Comienzan alegatos por ciberespionaje de Alto Maipo en contra de ambientalistas: piden que acción se declare como ilegal y arbitraria

“Nosotros insistimos con nuestra tesis de que es un actuar arbitrario e ilegal el que AES Andes y Alto Maipo hayan contratado a otra empresa para realizar labores de ciberespionaje en contra de dirigentes socioambientales, que técnicamente son defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que es el lenguaje ocupado por el Acuerdo de Escazú”, manifestó a este medio el abogado Javier Pineda, de la Defensoría Popular de las Comunidades y quien interpuso un recurso de protección por el espionaje y monitoreo a través de ciberinteligencia que se le dio a distintos activistas ambientales durante 2020.

Lo anterior fue develado el 8 de noviembre de 2021 en un reportaje de Interferencia titulado Alto Maipo contrató servicios de “ciberinteligencia” para infiltrar grupos ambientalistas y monitorear a sus propios trabajadores. En éste se da a conocer que el proyecto hidroeléctrico ubicado en San José de Maipo y controlado por la multinacional AES Andes pagó por una serie de informes de inteligencia, a los que Interferencia obtuvo acceso, donde, además de recibir datos sensibles de ambientalistas -como sus direcciones y nombres de parejas-, se asegura que el proveedor de inteligencia de Alto Maipo habría infiltrado grupos de WhatsApp de estos.

También, en los escritos elaborados entre febrero y junio de 2020, se delata a trabajadores de la empresa que participaban en grupos de redes sociales contrarios al proyecto, a quienes se los apuntaba como “Potenciales Terroristas Internos”. Cuatro miembros de la compañía fueron expuestos en los informes como “PTI”.

En esa línea, Pineda señaló que “en el alegato, la empresa Alto Maipo no acompañó los informes. Se excusó en la cláusula de confidencialidad de los mismos”.

Luego de la publicación del artículo, ambientalistas cuyos datos fueron recabados y entregados a Alto Maipo interpusieron un recurso de protección. María Jesús Martínez y Anthony Prior, voceros de la red No Alto Maipo y de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares; Francisca Fernández, miembro del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT); y Maite Birke, quien fuera concejala de San José de Maipo al momento de elaborarse los informes (electa por el pacto de regionalistas e independientes), presentaron la acción judicial en diciembre del 2021 ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra Alto Maipo SpA y su controladora, AES Andes S.A. (ex AES Gener).

A juicio de Pineda, “es un acto intimidatorio, considerando la magnitud de la empresa AES Andes. Si bien ellos mencionaron que esta fue una labor puntual que se extendió durante seis meses y que, en virtud de ello, sólo ocurrió durante 2020, no habría una amenaza actual que justificara el recurso de protección. Nosotros creemos que esa información sigue almacenada por parte de Alto Maipo y no solamente hace alusión a datos de acceso público que es lo que ellos sostienen, sino que para nosotros habría manejo de datos personales y sensibles, sobre todo en base a los informes sobre los cuales tuvimos conocimiento, donde se mencionan incluso infiltraciones en chats de WhatsApp de algunas organizaciones ambientales por parte de esta persona que rendiría los informes”.

En esa línea, el jurista expresó que “en el alegato, la empresa Alto Maipo no acompañó los informes. Se excusó en la cláusula de confidencialidad de los mismos. Sin embargo, naturaliza el hecho de espiar o levantar información sobre dirigentes socio ambientales, considera que es un actuar lícito y legítimo por parte de la empresa, aún cuando nosotros sostuvimos de que por la forma de los informes, no sólo habría un monitoreo de redes sociales sino que también existirían labores propias de inteligencia que según la ley estaría reservado sólo para las policías y las fuerzas armadas, no para empresas como Alto Maipo”.

“El tribunal va a tener que determinar si es que el actuar de la empresa fue ilegal o ilegítimo y en base a ello, calificar si es que las garantías constitucionales de mi representado fueron afectadas. Nosotros creemos que sí lo fueron y lo están siendo, puesto que realizar labores de ciberespionaje en contra de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales es claramente un acto intimidatorio que busca eliminar toda oposición al proyecto de Alto Maipo que sigue siendo controvertido hasta la fecha”, subrayó Pineda.

“El tribunal va a tener que determinar si es que el actuar de la empresa fue ilegal o ilegítimo y en base a ello, calificar si es que las garantías constitucionales de mi representado fueron afectadas. Nosotros creemos que sí lo fueron y lo están siendo, puesto que realizar labores de ciberespionaje en contra de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales es claramente un acto intimidatorio que busca eliminar toda oposición al proyecto de Alto Maipo que sigue siendo controvertido hasta la fecha”, subrayó Pineda.

Este es el primer caso en Chile en que una empresa transnacional reconoce haber realizado ciberespionaje a dirigentes ambientales para amedrentarlos. “Esperamos que la Justicia tome esta extralimitación de una empresa privada, que ha tenido una alta conflictividad social en el Cajón del Maipo, aplicando todo el rigor de la Ley y adopte las medidas que se requieran para que no vuelva a ocurrir un atentado de esta envergadura a la integridad de las personas que luchan por proteger la naturaleza. Esta empresa se ha caracterizado por sus incumplimientos sistemáticos avalados por la institucionalidad ambiental, por lo que esperamos que esta vez la justicia esté de nuestro lado”, dijeron los afectados