Delitos económicos y atentados contra el medio ambiente contarán con nueva ley y sanciones

En tercer trámite, la Cámara aprobó el proyecto (boletines 13204 y 13205) que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Además, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.

La iniciativa, despachada al Ejecutivo para su promulgación como ley, armoniza una serie de normas destinadas a proteger el orden económico. Para ello, regula un completo catálogo de delitos económicos y ambientales. Así, establece categorías de delitos, para calificarlos como “delitos económicos” y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas y otros efectos.

Asimismo, establece un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales. En este sentido, actualiza algunos delitos y crea otros nuevos. Junto a ello, enmienda la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros puntos.

Modificaciones del Senado

En una primera categoría, se explica que, durante la tramitación de la iniciativa, se aprobaron otros proyectos relativos a materias que esta norma también contempla.

En una segunda categoría de modificaciones están los vacíos legales. Particularmente, en lo relatico al catálogo de delitos económicos y algunas cuestiones que la Unidad para el Análisis de Delitos Financiero detectó en materia de lavado de dinero.

La tercera categoría dice relación con eliminaciones. Guardan razón con la idea de que otros proyectos hicieron suyas algunas ideas de la norma en debate, prefiriendo extraerlas del presente proyecto para priorizar su tramitación independiente. Al respecto, fueron más rápidas en su cometido y son: regulación común sobre el comiso de ganancia y su regulación en el Código Penal y el Código Procesal Penal, en el caso del crimen organizado.

En materia de comiso de ganancias se adecuó una parte en relación al proyecto de ley de criminalidad organizada, en trámite de promulgación. Su objetivo es evitar duplicidades. Igualmente, en cuanto a procedimientos concursables, para poder adecuar este proyecto a otro que también se encuentra en tramitación. Este es el que moderniza los procedimientos concursables contemplados en la Ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas realiza.

En el área del medioambiente fue necesario hacer adecuaciones al proyecto original respecto del marco regulatorio administrativo en específico. Además, del establecimiento de nuevas regulaciones en materia de falseo, elusión u oposición de las fiscalizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Uno de los aspectos relevantes dice relación con la eliminación de las acciones penales. institucionales y que se vinculan a los delitos tributarios, aduaneros y la colusión.

Debate

En el análisis, las y los diputados destacaron el cambio de la figura del derecho penal en el ámbito de los delitos económicos. Recalcaron que no es posible que existan delincuentes de primera y segunda categoría.

Sostuvieron que se ofrece un sistema completo de tratamiento para que la reacción del sistema penal tenga sentido frente a este tipo de criminalidad. Asimismo, plantearon que la norma pone foco en quienes tienen la verdadera responsabilidad sobre los delitos.

Manifestaron que establece un sistema de penas que estará acorde a los ingresos de los condenados, persiguiéndolos en donde mas les duele: en sus ganancias. Resaltaron, de igual modo, que la norma evitará  situaciones de colusión como los ocurridos con las farmacias o los pollos. En la misma línea, indicaron que casos como La Polar o Penta tendrán una pena efectiva y comiso de ganancias ilegítimas.

Puntualizaron que se busca terminar con los delitos de cuello y corbata que cometen personas con poder económico. Por otra parte, relevaron que se introduce la responsabilidad penal de las empresas y un nuevo catalogo de delitos ambientales, en un contexto de urgencia ambiental.

Participaron del debate Marcos Ilabaca (PS), Francisco Pulgar (IND), Viviana Delgado (PEV), Daniel Lilayu (UDI), Gonzalo Winter (PCS), Boris Barrera (PC), Luis Sánchez (PREP), Bernardo Berger (IND), Lorena Fries (PCS), Gonzalo De la Carrera (IND), Tomás Hirsch (PH), Leonardo Soto (PS), Francisco Undurraga (Evópoli), Mónica Arce (IND), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Mercedes Bulnes (IND), Karol Cariola (PC), Nelson Venegas (PS), Consuelo Veloso (RD), Jaime Mulet (FRVS), Johannes Kaiser (IND), Luis Malla (PL), Félix González (PEV), Jorge Guzmán (Evópoli), Gael Yeomans (PCS), Daniel Melo (PS), Diego Ibáñez (PCS), Daniel Manouchehri (PS), Jaime Araya (IND), José Carlos Meza (PREP), Marisela Santibáñez (PC), Raúl Leiva (PS) y Tomás De Rementería (IND).

Ejecutivo

El ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó que el texto contiene puntos exitosos, como el impulso del Poder Legislativo, ya que es un proyecto de la Cámara y sus promotores son transversales. Además, recordó contó con la asesoría de profesores y profesoras de Derecho Penal. Por último, mencionó, el Ejecutivo hizo suyo este proyecto, defendiendo su contenido.

Frente a la solicitud de votaciones separadas por partidos de la oposición, la autoridad planteó que la regla sobre inhabilitación perpetua para contratar por el Estado causó dudas, estimándola desproporcionada. Sin embargo, acotó que la norma ya fue aprobada por la Cámara y que el Senado solo hizo una adecuación de redacción.

En cuanto al comiso de ganancia sin condena, mencionó que el proyecto que viene del Senado mantiene íntegramente lo aprobado por la Cámara. Solo precisa algunos aspectos y regula el procedimiento para garantizar las reglas del debido proceso.

En las votaciones, la Sala ratificó las modificaciones en dos bloques amplios, uno respecto de normas generales y otro en cuanto a las disposiciones de ley orgánica. Luego, tras seis votaciones separadas, se concluyó de apoyar el texto, derivándose a fase de promulgación.