Senador Latorre y polémico artículo 41 del SBAP: “Cualquier alteración física a humedales requerirá de un permiso acorde a la legislación vigente”

Un mes y medio lleva en su nuevo cargo el senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre: el pasado 14 de marzo, fue elegido por sus pares como nuevo presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, sucediendo en ese puesto a la senadora Paulina Núñez (RN).

Desde que asumió, Latorre ha tenido que liderar una agenda medioambiental enfocada en la discusión del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que suma más de 13 años de tramitación legislativa. Casi todas las sesiones, de hecho, el exclusivo tema a tratar en la tabla ha sido el debate por esta iniciativa de ley, que el pasado 26 de abril fue aprobada en tercer trámite constitucional por la Sala del Senado, y ahora los artículos más controversiales se resolverán en una Comisión Mixta que debiera constituirse el miércoles 10 de mayo.

En esta entrevista con País Circular, el senador Latorre se refiere al polémico artículo 41 que fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, así como también habla de los proyectos que tendrán preferencia durante su gestión. Adicionalmente, cuenta acerca de las divergencias con el Gobierno por la aprobación del proyecto Los Bronces Integrado, sin perjuicio de lo cual aclara, el apoyo a la agenda ambiental del Presidente Gabriel Boric sigue intacto.

-La saliente expresidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Paulina Núñez, había anticipado a País Circular que el sello de su presidencia será acoger mociones parlamentarias venidas desde regiones. ¿Cuál será su sello como flamante presidente de la Comisión? ¿Por dónde estarán los énfasis de su gestión?

-El principal propósito que buscaré será avanzar en robustecer la institucionalidad ambiental en nuestro país, para lo cual trabajaremos de manera coordinada con el Ejecutivo en su rol de colegislador para sacar adelante proyectos de ley en este sentido.

Dicho lo anterior, los énfasis serán el diálogo y colaboración con los distintos senadores que componen la comisión, la sociedad civil y el gobierno para sacar adelante reformas que permitan avanzar hacia una institucionalidad robusta, porque solo así se puede pensar en buscar garantizar un desarrollo respetuoso con nuestra naturaleza, el cuidado de nuestros recursos naturales, el acceso a la justicia ambiental y la transición justa.

-¿Qué proyectos serán prioritarios durante su presidencia para ser tramitados? ¿Cuáles debiesen estar aprobados durante su gestión?

-Los tiempos legislativos son esencialmente variables, considerando las contingencias que suelen ocurrir con determinados temas, lo cual es imposible de prever. Sin embargo, puedo decir que la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha sido prioritario en lo que va del año.

Durante los próximos meses la prioridad la tendrán los proyectos de ley que el Ejecutivo ha comprometido, los cuales van en la línea de robustecer la institucionalidad ambiental. Me refiero al proyecto que fortalece a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y en segundo lugar, en caso de que su ingreso sea por el Senado, al proyecto que reforma el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) que permitirá modernizar dicho sistema y mejorar las deficiencias que se han constatado durante los últimos años. En particular, el proyecto de reforma al SEIA se espera que aborde temáticas como la exigencia de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a proyectos productivos anteriores a la entrada en vigencia del Reglamento del SEIA en 1997, lo cual es sumamente relevante para aquellas zonas donde existen proyectos bajo esas circunstancias, como es el caso de Quintero-Puchuncaví, además de fortalecer los procesos previos de participación de las comunidades y se aborde el cuestionado Comité de Ministros como instancia de revisión, entre otras importantes materias.

Adicionalmente, esperamos poder estudiar el proyecto de ley sobre borde costero, en el cual buscaremos avanzar hacia una gestión integrada de áreas costeras para Chile, y analizar el proyecto de ley que homologa las normas de calidad de aire en Chile con el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El polémico artículo 41 del SBAP

-¿Se agilizará la aprobación del SBAP durante su gestión? Sabemos que hay posturas divergentes de algunos senadores integrantes de la Comisión en que el proyecto debiese pasar a la Comisión del Trabajo antes de ser llevado a Comisión Mixta, lo que dilataría aún más el proceso. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Cuándo estima que el SBAP debiese estar listo?

-Efectivamente fue agilizada la aprobación del SBAP en la comisión. Desde marzo y hasta la sesión del lunes pasado estuvimos únicamente estudiando este proyecto y las modificaciones que fueron realizadas en la Cámara de Diputados, para finalmente ser votada en la Sala este miércoles con la aprobación por unanimidad de los y las senadoras del informe emanado de la Comisión de Medio Ambiente.

No estoy en conocimiento de que haya solicitudes de que este proyecto sea nuevamente revisado por la Comisión del Trabajo, y de ser así, no corresponde, toda vez que dicha Comisión ya revisó este proyecto y además se escuchó y tomó en consideración las peticiones de distintos sindicatos de trabajadores.

Ahora lo siguiente es conformar la comisión mixta, lo cual gestionaremos a la brevedad posible, una vez que la Cámara de Diputados haya designado a sus miembros que integrarán la comisión mixta, y una vez conformada, trabajaremos para que pronto podamos contar con el anhelado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

-Hoy se supo que se aprobó, con la venia de la ministra Maisa Rojas, un artículo del proyecto del SBAP que permite la alteración física de los humedales. ¿Cómo piensa evitar situaciones como ésta? ¿Cómo se resolverá el debate sobre el gran tema de controversia del SBAP: las concesiones sectoriales en áreas protegidas, tema que tiene preocupado, por ejemplo, a la industria acuícola y, más específicamente, a la salmonicultura?

–Lo que se aprobó fue el artículo 41 que lo primero que preceptúa es que queda prohibida la alteración física de los humedales que constituyan sitios prioritarios. Esto es tremendamente relevante para proteger los humedales de mayor importancia ecosistémica.

Respecto al segundo inciso de este artículo, se señala que respecto del resto de los humedales que esté inventariado, cualquier alteración física de estos requerirá un permiso del SBAP, permiso que deberá respetar el principio de legalidad lo cual significa estar acorde a la legislación vigente para no ser objeto de una posible invalidación o reclamación. Al día de hoy contamos con legislación en materia de humedales y en la medida que dicha legislación vaya desarrollándose, el Servicio deberá ir alineado con dichos criterios. Y si dicho filtro falla, el permiso del SBAP como todo acto administrativo puede ser impugnado en virtud de los recursos administrativos y judiciales que la legislación otorga al respecto.

En relación a las concesiones sectoriales, el artículo 92 que fue aprobado dispone que para el otorgamiento de concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área. En relación a esto, cabe señalar que las concesiones sectoriales productivas serán incompatibles con los objetivos de las 3 categorías más importantes.

De todos modos, este tema requiere seguir su análisis y por eso se rechazó el artículo 93, para ahí alojar los criterios más específicos y que exista total claridad sobre la exclusión de concesiones sectoriales en las categorías de áreas protegidas respectivas

Su rechazo a la aprobación de Los Bronces Integrado

-¿Le preocupa el rumbo que ha tomado el Gobierno en materia ambiental, a la luz de lo ocurrido con la aprobación de Los Bronces Integrado? ¿Qué opinión le merece a usted, en tanto presidente de la Comisión, la resolución del Comité de Ministros? ¿Qué esperaría usted del Ejecutivo? ¿A qué proyectos pendientes debería ponerle algún tipo de urgencia?

-En lo personal no comparto la decisión que adoptó el Comité de Ministros respecto al proyecto minero Los Bronces Integrado. Considero que la crisis climática que vivimos nos obliga a cuidar nuestro territorio, en especial aquellas zonas más sensibles ecológicamente.

Sin embargo, mantengo mi apoyo hacia la agenda medioambiental del gobierno del presidente Gabriel Boric y trabajaremos para subir los estándares medioambientales, en particular la regulación sobre el material particulado que tiene estándares más permisivos que lo recomendado por la OMS como señalé a propósito de las prioridades legislativas, además de trabajar en conjunto para fortalecer la evaluación ambiental de proyectos y abordar la pertinencia del Comité de Ministros. Ambas materias están dentro de mis prioridades legislativas para la Comisión de Medio Ambiente durante este año.

-¿Pediría aplicar los principios del Acuerdo de Escazú para el caso que reveló Interferencia sobre hostigamiento a líderes de organizaciones ambientales que se oponen al proyecto Alto Maipo? ¿Cuál sería la visión de usted, en tanto presidente de la Comisión sobre este gravísimo caso?

-Efectivamente ya contamos con la vigencia para nuestro país del Acuerdo de Escazú, dado el compromiso del gobierno de adherir a este Acuerdo, lo cual fue la primera prioridad del Ministerio de Medio Ambiente cuando asumió el gobierno. Lo anterior es tremendamente relevante ya que establece la obligación para los países parte de garantizar los derechos humanos como el acceso a la justicia, a la participación pública y el acceso a la información. De este modo, se elevan los estándares.

Pese a ya ser parte del acuerdo, quedan tareas pendientes respecto de su correcta implementación, para lo cual se debe avanzar en esto. Particularmente relevante es lo preceptuado en el artículo 9 del Acuerdo sobre la obligación para el Estado de garantizar entornos seguros para las personas, grupos y organizaciones que promueven los derechos humanos en temas ambientales y no verse expuestos a amenazas ni inseguridad. Esto debe ser un trabajo serio y coordinado con distintos actores públicos.

En particular, respecto al caso del proyecto Alto Maipo en donde la compañía reconoció contratar servicios para espiar y seguir a activistas medioambientales, sin duda afecta y vulnera derechos humanos y esperamos que desde el Estado se tomen acciones concretas para evitar que casos como estos sigan sucediendo.