Compensaciones Verdes
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Compensaciones Verdes

Ya está disponible el nuevo Sistema de Compensación de Emisiones, a través del Impuesto Verde, para fuentes fijas. Detallamos sus principales alcances y la opinión de especialistas. Fuente: InduAmbiente, 31 de octubre de 2023.

Chile acaba de poner en marcha otra importante herramienta para avanzar hacia un desarrollo económico más sustentable: el nuevo Sistema de Compensación de Emisiones (SCE), cuyo reglamento fue publicado en septiembre pasado, y que se hace efectivo a través del Impuesto Verde.

Como explican desde el Ministerio del Medio ambiente (MMA), este instrumento se basa en una modificación legal (establecida por la Ley 21.210 en 2020), que entró en vigencia este año. Y busca contribuir a la lucha contra la contaminación en el país, a través de la reducción de las emisiones atmosféricas de fuentes fijas de impacto global, como el dióxido de carbono (CO2), y local, como el material particulado y otros gases.

Seis años antes, en 2017, Chile se transformó en el primer país sudamericano en gravar las emisiones de dióxido de carbono mediante el denominado “Impuesto Verde”.

El objetivo del sistema es “mejorar la calidad del aire, proteger la salud de los ciudadanos e impulsar la transformación de la industria hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente mediante la implementación de iniciativas sostenibles a lo largo del país. Será un aporte importante para que Chile avance hacia la carbono neutralidad”, plantea la ministra Maisa Rojas.

Los precursores de este sistema aseguran, además, que el SCE es, en esencia, un mecanismo de financiamiento de proyectos que, de no existir, simplemente impediría que muchos de éstos se desarrollaran.

SEIS CLAVES

De acuerdo al MMA, los seis aspectos claves de este nuevo sistema de compensación son los siguientes:

• Compensación de emisiones de fuentes fijas gravadas: Los contribuyentes podrán hacerlo a través del Impuesto Verde, ya sea en su totalidad o en parte, mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones. “Esta medida no solo fomenta la responsabilidad empresarial, sino que también abre las puertas a la inversión en proyectos ambientales que contribuyen al bienestar de la sociedad”, sostienen en el MMA.

• Criterios rigurosos se han establecido para garantizar que los proyectos sean efectivos y sostenibles. Las reducciones de emisiones deben ser adicionales, medibles, verificables y permanentes, lo que asegurará que éstas sean genuinas y que tengan un impacto duradero en la reducción de la contaminación.

• Enfoque en proyectos locales: Las disminuciones de material particulado, óxidos de nitrógeno (N0x) y dióxido de azufre (SO2) deben provenir de proyectos ejecutados en la misma zona latente o saturada por ese contaminante o en comunas adyacentes. Con esto se asegura que los beneficios lleguen a las personas que se ven más afectadas por esa contaminación y se promueve la economía local. En el caso del CO2, las reducciones deben originarse en proyectos implementados en el territorio nacional, estimulando la creación de iniciativas ambientales en el país.

• Verificaciones independientes: Las reducciones de emisiones deben comprobarse a través de auditores externos autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que en su rol de tercera parte independiente dará mayor transparencia al mercado. Luego, éstas serán certificadas por el Ministerio del Medio ambiente, emitiéndose un certificado que podrán adquirir los sujetos gravados. “Este proceso permite asegurar la integridad ambiental del sistema, es decir, que los resultados sean confiables y que las empresas cumplan con sus compromisos ambientales”, precisan en el MMA.

En una primera etapa se aceptarán certificados emitidos por estándares internacionales.

• Redireccionamiento de recursos a proyectos sostenibles: Las empresas gravadas tendrán la opción de escoger proyectos de reducción de emisiones con beneficios medioambientales y sociales concretos para el país. Al comprar certificados que sean parte del sistema de compensación (con reducciones verificadas por terceros independientes), estarán financiando soluciones beneficiosas para el medio ambiente y serán una fuente de recursos complementaria para desarrollar este tipo de proyectos.

• Registro Nacional de Proyectos de Reducción de Emisiones: Se desarrollará una base de datos que entregará información valiosa sobre los avances hacia una economía más sostenible. Será administrado por la SMA.

PROYECTOS BENEFICIADOS

Respecto a las inversiones que se podrían ver beneficiadas con el SCE, la ministra Maisa Rojas señala que “se promoverán rellenos sanitarios con captura de metano, electrificación del transporte público y privado, y proyectos de recambio de calefactores o aislamiento térmico”.

Un comunicado del MMA agrega que “la magnitud de las emisiones gravadas (cerca del 30% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del país) implica que se harán esfuerzos por avanzar en mitigación en sectores como transporte, residuos, refrigeración o en industrias de menor tamaño que no estén afectas al impuesto”.

Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, resalta que el mecanismo de compensaciones acelerará las decisiones de inversión, aplicables a nuevas tecnologías que permitan aprovechar las ventajas de las energías limpias. En concreto, “hoy existen 17 proyectos que podrían ser parte de este sistema, de los cuales 2/3 son de generación, específicamente proyectos eólicos, con una inversión que asciende a 2.000 millones de dólares, los cuales —si se logran acelerar— generarán un impacto positivo a lo largo de la economía, con una reducción de emisiones significativa”, revela.

En el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en tanto, esperan que los proyectos de electromovilidad puedan ser también una fuente importante de descontaminación, “logrando así participar de este nuevo sistema de compensaciones”.

El SCE permitirá, además, implementar proyectos de conservación de biodiversidad y otras soluciones de mitigación basadas en la naturaleza en línea con el capital natural disponible y las vocaciones territoriales.

En el MMA añaden que los gobiernos regionales y comunales pueden aprovechar este sistema apoyando o promoviendo aquellas metodologías y tecnologías en línea con sus Planes de Acción Climática (PARCC y PACCC) o, en los casos de Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, con los Programas para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS).

SOLUCIONES COSTO EFECTIVAS

María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de CLG Chile, que agrupa a Líderes Empresariales por la Acción Climática, valora que con la creación de este mercado “el país pueda conectarse con el artículo 6 del Acuerdo de París y potenciar también su participación en los mercados internacionales de carbono. El SCE se transforma en una oportunidad de encontrar soluciones costo efectivas para reducir las emisiones, inyectando financiamiento para poder cumplir con nuestros objetivos nacionales e internacionales. Seremos más competitivos en Chile al producir con menos carbono y también a nivel internacional. Es relevante descarbonizar la economía, es un buen negocio. Los efectos para Chile, para las empresas, para las personas, son muy importantes”.

En opinión de Arturo Brandt, profesor adjunto en Vermont Law & Graduate School y especialista en el mercado del carbono, “es destacable que luego de una larga reflexión (más de 16 años) se haya avanzado en la instalación de un sistema que se parece a un mercado de carbono, basado en el principio de costo eficiencia. Más aun considerando que los mecanismos de mercado abarcan un 23% de las emisiones de CO2 del mundo y se espera que sigan aumentando. Es, además, el tipo de instrumento que reconoce el artículo 6 del Acuerdo de París para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero, habiendo sido ya probado en otras jurisdicciones. Y es amigable con el sector privado, ya que ofrece la posibilidad de pagar una suma menor a los 5 dólares por tonelada de CO2 actual”.

Lamenta, eso sí, que el reglamento “abra la puerta” para que se desarrollen metodologías locales de cálculo de línea base y reducción de emisiones de GEI, lo que “no tiene justificación ya que existen más de 150 metodologías que cubren prácticamente todas las tecnologías existentes. Esto puede traer cuestionamientos de la comunidad internacional por nuestras políticas de mitigación. Ya hay una mala experiencia en Colombia, que es el ejemplo que Chile sigue”.

Brandt tampoco está de acuerdo en que el cuerpo legal exija que las metodologías aprobadas por algunos estándares de reconocida aplicación universal “tengan que ser validadas por la autoridad local, la cual no tiene experiencia en asuntos metodológicos asociados con la reducción de GEI. Yo hubiese llamado a una licitación (como lo han hecho otros sistemas de transacción de emisiones) para que postulen estándares que tienen metodologías y elegir 3 o 4”.

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  • 15/11/2023