Mañana se inicia en Buenos Aires, Argentina, la segunda Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, al que Chile adhiere de manera plena hace siete meses, en lo que ha sido destacado como demostración del compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric con el medioambiente y los derechos humanos.
La abogada chilena Constance Nalegach Romero fue una de las principales impulsoras y negociadoras de este acuerdo regional desde el inicio de su discusión (en 2012) y es reconocida internacionalmente por su aporte en la concreción del pacto, el único a nivel mundial con disposiciones específicas en favor de quienes defienden el medioambiente.
Nalegach ocupa actualmente la jefatura de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), desde donde impulsa la puesta en funcionamiento del Acuerdo de Escazú. Entre los esfuerzos que van en ese dirección, este año destaca la realización de un proceso participativo para elaborar un plan de implementación.
Este pacto regional entró en vigor hace un año (22 de abril de 2021) y es conocido con el nombre de la ciudad costarricense donde fue adoptado en 2018, Escazú, pero su nombre oficial es “Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Es un tratado que “tiene un especial énfasis en incluir a quienes tradicionalmente no han estado en el proceso de toma de decisiones”, subraya Nalegach, quien formará parte de la delegación chilena en la COP 2 de Escazú, que estará encabezada por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
Durante la cita de los 15 Estados parte se revisarán diversos temas relacionados con la aplicación del pacto, y uno de los hitos será la elección de los primeros siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. De las postulaciones recibidas para integrar dicho comité, la Mesa Directiva del Acuerdo -compuesta por Uruguay, Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía- realizó una preselección de diez personas, entre las cuales se encuentra el abogado chileno-argentino Guillermo Eduardo Acuña, quien posee una amplia trayectoria en derecho ambiental a nivel nacional e internacional.
Sobre este y otros temas, como la necesidad de avanzar en la protección de las personas que defienden los derechos ambientales, conversa en esta entrevista con País Circular Constance Nalegach, quien es magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magister © en Derechos Humanos de la Universidad de la Plata, de Argentina.
-Una de las primeras medidas del gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia medioambiental fue la firma del Acuerdo de Escazú ¿Qué señal se entregó con esa premura? ¿Por qué era tan importante esa firma y la posterior ratificación por el Congreso? ¿Cuál es su reflexión más personal como promotora y participante de la redacción del Acuerdo?
La primera medida del gobierno del presidente Boric ante el Congreso fue enviar el proyecto de acuerdo para aprobar el Tratado de Escazú y así lograr ser Estado parte. Con ello se buscó contar con una herramienta internacional para enfrentar democráticamente desafíos ambientales, tanto nacionales como internacionales. Esto, porque Escazú busca la implementación plena y efectiva de los denominados “derechos de acceso”, esto es el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
De esta manera, el envío de este proyecto la primera semana de la actual administración demostró el compromiso con el medioambiente y los derechos humanos, con reforzar la democracia y una debida gobernanza. También es una apuesta al multilateralismo y la cooperación entre países ante los desafíos que impone la triple crisis planetaria, que no es solo de cambio climático, sino también de contaminación y de pérdida de la biodiversidad. El amplio y transversal apoyo, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, permitió que desde el 11 de septiembre de 2022 Chile sea el decimotercer Estado parte.
Es importante saber que estos derechos de acceso son derechos humanos que los Estados deben promover, respetar y garantizar, y que además este Acuerdo tiene un especial énfasis en incluir a quienes tradicionalmente no han estado en el proceso de toma de decisiones. Además, este es el único tratado del mundo con disposiciones específicas en favor de quienes defienden el medioambiente.
Para vivir en sociedades seguras necesitamos que la democracia sea fuerte, y ello incluye el canalizar pacíficamente las legítimas diferencias. En particular fortalecer la democracia ambiental permite una mejor toma de decisiones y con ello se busca lograr una mayor protección al medioambiente y, en consecuencia, de todos los derechos humanos, ya que todos ellos requieren de un entorno sano para su realización.
Es cierto que al Estado le compete la principal responsabilidad y obligación de aplicar progresivamente el Acuerdo, pero personalmente confío en el impacto positivo que Escazú puede causar en otros actores y sectores, basta sólo observar cómo cada día más es un instrumento con vida propia que ha sido debatido de buena fe, comprendido y apropiado por tantos grupos y personas.
