dañosas”.
Aseguran desde la compañía que no existieron “actos ilegales ni arbitrarios en contra de los recurrentes”, siendo el servicio contratado uno al cual jamás se le solicitaron “actuaciones de espionaje, seguimiento o amedrentamiento”. En ninguna parte del escrito se hace mención de la infiltración a chats de ambientalistas que mencionan los informes, así como tampoco a la delación de trabajadores de la empresa tildados como “potenciales terroristas internos”.
Una de las pruebas que adjuntan para sostener esto es el contrato a seis meses que habría regido la relación entre Alto Maipo y el proveedor, Felipe Jaque Zamora Asesoría y Consultoría en Computación, Informática y Tecnología E.I.R.L.
En éste, una de las clausulas indica que “el proveedor solo accederá a los datos e información pública existente en las redes sociales, entendiéndose como datos e información pública toda aquella que se encuentra de libre acceso y que no requiere de un intercambio pecunario para obtenerla”.
Sin embargo, la misma compañía hidroeléctrica establece en su informe a la Corte que dicho contrato jamás fue firmado, por lo que no tiene ninguna validez legal, aunque argumentan que éste fue seguido a cabalidad por las partes.
“Los acuerdos se materializaron en un borrador de contrato, que, si bien no fue firmado por las partes, fue ejecutado en tales términos y ratificado por las partes, considerándose por todos como el instrumento que reguló la relación entre las partes para dichos efectos”, indican. (Revise acá el borrador de contrato).
Sin embargo, la misma compañía hidroeléctrica establece en su informe que dicho contrato jamás fue firmado, por lo que no tiene ninguna validez legal, aunque argumentan que éste fue seguido a cabalidad por las partes.
El proyecto controlado por la compañía multinacional explica que decidieron no continuar con el servicio puesto que “la información recibida no era útil ni relevante” y también de corte “conspiranoide”, siendo su contenido “generalmente desestimado y desatendido, sin generar ningún tipo de reacción especial de nuestra parte”. El 3 de agosto de 2020 habrían informado al proveedor que no se renovaría el plazo del contrato, que nunca se firmó, y que tuvo validez desde el 3 de febrero de 2020; es decir 6 meses.
Como ya se adelantaba en este artículo, Alto Maipo justifica la legalidad de los informes encargados también en que los datos recabados de ambientalistas, como sus cédulas, direcciones particulares, teléfonos celulares, información de sus parejas o correos electrónicos –entre otros–, fueron obtenidos desde plataformas de acceso público; siendo además datos que no serían considerados sensibles por la jurisprudencia, esto último -como ya se mencionó- a pesar de que ellos mismos resguardan dicha información de sus funcionarios y proveedores en los anexos entregados a la Corte.
La compañía hidroeléctrica también adjuntó un archivo donde mediante búsquedas en distintas plataformas públicas se obtuvo información de los ambientalistas reclamantes, tales como RUT, domicilio y correos de estos. Además, explican que mediante la publicación en redes sociales y sitios web de comunicados, recursos judiciales y administrativos, los recurrentes ya “habrían divulgado” sus datos.
El informe causó impacto en los opositores a la hidroeléctrica que presentaron el recurso, quienes compartieron con Interferencia sus reacciones.
“La ciudadanía tiene el derecho de fiscalizar y defender sus territorios”
Maite Birke (Independiente) era concejala de San José de Maipo al momento de realizarse los informes. En estos se entregan su RUT, número celular, ocupación, correo electrónico y 3 direcciones registradas a su nombre.
“Alto Maipo contrató a la empresa de Felipe Jaque Zamora para investigar a vecinas y vecinos común y corrientes que, con conciencia ambiental, fiscalizaron el proyecto”, explica la ex concejala a esta redacción, agregando que dicha fiscalización trajo “como resultado ser injuriados y ser calificados de eco terroristas [en los informes] mientras que la empresa hidroeléctrica sigue infringiendo la ley, construyendo en estos momentos un túnel bypass sin hacer un estudio de impacto ambiental”.
Birke remarca que “las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de fiscalizar y defender sus territorios”.
Francisca Fernández, abogada e integrante del Movimiento por las Aguas y los Territorios, calificó como grave la respuesta de la hidroeléctrica al “desresponsabilizarse ante un hecho que ellos mismos reconocen”.
En una línea similar, Francisca Fernández, abogada e integrante del Movimiento por las Aguas y los Territorios, calificó como grave la respuesta de la hidroeléctrica al “desresponsabilizarse ante un hecho que ellos mismos reconocen”.
En opinión de Fernández, “hay espionaje, se financió ese espionaje y lo único que ellos ponen en duda, o más bien ratifican, es que la información utilizada para hacer este espionaje era información pública, en mi caso obtenida desde Mercado Público y respecto a artículos [que escribió]”. La abogada miembro de MAT califica los informes y la información que se levantó para Alto Maipo como una “persecución y criminalización de la lucha socioambiental”.
También señala que estos hechos podrían enmarcarse en un incumplimiento del Acuerdo Escazú. María Jesús Martínez, de la Red No Alto Maipo, también destaca el acuerdo en este caso, indicando que ahora “veremos si realmente será una herramienta en pro de las luchas ambientales o si será letra muerta”.
Martínez define al grupo de ambientalistas como “personas comunes y silvestres con un sentido de justicia como tantas personas en Chile y el mundo, que nos vemos en la necesidad de defender los territorios ante la ausencia total del Estado en la protección de la naturaleza”. A su juicio, el trabajo voluntario y autogestionado de activistas no debe tener respuestas como ésta.
“No es tolerable esto que hace Alto Maipo, debiese tener un repudio total y ojala el gobierno tomara cartas reales en el asunto y frenara sus negocios con AES Andes, aunque eso es algo que sabemos no pasará”, esto último ya que María Jesús explica que “en el gabinete está una de las grandes lobistas de AES, Ana Lya Uriarte, la misma que en 2009 aprobó Alto Maipo”.